La Audiencia Nacional no investigará a la Junta Única de Resolución y a Deloitte por su participación en la resolución del Banco Popular. La juez María Tardón ha inadmitido la denuncia presentada por el letrado Ignacio Colls al considerar que los hechos expuestos en las denuncias y en las diligencias que se solicitan ya han sido requeridas por el magistrado a cargo de la investigación del caso Popular, en el que el denunciante está personado como acusación particular.
Los hechos denunciados se refieren a la presunta filtración de información que provocó el pánico de los inversores, las retiradas masivas de capital y la falta de liquidez de la entidad presidida en sus últimos días por Emilio Saracho. Según la versión del denunciante, la resolución de la JUR puede ser nula de pleno derecho de acreditarse la falsedad de los datos del informe de Deloitte Belgium.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, sin embargo, ha explicado que lo reflejado en la denuncia ya ha sido denegado por impertinente o ya constan como investigadas.
La magistrada, en un auto recogido por Vozpópuli, ha hecho hincapié en que “en el Juzgado Central de Instrucción número 4 se siguen diligencias previas en el que el objeto de la investigación es la presunta falsificación y/o irregularidades de las cuentas del Banco Popular, desde la ampliación de capital de 2016 y la presunta manipulación del mercado para causar perjuicio a los acciones mediante la circulación de noticias falsas”.
Interrogatorios en la Audiencia Nacional
Desde el pasado octubre se sigue una serie de intensos interrogatorios en la Audiencia Nacional en el marco de las pesquisas del caso Popular. Hasta ahora, han comparecido ante el juez a cargo de la causa los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, así como varios exdirectivos de la entidad.
La juez también ha recordado que estos hechos ya fueron denunciados e investigados por otro juzgado de la Audiencia Nacional, el Central de Instrucción 6 y que finalmente se acordó la incompetencia del órgano judicial para la investigación de los hechos, “al no estar entre los supuestos contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional”. Por ello, Tardón ha acordado el archivo de la denuncia.