La Audiencia ignora el viraje del nuevo fiscal general: impulsará el caso Miguel Ángel Blanco

La Audiencia Nacional seguirá investigando el asesinato de Miguel Ángel Blanco pese a las nuevas directrices del fiscal general, Álvaro Ortiz, que considera que los hechos están prescritos para la cúpula de ETA. Tanto el magistrado como las acusaciones que forman parte del procedimiento, y a las que se les une ahora Marimar Blanco, impulsarán las pesquisas contra el comité ejecutivo de ETA tras la reapertura del caso para esclarecer la autoría intelectual del atentado.

Así lo confirman fuentes jurídicas a este diario apenas días después de que compareciera en la Audiencia Nacional por estos hechos Miguel Albisu, alias 'Mikel Antza'. El histórico de ETA y la también exjefa Anboto (María Soledad Iparraguirre) se negaron a declarar en su cita ante el juez alegando, el primero de ellos, que ya fue juzgado en Francia por pertenecer a ETA y la segunda que las autoridades galas no le han entregado por el asesinato de Blanco. Es lo que se conoce como principio de especialidad.

Las acusaciones que integran Dignidad y Justicia, AVT y el PP pidieron, al término del breve encuentro, que se impusieran medidas cautelares a Antza. Sin embargo, para sorpresa de los allí presentes, el fiscal que compareció en la diligencia (y que no es el que ha estado al frente de la investigación) dijo que, aunque hay que seguir investigando, los delitos que aquí se persiguen estarían prescritos. Lo hizo para razonar su negativa a pedir prisión para Antza aunque también cuestionó la prueba de cargo que suponen los informes de la Guardia Civil sobre la causa. El exjefe de ETA y sus abogados asintieron con la cabeza el argumentario del fiscal.

La directriz del fiscal general

Las fuentes consultadas por este medio explican que este cambio de fiscal no es baladí. En la diligencia tendría que haber estado presente Vicente González Mota, el fiscal al frente de esta causa. Sin embargo, decidió en el último momento no acudir por discrepancias sobre la línea a seguir marcada por la Fiscalía General. Hasta la fecha, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había defendido que sobre la prescripción de los delitos para estos exjefes de ETA (incluidos 'Kantauri' e Iñaki de Rentería) habria que esperar a que se pronuncie la Sala de lo Penal en la fase intermedia.

De hecho, González Mota recientemente recurrió la decisión del magistrado Manuel García Castellón de no actuar contra Iñaki de Rentería. El juez considera que aunque quedaba sobradamente demostrado su papel de mando en ETA, el plazo de prescripción de 20 años comenzó a contar desde su detención en Francia el 15 de septiembre del año 2000. Esto significa que desde 2020 no se le puede investigar por el asesinato de Blanco.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cuestionó su decisión y pidió mantenerle en la causa. Sin embargo, el criterio de la principal acusación ha dado un giro de 180 grados. El motivo, según confirman las mismas fuentes, reside en la directriz que dio la Secretaría Técnica de la Fiscalía ante la consulta efectuada por el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso. A la pregunta en relación a si hay base legal para actuar contra los históricos de ETA, la respuesta fue que hay que seguir investigando pero se apuntó a prescripción de delitos porque se mantiene el criterio tradicional de computación desde la fecha de su comision, es decir, 1997. El encargado de darla fue el jefe de este órgano, Álvaro García; a la sazón próximo fiscal general del Estado.

Versión de la Fiscalía

La Fiscalía por su parte ha emitido una nota en la que asegura que no se han recibido directrices de ningún tipo "y menos de carácter político" y que lo relativo al asunto de la prescripción no impide ni obstaculiza estas primeras investigaciones abiertas. "Siempre han contado y seguirán contando con el apoyo del Ministerio Público", alega.

El giro de guion de la Fiscalía General, que se produce en pleno acercamiento del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu, marca la pauta del criterio genérico en otras causas contra dirigentes de ETA. La Audiencia Nacional ha reabierto varias diligencias en los últimos meses (como la relativa al asesinato Gregorio Ordóñez, el atentado de la T-4 de Barajas o el de Santa Pola) para investigar a los autores intelectuales de estos actos terroristas.

Dignidad y Justicia acaba de presentar a la Audiencia Nacional un listado con 430 atentados terroristas cometidos contra españoles dentro y fuera de territorio nacional desde 1990. Piden que se investiguen aplicando la doctrina Miguel Ángel Blanco. Aluden a la reforma del Código Penal de 2010 (que recoge que los delitos de terrorismo no prescriben) y también al Convenio Europeo que matiza más si cabe que ese supuesto se aplica también a los delitos que se cometieron antes de que esa norma entrara en vigor.

Así pues, si la reforma legal es de 2010, se considera que todos los ocurridos desde 20 años antes, en 1990, deben de ser objeto de investigación. Este criterio, que también lo plasman en relación a Iñaki de Rentería, supone un estudio novedoso de la aplicación jurídica y podría marcar un antes y un después en las causas de terrorismo. Con todo, la cuestión de la imprescriptibilidad ha generado choques en la Audiencia, ya que la Fiscalía no llega tan lejos como esta acusación.

El caso Blanco sigue adelante

Aunque compartió hace unos días que había que investigar a Rentería por todas las pruebas que le sitúan en la cúpula de ETA, en lo que respecta a la prescripción de los delitos González Mota dijo que compete resolverlo a la Sala de lo Penal y no al juez instructor. El motivo es que se trata de un procedimiento de sumario ordinario.

Los últimos en pronunciarse sobre este galimatías jurídico han sido los propios imputados. La abogada de Antza remitió un escrito a la Audiencia anticipándose a lo que, curiosamente, dijo el fiscal que sustituyó a González Mota en el interrogatorio. Según sostienen, el principio de legalidad impide aplicar delito alguno de manera retrospectiva. Añade además, que la ley que se aprobó bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero necesitaba incluir una disposición adicional dejando claro que aplica la norma europea. De lo contrario, dicen, no tiene cabida.

La pelota ahora está en el tejado del magistrado Manuel García Castellón. El instructor, que fue quien abrió las diligencias tras el secuestro de Miguel Ángel Blanco el 10 de julio de 1997, atendió lo plasmado en el último informe de la Guardia Civil e imputó a estos tres jefes de ETA.

Entiende que el comando Donosti no actuó de manera independiente sino bajo las órdenes de todos ellos quienes, además, podrían haber evitado el asesinato tras 48 horas de angustioso cautiverio, y no lo hicieron. Por ese motivo, continúa con las diligencias con el foco puesto ahora en que Francia entregue a Kantauri para interrogarle por estos hechos.