El juicio del escándalo de las facturas falsas de UGT-A comienza este jueves

Este jueves arranca el juicio en Sevilla de las facturas falsas de UGT-A aunque llega una década después de que se iniciaran las primeras investigaciones. Esta macrocausa, con permiso de los ERE, es una de las más esperadas y será este jueves cuando la  Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que preside el magistrado Ángel Márquez, pondrá en marcha la maquinaria con las denominadas cuestiones previas, mientras que la vista oral propiamente dicha comenzará tras las navidades. El escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT-A, va a sentar en el banquillo de los acusados a la anterior cúpula de la organización de los trabajadores en Andalucía en el que el sindicato está citado como responsable civil subsidiario por la totalidad de las cuantías supuestamente defraudadas: más de 40 millones de euros, en concreto 40.750,047,74 euros.

La causa comenzó a investigarse en el año 2013 en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, sufrió numerosos retrasos por la complejidad de los informes periciales necesarios para esclarecer los hechos. La primera sesión de la vista oral se ha señalado para el próximo 15 de enero de 2024 y está previsto que se prolongue hasta el 19 de junio de 2024. El cronograma del juicio contempla la celebración, en principio, de un total de 62 sesiones de juicio a lo largo de esos seis meses. 

Según consta en el escrito de instrucción, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, “se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”, añadiendo que “la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido”, como es “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”. Según indica el juez, “en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato”.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que UGT-A, dada cuenta su "posición política, social y económica, como institución de relevancia en nuestro sistema político", ha venido siendo beneficiario de numerosas subvenciones. Un nutrido grupo de estas fueron las subvenciones destinadas a impartir formación, como una de las materias claves en las políticas activas de empleo, "singularmente en una Comunidad Autónoma como Andalucía, donde el paro es un grave problema", precisa el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto.

Quince acusados y penas de hasta siete años de cárcel

El ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas están acusadas de delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción reclama para ellos prisión y multas. En el caso de Francisco Fernández, ex secretario de UGT-A y Federico Fresneda, ex tesorero, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio Goicoechea Salazar, la pena sería la misma siete años de prisión y multa de 50 millones de euros. Para la responsable del departamento de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño solicita cinco años de cárcel y multa de 50 millones.
Para los otros diez acusados, los proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama penas de tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros). Además, la Fiscalía pide que en concepto de responsabilidad civil Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.
El día 13 de marzo de 2020, el magistrado dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por Junta de Andalucía y PP-A.  En un último auto, el juez concluyó que “el cómputo global de las cantidades defraudadas” en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria “asciende a 40.750.047,74 euros”.