La antigua cúpula de UGT-A se sienta en el banquillo por el presunto fraude de 40 millones de facturas falsas

La antigua cúpula de UGT Andalucía, con su ex secretario general Francisco Fernández Sevilla a la cabeza se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Sevilla, donde desde hoy se va a juzgar la supuesta financiación irregular de la organización. El juicio que ha dado comienzo este lunes, incluye junto al ex secretario general a cuadro exdirigentes del sindicato y a diez empresarios proveedores de UGT-A. Se les acusa de urdir un supuesto sistema de facturas falsas para financiar de manera irregular al sindicato con las subvenciones que la Junta de Andalucía le concedía para impartir cursos de formación a parados y trabajadores bajo los gobiernos del PSOE.

Ha pasado una década desde que la Guardia Civil registró la antigua sede regional del sindicato en el centro de Sevilla en busca de documentos. La operación 'Cirene' desplegada en diciembre de 2013 se saldó también con 16 detenidos.

Pero el tiempo sigue avanzando, desde el 13 de marzo de 2020, que el juez Juan José García Vélez acordó la apertura del juicio oral contra 15 personas por un fraude, y que cuantificó en 40,7 millones de euros, no ha sido hasta hoy cuando se ha iniciado dicho juicio Ya los medios de comunicación habían destacado el llamativo destino que tuvieron aquellos fondos públicos. Según la Guardia Civil, la UGT-A financió con ellos una megaestructura de personal y patrimonio inmobiliario del que ha ido desprendiéndose en gran parte para sanear sus cuentas cuando el Gobierno de Susana Díaz cerró el grifo de las ayudas al detectar un cúmulo de irregularidades en la justificación de los cursos de distintas entidades.

La investigación puso de manifiesto que la UGT-A utilizó fondos para desempleados para pagar viajes, hoteles y convites de sus dirigentes, cenas con barra libre en la Feria de Sevilla, karaokes con mariachis en El Caribe, así como pancartas para la huelga contra la reforma laboral de Mariano Rajoy en el año 2010. Incluso se compraron maletines de la marca Salvador Bachiller falsificados en China, que fueron regalados a los delegados de un congreso celebrado en Sevilla en 2009 en el que fue reelegido como secretario general del sindicato Manuel Pastrana. Una grave enfermedad degenerativa lo ha alejado del banquillo.

El bote de UGT

La Fiscalía Anticorrupción solicita en total 26 años de cárcel y 200 millones de multa para cuatro exdirigentes de UGT-A por desviar 40,7 millones de euros mediante supuestas facturas falsas que endosaba a las subvenciones autonómicas y alquileres ficticios de aulas parar impartir cursos entre 2009 y 2013. El sindicato, que figura como responsable civil subsidiario, siempre ha negado el fraude alegando que todas las actividades formativas se realizaron y apela a la presunción de inocencia.

Los ideólogos del sistema son, para la Fiscalía, el exsecretario general de Administración y tesorero del sindicato, Federico Fresneda, y la exsecretaria de Gestión Económica, María Charpín, para los que Anticorrupción pide siete años de prisión por supuestos delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. Idéntica pena solicita para Francisco Fernández Sevilla.

Tres formas diferentes de fraude

Según el juez instructor y la Fiscalía, el mecanismo defraudatorio adquirió tres formas. La primera fue el alquiler ficticio de aulas del sindicato para impartir los cursos que Soralpe, una sociedad instrumental, facturaba a IFES, una fundación de la propia UGT-A. La segunda fue el “rappel”, es decir, las comisiones o descuentos que las empresas que contrataba con dinero de la Junta pagaban al sindicato y que éste no declaraba en las facturas que endosaba a las ayudas. El tercer gasto bajo sospecha es el "bote", un saldo creado por el sindicato con las facturas supuestamente simuladas requeridas a determinados proveedores, que una testigo llegó a definir como un “canon revolucionario”. El concepto aparece en un manual informático que utilizaba el sindicato, el Spyro, cuya instalación pagó con una subvención de 1,2 millones de la Junta. A este saldo lo llamaba “bote”, como los premios acumulados de los sorteos de lotería que no tocan.

Para quienes abanderan la acusación, una de las mayores dificultades a las que se enfrentan es escoger los documentos que se van a exponer en la sala de vistas y que componen un sumario enciclopédico. A los albaranes y facturas se unen hasta 20.000 correos electrónicos que intercambiaron exdirigentes de UGT y proveedores de su confianza. Hacer la criba no va a ser tarea fácil, aseguran algunos intervinientes, que en su carrera no recuerdan un juicio con “tantas pruebas y tan apabullantes”.