Ángel Ron insiste en que la Audiencia investigue si se pudo evitar el fin del Popular

Ángel Ron contraataca en la Audiencia Nacional. El expresidente del Banco Popular ha recurrido la decisión del magistrado José Luis Calama Teixeira de no investigar si se asesoró bien o no a los consejeros en la reunión de junio de 2017 en la que se aprobó la inviabilidad del Popular. El banquero sostiene que las diligencias solicitadas por su defensa para esclarecer los detalles de la resolución y posterior venta son "esenciales" y pide a la Sala de lo Penal que revoque la decisión del instructor José Luis Calama Teixeira.

Tal y como avanzó Vozpópuli, el magistrado que indaga la caída del Popular no solo declinó investigar los hechos denunciados por Ron, sino que dio validez al acta del Consejo de Administración del 6 de junio en la que los consejeros apoyaron su declaración de inviable. En el auto explicó que, de su lectura, no cabían "florituras interpretativas" y que los consejeros estaban perfectamente capacitados para tomar dicha decisión.

No obstante, Ron sostiene que es necesario investigar si se asesoró correctamente a los consejeros o no. Por eso insiste en que se deben identificar a los letrados del despacho Uría Menéndez que prestaron asesoramiento a la entidad desde el 17 de febrero hasta junio de 2017 (bajo la presidencia de Emilio Saracho) y que se oficie a una notaría con el fin de recabar las manifestaciones de Jaime Ruiz-Sacristán. El entonces consejero expuso que les faltó información clave y que, a los que asistieron por teléfono a dicha reunión, se les leyó la carta en inglés que se iba a enviar al Banco Central Europeo.

Asesoramiento de Uría

Al hilo Sacristán, ya fallecido, indicó que letrados de este bufete que participaron en la reunión advirtieron a los consejeros de las "graves responsabilidades patrimoniales personales" en las que podrían incurrir de no firmar la carta y remitirla al BCE ese mismo día. "Ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el presidente de la reunión, ni el secretario del Consejo de Administración explicaron, advirtieron o aclararon a los señores consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez", reza el acta ante notario de Sacristán.

Las diligencias son necesarias porque es objeto de la investigación determinar las causas que condujeron a la resolución y al directo perjuicio de los accionistas

De esta forma, Ron insiste en poner el foco en la última etapa del banco y recrudece su enfrentamiento con Emilio Saracho, el cual, por su parte, defiende que heredó un banco a comienzos de 2017 herido de muerte. En su recurso de apelación al que ha tenido acceso este medio, Ron vuelve a señalar al economista como el responsable de la resolución del Popular y desliza una posible administración desleal. Al respecto recuerda que el magistrado no le ha archivado la causa pese a haber solicitado su defensa el sobreseimiento de las actuaciones.

"Las diligencias que se interesan son pertinentes, útiles y necesarias para establecer las circunstancias en las que se adoptaron decisiones trascendentes en el Consejo de 6 de junio de 2017. Es sin duda objeto de la investigación la determinación de las causas que condujeron a la resolución y al directo perjuicio de los accionistas, que son parte del procedimiento ejercitando acciones penales y civiles, por lo que resulta ineludible determinar en la instrucción los hechos a los que puedan imputarse objetivamente los daños reclamados", alega la defensa de Ron.

"La resolución no era una alternativa"

Además vuelve a apelar que el Popular era un banco solvente cuando él dejó la presidencia (sostiene que cuenta con un colchón de liquidez de 11.000 millones de euros) y se ampara para ello en el informe que los peritos del Banco de España elaboraron por orden del primer magistrado de la causa, Fernando Andreu. Por ello insiste que la resolución "no podría estar cabalmente entre las alternativas estratégicas" de Saracho, salvo que tomase el control del Popular con la intención de "entregarlo a un tercero a un bajo precio".

A su juicio, el equipo gestor previo no debe responder penalmente por el perjuicio ocasionado a los accionistas tras la resolución de la JUR a mediados de 2017. Al contrario, dice que a su salida de la presidencia había un plan de negocio acordado y ratificado por el Consejo que se desechó sin plan alternativo. "Por ello debe aclararse si la declaración de inviabilidad adoptada por el Consejo del 6 de mayo era la única alternativa posible y si la información de la que dispusieron los Consejeros expresaba la situación real de la entidad que le fue transmitida", dice.

Aunque el instructor considera que no hay cabida para investigar si los consejeros fueron perfectamente informados de lo que estaban aprobando, la defensa de Ángel Ron insiste en que de lo que ha trascendido de dicha reunión todo apunta a que solo se les habló de un problema coyuntural de liquidez y no de supervivencia del banco. Por eso pide a la Sala de lo Penal que investigue qué es lo que creyeron votar los consejeros ya que, aunque tenían formación financiera suficiente -como así recordó el juez- parece que necesitaron asesoramiento especializado.