A juicio una abogada por apropiarse presuntamente del dinero de un anciano con demencia poco ante de morir

Una reconocida abogada, Maite Querejazu, se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por un presunto delito de apropiación indebida. Así consta en el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción Número 43 de Madrid en el que el magistrado ve indicios de delito en las operaciones notariales y bancarias realizadas por la letrada en nombre de un anciano que padecía demencia.

Según el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, L.A.R., en enero de 2018, fue diagnosticado de limitaciones psíquicas. Dos meses antes, éste le otorgó ante notario un amplio poder de representación a su abogada, quien lo utilizó supuestamente para hacer varias operaciones financieras, en algunos casos, recibiendo ella misma los beneficios obtenidos de la venta de inmuebles a nombre de hombre.

Los informes médicos acreditan que el anciano padecía de dislipemia, insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial y deterioro cognitivo, entre otras afecciones que resintieron su estado de salud, el cual se fue agravando durante sus últimos meses de su vida. Fue en este tiempo cuando la abogada con el poder notarial del que disponía efectuó dichos movimientos, lo que hizo saltar las alarmas de sus herederos que interpusieron una denuncia contra la letrada.

En diciembre de 2018, dos meses antes de su fallecimiento, L.A.R "suscribió un documento de reconocimiento de deuda" por valor de 200.000 euros en favor de la procesada. Ese mismo mes, el hombre vendió una de sus viviendas, junto con el garaje de la misma, y por cuya venta recibió unos 328.500 euros. Según el auto, la "investigada se apropió de parte del importe obtenido con la venta, al menos 256.000 euros".

Según consta en varios documentos consultados por este medio, la abogada ha defendido en sus declaraciones que dichos pagos (una parte mediante trasferencias bancarias y otra mediante el cobro de un cheque) se hicieron en concepto de deuda, que su representado en ese momento tenía con ella. No obstante, tal y como se recoge en el escrito de la acusación particular, dichas cantidades son superiores a la que supuestamente el fallecido firmó en el documento de reconocimiento de deuda.

Venta de inmuebles y transferencias bancarias

Cinco días antes de su fallecimiento, mientras el hombre permanecía ingresado en hospital, la investigada utilizando el reconocimiento de deuda que el anciano le otorgó un mes antes y actuando en representación de L.A.R., la abogada ejecutó la donación a su nombre de dos bienes inmuebles (un piso y una plaza de garaje) que hasta ahora había pertenecido a este hombre.

Aun habiendo sido pagada toda deuda que éste pudiera tener con su representante legal, la abogada recibe una propiedad tasada en un valor de 211.764 euros y la escritura de compraventa de la plaza de garaje por un importe de 25.000 euros.

Los herederos de la presunta víctima denuncian en su escrito de acusación el estado físico y mental de su padre, tanto en segundo ingreso en el hospital como en el primero fechado unas semanas antes, "estaba completamente deteriorado" y que "presentaba serias dudas para comunicarse y entender conceptos más allá de lo estrictamente básico".

Piden 10 años de cárcel

Por estos hechos, el titular del Juzgado de Instrucción Número 43 de Madrid entienden que existen "indicios de la apropiación de la investigada" de dichas cantidades de dinero. Además, señala que, a través de la documentación médica y testifical, ha quedado acreditado que el fallecido "presentaba, no sólo una limitación física, sino también psíquica, que al menos en el último mes de su vida ha de calificarse como grave".

Teniendo en cuenta el estado de salud del anciano, "resultan indicios" que la investigada utilizó el poder en su día suscrito para "apropiarse del dinero del fallecido" sin justificar las extracciones de dinero o las operaciones inmobiliarias. El juez reconoce que existen "claras dudas" de la capacidad de la presunta víctima en el momento que se hicieron dichas transacciones.

La acusación solicita seis años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y cuatro años por un delito continuado de administración desleal. Asimismo, los herederos piden una indemnización de 579.764 euros, si no se puede declarar la nulidad de la dación en pago y la compraventa de los inmuebles.