El juez apercibió al Gobierno de obstrucción a la Justicia por retrasar meses su informe sobre Tsunami

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pidió sin éxito durante meses información al Ministerio de Transportes sobre Tsunami Democràtic hasta el punto de que en septiembre avisó con que incurrirían en obstrucción a la Justicia si no respondían al requerimiento. Esta información era determinante para que la Guardia Civil elaborara su informe final y para que el magistrado actuara en consecuencia, en concreto con la imputación de Carles Puigdemont.

Así consta en los autos dictados por el Juzgado Central de Instrucción número 6 desde junio y que iban dirigidos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, del que es titular Raquel Sánchez. Los pronunciamientos judiciales, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, insistieron en la necesidad de recabar del Ejecutivo y también del Ayuntamiento de Barcelona las valoraciones finales sobre el perjuicio económico de las barricadas en la AP-7 y el colapso de El Prat.

La respuesta finalmente se produjo en octubre y semanas después el Instituto Armado presentó sus conclusiones finales. Las mismas dieron pie al magistrado para imputar a los señalados en el informe, entre ellos el líder de Junts; la número dos de ERC Marta Rovira y una decena de personas implicadas en la organización y financiación de Tsunami Democràtic.

Dilaciones del Gobierno

García Castellón dictó su auto el 6 de noviembre, apenas días después de adherir el informe policial. El pronunciamiento del juzgado, que les imputa delitos de terrorismo, se produjo en paralelo a los últimos coletazos de la negociación de la amnistía entre el PSOE y Junts. La repercusión del mismo ralentizó la 'fumata blanca' que se esperaba entre los dos partidos para investir a Pedro Sánchez y desde el Gobierno se le acusó de haber acordado las imputaciones adrede en ese momento para influir en las negociaciones políticas.

El juzgado se dirigió sin éxito al Gobierno en junio, julio, septiembre y ya en octubre, ante el silencio de Transportes, avisó que el reclamo era "muy urgente" y les apercibió por obstrucción a la Justicia

En concreto el 'número dos' de Justicia, Antonio Julián 'Tontxu' Rodríguez, arremetió contra el magistrado de la Audiencia Nacional en una entrevista radiofónica. La portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Plaja, fue más allá y le acusó de prevaricar, lo que llevó al instructor a pedir amparo ante el CGPJ, órgano que ha admitido su reclamo y que ha activado los cauces para indagar en los ataques recibidos.

Frente a ello, de las diligencias de la causa se desprende que la aportación de los informes se retrasaron debido a la ausencia de respuesta del Gobierno y del Ayuntamiento de Barcelona a los reiterados requerimientos. A éste último en concreto se le preguntó por los disturbios en los aledaños del Camp Nou que acogió el clásico Barça-Real Madrid el 18 de diciembre.

Ya el 9 de junio el juzgado se dirigió al Ministerio de Transportes y al Ayuntamiento de Barcelona para solicitar que "a la mayor brevedad" remitieran al juzgado informe con la "cuantificación económica" sobre el perjuicio causado con las dos acciones de mayor envergadura de Tsunami: la paralización de El Prat en octubre de 2019 y los cortes de la AP-7 ya casi en la frontera con Francia entre los días 11 al 13 de noviembre de 2019.

"Urgente, muy urgente"

Seis días después de recibir la solicitud de la Audiencia Nacional, el 15 de junio, el jefe de área de relaciones jurisdiccionales, Luis Castillo, respondió con un acuse de recibo al juzgado. Sin embargo, y ante la ausencia de respuesta al mandamiento judicial, el órgano volvió a requerir al Ministerio de Transportes que aportase el informe económico. En este caso se le pidió "el más pronto cumplimiento de oficio".

Ante el silencio del Gobierno, el juzgado volvió a la carga el 12 de septiembre y de nuevo se volvió a reiterar el 10 de octubre. Para entonces ya fue el magistrado García Castellón el que dictó un auto el cual bajo el epígrafe "urgente, muy urgente", avisó al Ministerio de Transportes de que remitiese el informe en cuestión "a la mayor urgencia".

"Se ruega el deber de colaboración con la Administración de Justicia, con el apercibimiento de que si no lo efectúa a la mayor urgencia, podría incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia", apuntó en su auto. Apenas un día después el Ministerio respondió al requerimiento y el juez pudo dar traslado del mismo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Por el camino, en julio el magistrado prorrogó estas diligencias que nacieron en 2019 contra Tsunami Democràtic por presunto delito de terrorismo y entre los motivos que esgrimió se encontraban que se hallaban "pendientes de instrucción diversas diligencias tendentes a acreditar el impacto económico de la actividad delictiva", además de los informes policiales de recapitulación.

La financiación de Tsunami

El magistrado destacó la relevancia de los oficios al tratarse de "delitos de suma gravedad". La Guardia Civil incluyó las valoraciones de ambos órganos en el trabajo final aportado hace apenas unas semanas a la Audiencia Nacional. Al respecto el consistorio barcelonés plasmó en un documento redactado en catalán que los costes totales fueron de 85.303 euros.

El informe policial concluyó que el bloqueo del aeropuerto de Barcelona costó 2,19 millones de euros, mientras que los cortes en carretera fueron de 815.018 euros. La suma en total ascendería a más de 2,8 millones de euros. Con todo, el Comité Nacional del Transporte por Carretera estimó unas pérdidas en 15 millones de euros diarios durante los días que duraron las barricadas en la autopista.

Tras adherir el oficio del Instituto Armado, el magistrado acordó una docena de imputaciones y ordenó practicar una serie de diligencias encaminadas a esclarecer el daño real de las acciones de Tsunami Democràtic. Tal y como desveló Vozpópuli, uno de los objetivos del juzgado ahora es indagar la financiación del movimiento en Suiza toda vez que la Guardia Civil desveló que un banquero suizo transfirió fondos al movimiento utilizando cuentas en el país helvético a nombre de Jaume Cabaní, considerado contable de Puigdemont y quien habría trabajado también con criptomonedas para financiar las actuaciones del colectivo.