Los jefes de ETA se niegan a declarar ante el juez del caso Miguel Ángel Blanco

Los dos exjefes de ETA citados por el juez que investiga el caso de Miguel Ángel Blanco han cumplido los pronósticos y han guardado silencio en sede judicial. Mikel Albisu ‘Mikel Antza’ y María Soledad Iparraguirre ‘Anboto’ se han acogido a su derecho a no declarar. El primero de ellos ha apelado a que ya fue juzgado en Francia por pertenecer a la organización terrorista mientras que la segunda se ha acogido al principio de especialidad incidiendo en que Francia no le entregó por esta causa.

Antza ha sido el único que se ha desplazado físicamente a la Audiencia Nacional al encontrarse en libertad. Anboto, por su parte, ha comparecido por videoconferencia desde la prisión de Álava a la que Interior le acercó el año pasado. Ninguno ha querido responder a las preguntas del juez, la Fiscalía y las acusaciones sobre su papel en el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Estas últimas, sin embargo, han pedido medidas cautelares tales como retirada de pasaporte y prohibición del salir del territorio.

Antza, que ha llegado a las 11.30 horas a la Audiencia Nacional, tampoco ha hecho declaraciones. Sí ha hablado una de los dos abogados ligados al entorno abertzale que se han desplazado a este órgano judicial. A su salida, Amaia Izko ha dicho que la reapertura de la causa contra la cúpula de ETA está "fuera de cualquier tiempo" y que la imputación de los exjefes de ETA es un "atropello".

"Acción por venganza"

"Si en otros tiempos se hacía con la excusa de la lucha contra ETA, en este momento solamente se puede hacer por venganza y por ganar en la Audiencia Nacional, que siempre es abonado a esa batalla del relato que no consiguen ganar en lo político ni en lo social", ha dicho. Por su parte, la abogada de Dignidad y Justicia, Vanessa Santiago, ha defendido el extremo opuesto asegurando que están orgullosos de haber conseguido que se estreche el cerco a los antiguos jefes de ETA por el asesinato del concejal de Ermua.

El magistrado Manuel García Castellón citó a ambos etarras este jueves tras imputarles, junto a José Javier Arizcuren Ruiz ‘Kantauri’, en la causa que reabrió el pasado mes de marzo. El juez encargó entonces una pericial a la Guardia Civil para delimitar el papel del comité ejecutivo de ETA en el asesinato de Miguel Ángel Blanco hace ahora 25 años.

"Pudieron evitar su asesinato"

Los agentes concluyeron en un informe entregado recientemente al juzgado que fueron responsables directos de lo ocurrido y que había que imputar a estos tres jefes de la banda junto con Ignacio Miguel Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’. Según explicaron, el material y las pruebas analizados eran suficientes para determinar que el Comando Donosti no actuó de manera autónoma, sino que cumplía órdenes de la cúpula.

El magistrado atendió lo solicitado por la Policía Judicial e imputó en la causa a todos menos a Rentería, a quien ha dejado fuera alegando prescripción de delitos. La Fiscalía y las acusaciones que ejercen Dignidad y Justicia y el Partido Popular recurrieron el auto del juez apuntando a la imprescriptibilidad de los hechos al tratarse de delitos de terrorismo.

Con todo, el juez –que ya investigó en 1997 este atentado- imputó a los otros tres dirigentes de ETA aduciendo que fueron ellos quienes planificaron el secuestro y el asesinato. Del mismo modo explicó en su auto que pudieron haber evitado el fatal desenlace tras 48 horas retenido y no lo hicieron.

“Los miembros del Comité Ejecutivo de ETA ostentaban suficiente capacidad de mando y de decisión tanto como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima, como para evitar el desenlace último del secuestro al haber podido dar al comando Donosti de ETA la orden expresa y concreta de poner en libertad al Sr. Blanco Garrido”, expuso el juez en su auto de imputación.  

Estrategia de desestabilización de ETA

Los investigadores recuerdan también que con el golpe a la cúpula de ETA en Bidart en 1992 se diseñó un nuevo comité ejecutivo que ordenó un cambio de rumbo de los atentados. A partir de entonces, los objetivos no serían solo fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también políticos, principalmente del Partido Popular.

En ese contexto obran en el sumario unas cartas que Kantauri envió al comando Vizcaya en julio y septiembre de 1997 en las que exhortaba a planificar el secuestro de políticos. “Deciros que cualquier político del P.P es objetivo. Poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del P.P dando un ultimátum de días para que los presos estén en Euskadi”, expuso.

Por ello el juez le imputó pero todavía no le puede citar a declarar ya que Francia denegó recientemente su entrega. Por ello el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado la emisión de una nueva Orden Europea de Detención y Entrega para poder interrogarle en la Audiencia Nacional por estos hechos.