La propuesta de Casado para el CGPJ beneficia al sector conservador y dificulta los independientes

La propuesta que ha presentado el PP de Pablo Casado para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defiende devolver en exclusiva a los jueces la elección de sus 12 representantes, desde 1985 en manos del Congreso y el Senado. Para ello propone una elección con censo universal que de facto beneficia a las asociaciones de jueces donde son mayoría las opciones consideradas conservadoras. Además, los populares endurecen las condiciones para la participación de los jueces independientes no asociados, que representan a casi la mitad de la carrera. 

Casado apuesta así por un modelo que retrotrae la composición del máximo órgano de gobierno de los jueces a la primera Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980. Propone la convocatoria de unas elecciones de jueces tres meses antes de que expire el mandato de cinco años del Consejo. Será con un censo universal y listas abiertas. Cada papeleta deberá indicar a todos los candidatos que se presenten. Cada juez que vaya a votar tendrá que seleccionar solo a sus ocho favoritos. Al final del recuento serán elegidos los 12 nombres con más apoyos cosechados.

No obstante, en esa papeleta deberán indicarse algunos datos de cada candidato como su puesto actual o si se presenta avalado por alguna asociación judicial, lo que permite inclinar la balanza a su favor en caso de que los asociados apelen a la disciplina de voto. De los casi 5.500 jueces que componen actualmente la carrera, cerca de 3.000  son asociados, según informan fuentes judiciales a este periódico. Solo 1.350, casi la mitad de ellos son de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La segunda asociación, con cerca de 850 miembros, es la Asociación Francisco de Vitoria (AFdV).

Más dificultad para progresistas e independientes

La única asociación considerada progresista es la tercera en número de representantes, Juezas y Jueces para la Democracia. Pero fuera de estos colectivos queda un sector importante de independientes para los que la propuesta del PP pone las cosas más difíciles. Actualmente tan solo necesitaban el apoyo de 25 compañeros de la carrera para estar en la lista que luego se mandaba a las Cortes. Era así desde 2013 tras una reforma impulsada por el PP. Pero la reforma que propone ahora Casado eleva ese requisito a 100 apoyos necesarios.  

La proposición registrada este lunes por el PP en el Congreso de los Diputados permite además a las asociaciones avalar un total de 12 de candidatos mientras que cada juez solo podrá avalar a otro compañero. En casos de empate, se impondrá el de mayor antigüedad en el escalafón.  Por su parte, para concurrir es preciso que los diez años anteriores no haya desempeñado cargo político alguno o puesto de confianza. 

A estos 12 miembros de la carrera judicial luego habría que sumarles para completar el CGPJ a los ocho vocales ajenos a la carrera judicial. Se trata de juristas de reconocido prestigio que dependen, en este caso sí, del Congreso y el Senado con el apoyo de tres quintos de cada Cámara.  

El PP incluye en su propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aspectos relacionados directamente con la proposición presentada la semana pasada por el PSOE y Podemos. La opción de impulsarla mediante sus grupos parlamentarios hace que no sea obligatorio pedir informes al CGPJ. El plan de Casado defiende que todo lo que afecte al Poder Judicial exija recabar la opinión del máximo órgano de gobierno de los jueces.

Posibilidad de recusar al Fiscal General

Además el PP incluye en esta proposición una serie de reformas del Estatuto Fiscal como que el fiscal general deba dar cuenta al Congreso de los Diputados de los informes que eleve al Congreso. También añaden que deberá contar con el visto buenos de tres quintos de los miembros del Consejo Fiscal para proceder a un nombramiento (actualmente no existe ningún requisito para proceder a una designación, tan solo se exige al fiscal general que informe de las propuestas pertinentes respecto al nombramiento de los diversos cargos.

En este aspecto uno de las novedades más relevantes que propone el PP es la posibilidad de que el Fiscal General del Estado pueda ser recusado en contra de lo que establece actualmente el artículo 28 del Estatuto Fiscal, que especifica que esta figura no puede ser recusada. También establece la reforma anunciada por Casado que no pueda ser elegido para ese puesto a quien haya desempeñado algún puesto político durante los diez años anteriores. 

Casado defendió su "batería global" a favor de la independencia y despolitización de los procesos de los órganos jurisdiccionales. "Volvamos a lo que la gente pide", insistió en rueda de prensa antes de advertir que el PP exigirá que se pronuncie la Comisión de Venecia –un órgano del Consejo de Europa que vela por la democracia en el continente- en el caso de que el Gobierno de Sánchez no retire su reforma exprés del CGPJ.

Volver al sistema de 1980

El líder del PP pidió volver al sistema de elección que promovieron los constituyentes y que luego fue desarrollado en una ley orgánica de 1980, con el fin de garantizar la separación de poderes después de que Sánchez se "pasase de frenada" y subestimase la capacidad de influencia del PP en Europa. “No todo vale para poner a las instituciones a su servicio”, señaló refiriéndose al presidente del Gobierno.

En síntesis, la propuesta del PP apuesta por la despolitización de la Fiscalía General del Estado, que juristas que hayan ocupado cargos políticos no puedan ser vocales del Consejo mediante "puertas giratorias" y que los informes del órgano de los jueces se realicen para cualquier iniciativa que afecte al funcionamiento de la Justicia.

Asimismo, plantea la ampliación del sistema de mayorías reforzadas de tres quintos a todas las decisiones del CGPJ y que los Parlamentos autonómicos no puedan designar vocales de los tribunales superiores de justicia, un paso que ya dio la Comunidad de Madrid la pasada semana.

En todo caso, Casado no descartó intentar un nuevo acuerdo con el sistema vigente. Eso sí, reiteró que Podemos no debe formar parte del proceso negociador por ser un partido imputado y sus ataques a las instituciones, sobre todo la Jefatura del Estado. En ese punto, defendió que las negociaciones se realicen entre partidos con mayoría parlamentaria suficiente. “No tenemos por qué asumir el acuerdo de los socialistas con Podemos”, dejó claro.