La imputación de Puigdemont abre la puerta a que la UE se pronuncie sobre la investigación por terrorismo

La investigación en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont por su vínculo con Tsunami Democràtic va a llegar a Europa. El magistrado que acaba de imputar al expresidente catalán por delito de terrorismo le ha dado la oportunidad de que declare voluntariamente por estos hechos. No obstante, de no hacerlo, cursará el suplicatorio al Parlamento Europeo, órgano al que está aforado por su condición de europarlamentario, para que se pronuncie sobre el asunto.

Así pues, aunque la causa que ahora se investiga en la Audiencia Nacional quede en papel mojado al incluirse en la ley de amnistía que negocia Moncloa con Junts, todo apunta a que las altas instancias europeas conocerán el contenido del sumario. El mismo analiza las acciones violentas que Tsunami Democràtic impulsó en Cataluña así como la implicación de políticos independentistas.

De hecho, el magistrado ha imputado no solo por delito de terrorismo a Puigdemont, sino también a la actual secretaria de ERC, Marta Rovira, y otra decena de personas a las que se les atribuye el rol de diseño, control de las comunicaciones y planificación de acciones de Tsunami Democràtic.

Tsunami Democràctic en la UE

Ahora, con la imputación de Carles Puigdemont, la causa adquiere una nueva dimensión y sale de nuestras fronteras. Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que si el presidente catalán no accede a comparecer, el Parlamento Europeo acabará entrando en escena. Esto es así porque la Justicia española pedirá el suplicatorio de Puigdemont, quien permanece aforado por su condición de europarlamentario.

Como ocurre en estas circunstancias, la petición de suplicatorio acarreará el traslado de las actuaciones que se han seguido contra esta plataforma radical en la Audiencia Nacional desde 2019. En este caso el procedimiento adquiere vital importancia ya que recurre a la Unión Europea (UE) en un momento en que la institución vigila muy de cerca a España por la ley de amnistía en la que trabaja Moncloa y cuyo principal beneficiario será, precisamente, Carles Puigdemont.

Cabe recordar que el comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, advirtió hace apenas unas semanas que pondrá "límites" a la norma con la que se pretende dejar en papel mojado todas las causas del procés (incluida esta de Tsunami Democràtic). Así pues, el control de Bruselas a la ley que se prevé registrar en breve podría coincidir con un pronunciamiento del Parlamento Europeo por la nueva imputación a Puigdemont.

Imputación en pleno proceso de amnistía

Se trata de un nuevo frente judicial para el líder de Junts, el cual permanece procesado en rebeldía por el Tribunal Supremo por planificar el referéndum ilegal del 1-O y declarar la independencia en Cataluña en 2017. Precisamente, la investigación inicial de estos hechos en la Audiencia Nacional propició su salida del país y su posterior inclusión en el Parlamento Europeo.

De hecho, mantiene un frente abierto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se tramita en paralelo al avance de esta causa. En estos momentos, el TJUE tiene pendiente resolver sobre el recurso que interpuso Puigdemont contra la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) del pasado mes de julio de confirmarle la pérdida de la inmunidad de la que gozaba como europarlamentario.

Precisamente el magistrado del Tribunal Supremo que instruyó el procés, Pablo Llarena, está pendiente del pronunciamiento final del TJUE para tomar una decisión en relación con las órdenes europeas de detención. A día de hoy se mantiene la nacional pero se retiró las internacionales, de manera que Puigdemont tiene libertad de movimiento fuera de nuestras fronteras, pero no puede volver a España ya que sería detenido.

En ese contexto la Audiencia Nacional le ha ofrecido comparecer voluntariamente tras su implicación en la causa de Tsunami Democràtic. El juez considera determinante su citación ante el "rol de liderazgo" que jugó en la actuación de esta plataforma nacida para confrontar la sentencia del procés antes incluso de que el Tribunal Supremo la hubiera redactado.

La Fiscalía, en contra

Sin embargo, la vigencia de la orden de detención nacional impediría a Carles Puigdemont declarar voluntariamente ante la Justicia española ya que, de pisar suelo español, sería detenido. El improbable escenario de que eso ocurra abre la puerta a que se curse el suplicatorio al Parlamento Europeo no descartándose que la información del procedimiento acabe también ante el TJUE.

El magistrado Manuel García Castellón ha actuado de oficio y en contra del criterio de la Fiscalía tras adherir a la causa el informe final de la Guardia Civil que apunta a cerca de una decena de personas por estar detrás de Tsunami Democràtic. A este grupo se añaden la también huida de la Justicia Marta Rovira y Puigdemont, todos ellos por delito de terrorismo. Así, mientras a Rovira le atribuye la coordinación del movimiento, al segundo le ubica en dos momentos muy concretos de la causa.

El primero de ellos se produjo con motivo del nacimiento de la plataforma. Los agentes se incautaron de una conversación mantenida el 22 de agosto entre uno de los cerebros del movimiento, Jesús Rodríguez Sellés, y Josep Lluis Alay, mano derecha de Puigdemont. En la misma Sellés afirma que el lunes 26 de agosto se daría a conocer los perfiles en redes de Tsunami Democràtic. "Supongo que desde Òmnium informarán directamente al presidente Puigdemont", dijo en el mensaje.

"Trasladar la duda al president"

Ese mismo día además, Sellés le dijo que no sabían si lanzar Tsunami en redes el 26 de agosto o esperar al día 30 aún con el riesgo de ser vetado. Al respecto le pidió a Alay "trasladar la duda al president", en referencia a Puigdemont. Los agentes acreditaron anotaciones en la agenda de Alay que aludían una reunión ese 30 de agosto en Ginebra entre el propio Puigdemont y 'Kanabo', seudónimo que utilizaba su contable, Jaume Cabaní.

Por otro lado también se ha identificado un cruce de mensajes entre el empresario Josep Campmajó y el expresidente catalan, en relación a las actuaciones de Tsunami, ya a finales de 2019. Tal y como informó este medio, el empresario le dijo que estaban "a un paso de perder el control absoluto del territorio" y que necesitaban su entrada en escena.

"O tú y Tsunami tomáis en control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas", le trasladó. Puigdemont, le respondió informándole de cómo veían en el extranjero los disturbios por Tsunami y le advirtió de que la situación se complicaría si se producían decesos." El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perdemos", expuso Puigdemont.

El magistrado García Castellón considera que se trata de pruebas de calado de que Puigdemont pudo "haber participado en la aparición de la organización". De la plataforma dice que nació con el fin de "subvertir el orden constitucional, desestabilizar el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva". Por ello considera determinante que comparezca en la Audiencia y aclare su grado de implicación en los hechos.