El Ministerio de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez ocultó los contratos del 'caso Koldo' sobre la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión. Adif, ente público dependiente del Ministerio que dirigía José Luis Ábalos, se negó a informar sobre estas adjudicaciones a su proveedor de confianza, amparándose en la investigación abierta entonces en la Fiscalía Anticorrupción por estos hechos.
El ente se negó facilitar esta información hasta en dos ocasiones: primero en noviembre de 2022 y, luego en enero de 2023, lo que propició que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno les obligara en julio del año pasado a informar sobre estos contratos de la Administración Pública. Así se desprende de la documental a la que ha tenido acceso Vozpópuli y que evidencia que el Ministerio no quiso responder a la solicitud formulada por el abogado Ramiro Grau ni en lo relativo al contrato a Puertos del Estado ni tampoco al de Adif.
Estas fueron las dos primeras adjudicaciones de mascarillas que Soluciones de Gestión consiguió en el peor momento de la pandemia. El Ministerio de Transportes se convirtió en la puerta de entrada de esta pequeña firma zaragozana que habría actuado como "empresa instrumental" de Juan Luis Cueto, empresario ya investigado en la Audiencia Nacional por la trama de las mordidas millonarias del caso Defex.
Adif lo ocultó hasta en dos ocasiones
Esta empresa -que pasó de registrar cero euros de beneficio a 53 millones- firmó nueve contratos con la Administración Pública por importe total de 52 millones de euros, según se desprende de un reciente auto del magistrado Ismael Moreno avanzado en exclusiva por este medio. Ahora bien, en el foco están los tres primeros contratos que la firma se adjudicó con Transportes y con el Ministerio del Interior.
El abogado Ramiro Grau acudió al Portal de Transparencia para solicitar información sobre las adjudicaciones que gestionó el Ministerio que dirigía Ábalos y en las que hizo de nexo de unión el que fuera su chófer, Koldo García. En concreto pidió todos los datos del contrato de Adif con Soluciones de Gestión del 27 de marzo para el suministro de mascarillas por 12,5 millones de euros. Apenas días antes se había cerrado el primero de los acuerdos, con Puertos del Estado por poco más de 20 millones de euros.
Adif rechazó hasta en dos ocasiones informar sobre el contrato de 12,5 millones con el proveedor de confianza de Ábalos apelando a la existencia de un procedimiento penal, pero entonces todavía no había una causa en curso
La primera de las respuestas de Adif se produjo el 22 de noviembre de 2022. El ente -que entonces presidía María Luisa Rodríguez- contestó que no consideraba que debía informar sobre estos documentos públicos a tenor de la existencia de unas diligencias de investigación en la Fiscalía Anticorrupción. Las mismas nacieron a raíz de una denuncia del Partido Popular por los contratos de urgencia a Soluciones de Gestión que desveló este medio el 14 de abril de 2020.
"La preeminencia del orden jurisdiccional penal lleva, en opinión de este Consejo, a que procedimientos administrativos como la presentación de una solicitud de información y la correspondiente resolución de una reclamación sobre ella, deban decaer a la hora de ser estimados o tenidos en cuenta hasta que no se resuelva un procedimiento penal que se encuentre en curso, como sucede en el supuesto de esta reclamación", rezó la primera de las respuestas.
Los contratos del 'caso Koldo'
Así pues, Adif se negó a informar sobre uno de los contratos que se investigan en la Audiencia Nacional apelando a la existencia de un "procedimiento penal", si bien en aquel momento -noviembre de 2022- todavía no se habían judicializado estas pesquisas de Anticorrupción. Más bien al contrario, tuvieron que pasar diez meses más hasta que la Fiscalía no se querelló contra siete personas por el presunto cobro de comisiones superiores a los 15 millones de euros.
Ante la negativa de Adif, Grau interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia en diciembre de 2022. El abogado denunció que la petición se había trasladado a Adif cuando en realidad tenía que haber dado repuesta el Ministerio de Transportes, teniendo en cuenta que tanto este ente como Puertos del Estado habían adquirido un total de 13 millones de mascarillas en nombre del departamento que entonces lideraba Ábalos.
La segunda respuesta de Adif fue igualmente negativa. El ente se produjo el 28 de diciembre de aquel 2022 e insistió en que no iba a dar información a la ciudadanía de este contrato público a tenor de la investigación vigente en Anticorrupción.
Ello propició una segunda respuesta del demandante en la que se quejó por el hecho de que la petición de información se hubiera girado a Adif cuando era "claro y evidente" que tenía que responder el Ministerio. Además, denunció que por pedir información sobre todos estos contratos de mascarillas le habían fiscalizado su trabajo y que las contestaciones recibidas hasta el momento parecían "más una argumentación defensiva que otra cosa". "En conclusión, el Ministerio ha pasado de esta petición pública a la que tengo derecho. Todo un alarde de actuación torticera", apuntó.
Concierto previo de los contratos
El Consejo de Transparencia estimó su reclamación y concluyó que Adif tenía que facilitar esta información. "No consta respuesta del Ministerio de Transportes a las ofertas recibidas de febrero a abril de 2020 para el suministro de mascarillas, pues la solicitud de la información fue remitida en su integridad a Adif", reza la resolución firmada en enero de 2023.
De las diligencias practicadas por los investigadores se desprende que estos contratos por los que ya se pedía información en 2022 se otorgaron a dedo y se fraguaron, además, antes incluso de que se publicara la adjudicación. El intermediario entre Transportes y Soluciones de Gestión fue el exasesor de Ábalos, Koldo García, quien apenas meses después de estos pelotazos adquirió viviendas por valor de 1,5 millones de euros.
Del mismo modo también consta el ingreso en sus cuentas de importantes cantidades de efectivo (en ocasiones hasta 30.000 euros) y de que incluso guardó parte de este dinero en la caja fuerte. Los investigadores destacan al respecto el exponencial incremento patrimonial tanto del que fuera asesor de Ábalos como de su hermano Joseba García.
Los también querellados Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto sacaron más beneficio. El primero de ellos ganó 5,5 millones de euros con esta operación mientras que el segundo -considerado dueño en la sombra de la empresa de mascarillas- se anotó unas plusvalías de 9,6 millones de euros. Este último desvió los fondos a sendas empresas radicadas en Brasil y Luxemburgo.
