Los avisos del comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, para que la Ley de Amnistía que exigen el independentismo por la investidura de Pedro Sánchez no borre la malversación cometida el 1-O de 2017 -principal acusación contra el huido Carles Puigdemont-, ni un posible delito de terrorismo, suponen “un aval” para que el Tribunal Supremo y otros tribunales españoles planteen una “cuestión prejudicial” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); eso, al margen de posibles recursos contra la norma ante nuestro Tribunal Constitucional.
Así lo señalan a Vozpópuli fuentes jurídicas y del Parlamento Europeo, que recalcan la “gran preocupación” de Reynders porque España, uno de los Estados grandes del continente, vaya en sentido contrario a la política contra el crimen de la UE. Y es que, en enero pasado, la Comisión ya propuso a los 27 Estados miembros endurecer el delito de malversación, como los que ahora se pretenden amnistiar, hasta subir la pena máxima a cinco años de prisión bajo amenaza velada de revisar la asignación de fondos europeos al país que no cumpla.
Aquella petición coincidió con la decisión del gobierno de coalición de izquierdas PSOE/Podemos de ir en dirección contraria: acababa de reducir a cuatro años de la pena máxima por malversación, y derogado el delito de sedición, para congraciarse con ERC y Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, y contribuir así a lo que el Ejecutivo denomina “desjudicialización” del conflicto político abierto tras el referéndum ilegal en Cataluña del 1-O.
Según ha dicho el comisario de Justicia esta semana en un acto organizado por la Presidencia española de la UE, en presencia de la ministra Pilar Llop, la amnistía no puede dejar “privadas de contenido” sentencias como la del Supremo contra los responsables del 1-O por delitos como la malversación de caudales en un acto ilegal -el referéndum- ni la desobediencia a los tribunales
Hace diez meses, Didier Reynders no quiso inmiscuirse abiertamente en un asunto interno español, pero ahora ha aprovechado los anuncios que hablan de un perdón total a los implicados en la intentona secesionista para recordar que una Ley de Amnistía es competencia de los Parlamentos nacionales, sí, aunque “hay algunos límites” que deben cumplirse.
Según dijo el titular de Justicia europeo el martes 11 de octubre, durante un acto organizado por la Presidencia semestral española de la UE en presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, la norma que aprueben nuestras Cortes no podrá dejar “privadas de contenido” sentencias como la del Tribunal Supremo contra los responsables políticos del 1-O por delitos como la malversación de caudales públicos para un acto ilegal -el referéndum- o la desobediencia a los tribunales.
Y éste miércoles, ante las noticias de un acuerdo de investidura de Sánchez PSOE/Junts, se lo recordó por carta al Ejecutivo, mostrando Reynders, ahora sí oficialmente, una “seria preocupación” de la Comisión Europea por la deriva judicial española. El Gobierno, por su parte, intenta ganar tiempo emplazando al comisario de Justicia a esperar la proposición de Ley de Amnistía que decidan los grupos parlamentarios en el Congreso.
La misiva de Reynders supone todo un torpedo en la línea de flotación de Pedro Sánchez, que ve posibilidades ciertas de que se le abra un segundo frente judicial -además de innumerables recursos ante el Tribunal Constitucional- contra la Ley de Amnistía, una vez ésta sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE); lo cual retrasaría según su aplicación práctica de esa amnistía, según diversas fuentes consultadas por mucho que PSOE y Junts crean blindado el perdón a los protagonistas del procés.
Ese segundo frente judicial contra la amnistía se articularía mediante una o varias “cuestiones prejudiciales”: una primera presentada por el Supremo español ante el TJUE en el trámite de ejecución de la sentencia de 2019 y otras ‘en cascada’ presentadas por jueces de instrucción y tribunales catalanes en causas abiertas con otros imputados por malversación el 1-O
Ese segundo frente judicial contra la amnistía se articularía mediante una o varias “cuestiones prejudiciales”: una primera presentada por el Supremo español ante el TJUE en el trámite de ejecución de la sentencia de 459/2019 contra los condenados Oriol Junqueras, el resto de consejeros de la Generalitat, la presidenta del Parlament en 2017, Carme Forcadell, y en rebeldía contra el propio Puigdemont, Antoni Comin, Clara Ponsatí y el resto de fugados; y otras en cascada por jueces de instrucción catalanes en aquellos casos en que el imputado lo sea como los anteriores por un delito de malversación de fondos públicos.
Es el caso de otros veinte altos cargos de la Generalitat imputados por el Juzgado Número 13 de Barcelona. La revisión del Tribunal Supremo de la sentencia del procés que descartó aplicarles la malversación atenuada enterró sus opciones de obtener penas más leves por la organización del referéndum. Abocados a ser juzgados por malversación agravada, ahora serían los más favorecidos por la amnistía.
En esa casuística no entrarían los ya condenados o quienes estén a la espera de juicio por atentado contra la autoridad, desórdenes públicos o estragos -quema de coches y contenedores, destrozo de comercios-, como los miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) o la plataforma Tsunamic Democratic.
Los fondos europeos
La sola presentación de cualquier “cuestión prejudicial” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) supondría, de facto, una suspensión de la aplicación de la amnistía al fugado ex presidente de la Generalitat y al resto de implicados, porque el Estado Español sería llamado a capítulo ante la Comisión a “explicarse”, señalan las fuentes consultadas, so pena de que España vea bloqueada la entrega de fondos europeos en represalia.
“En el caso de Polonia, donde el Tribunal Supremo se rebeló contra los intentos de su gobierno de limitarles sus funciones, los jueces acabaron acudiendo a Bruselas a declarar ante la Comisión; y Polonia se enfrentó a la retirada de fondos europeos por la negativa del Gobierno polaco a rectificar”, advierte una de las fuentes consultadas, que confía en que el Gobierno español no opere del mismo modo.