La Audiencia frena a la mano derecha de Puigdemont y niega que se oculte la investigación de Tsunami

La Audiencia Nacional ha dejado claro a los imputados en la causa por Tsunami Democràtic que no hay ninguna restricción a la hora de acceder a los documentos del sumario. El juzgado que investiga la plataforma por delito de terrorismo ha respondido de esta forma a Josep Lluis Alay, considerado como mano derecha de Carles Puigdemont, tras solicitar este último que se le diera traslado de todas las piezas de esta causa.

La docena de imputados en el procedimiento -entre los que se encuentran el propio Puigdemont- ha recurrido las principales decisiones acordadas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 con el foco puesto en las imputaciones por delito de terrorismo.

Desde que el magistrado Manuel García Castellón propiciara este giro de los hechos, imputados como Josep Lluis Alay han mostrado su rechazo, llegando incluso a recusarle para apartarle de las pesquisas. En este contexto, el jefe de la oficina de Puigdemont -defendido por el mismo letrado que asiste al expresidente catalán- solicitó información de una de las piezas separadas, apuntando que habían tenido conocimiento de la existencia de esta parte de la investigación a través de resoluciones del juzgado.

Acceso sin restricción al sumario

El juzgado no ha tardado en responderle que todas las actuaciones de la causa sobre Tsunami Democràtic están al alcance de imputados y acusaciones. Así se desprende de la última documental adherida al sumario, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, con la que la Justicia trata de evitar cualquier atisbo de duda sobre la legalidad del procedimiento.

Por ello pone en conocimiento del abogado Gonzalo Boye y también de las partes personadas, que tanto las actuaciones principales como las piezas separadas "se encuentran disponibles sin restricción alguna" en la plataforma digital y "se vienen utilizando con normalidad". Al hilo aclara que la pieza por la que pregunta el asesor de Carles Puigdemont corresponde con la abierta para investigar al empresario Josep Campmajó, siendo la otra la destinada a tramitar el incidente de recusación contra el magistrado.

Dignidad y Justicia y Sociedad Civil Catalana han respaldado la decisión del juez de pedir información a la OTAN y la UE, frente a la petición de la mano derecha de Puigdemont, a quien se han adherido en los últimos días más imputados

Precisamente Alay es uno de los imputados en la causa contra Tsunami Democràtic que pidió al instructor que se apartara de la causa, como también hicieron el directivo de Òmnium Cultural Oleguer Serra y el empresario Oriol Soler. Los imputados alegaron "interés directo" del instructor en la causa, así como una "grave imparcialidad" amparada en unas declaraciones sobre la futura ley de amnistía.

El magistrado rechazó apartarse de esta investigación que ha terminado salpicando a Puigdemont y a la 'número dos' de ERC Marta Rovira, mientras que la Sala de lo Penal rechazó la petición de recusación de Alay al no incluir la necesaria firma del procurador.

Con todo, Alay se ha convertido en uno de los protagonistas del caso por su oposición a las diligencias acordadas. De esta forma, no solo recurrió el auto de principios de noviembre por el cual imputó por terrorismo a los principales impulsores de Tsunami Democràtic, sino que también pide que se anule la batería de diligencias de investigación que acordó el juez el 27 de noviembre.

El hombre fuerte de Puigdemont

El asunto, de hecho, también pasará por las manos de la Sala de lo Penal después de que el juez confirmara su decisión y éste interpusiera recurso de apelación. Así pues, los magistrados tendrán la última palabra sobre el auto del juez, en el marco del cual solicitó información a una serie de organismos como ENAIRE, la OTAN, la UE o la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA). El objetivo es constatar si hubo o no terrorismo con las actuaciones de Tsunami.

En concreto, el magistrado pone el foco en dos actuaciones concretas de la plataforma radical: el corte de la AP-7 a la altura de la Junquera y los graves disturbios en el aeropuerto de El Prat. El instructor ve indicios de terrorismo tanto en el intento de paralizar la actividad del aeropuerto como en el fallecimiento de un turista francés que perdió la vida por un infarto durante estas protestas.

En su recurso de apelación, el asesor de Carles Puigdemont solicitó a la Sala que tumbase estas decisiones del instructor ante la "artificiosidad del procedimiento". "No queda más remedio que tener muy presente que en derecho penal los unicornios no existen porque tienen otro nombre", expuso el hombre fuerte de Puigdemont.

Las acusaciones ven terrorismo

En los últimos días, las partes que integran el procedimiento se han ido posicionando a favor o en contra de lo solicitado por Alay. Así, por ejemplo, Marta Molina -a la que se le atribuye la organización del intento de colapso del Prat- se ha adherido a su recurso de apelación apuntando que la documentación que obra en el sumario "acredita la imposibilidad" de imputar a los investigados el fallecimiento del turista francés.

Al respecto se ampara en los informes de los Mossos sobre el colapso de El Prat en los que no se hizo mención alguna al fallecimiento del ciudadano galo y también a las diligencias abiertas en un juzgado de L'Hospitalet de Llobregat, en las que se determinó que la causa de la muerte fue natural.

Frente a ella, las acusaciones que ejercen Dignidad y Justicia y también Sociedad Civil Catalana defienden la pertinencia de las diligencias. La asociación que preside Daniel Portero asegura que su recurso, al que se ha adherido Oriol Soler, no debe ser admitido porque el juez tiene que practicar todas las diligencias necesarias en esta fase de instrucción "sin que su labor se pueda ver obstaculizada" por los continuos recursos que interponen los imputados.

Por su parte, desde Sociedad Civil Catalana consideran que hay indicios que avalarían la imputación por delito de terrorismo. Según argumentan, la ocupación del aeropuerto se puede considerar como un ataque contra las instalaciones aeroportuarias a tenor de lo recogido en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal en 1971 y el Protocolo Complementario del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil de 1988.