La reforma del delito de malversación obligará a revisar centenares de sentencias

La rebaja de la malversación abre la puerta al estudio de centenares de sentencias que se dictan en diferentes tribunales de España con este tipo penal. Esta modificación legal, que previsiblemente introducirán los aliados independentistas del Gobierno en una enmienda a la reforma de la sedición, conlleva un cambio de calado más allá de los asuntos que afectan al procés e implicará una revisión a gran escala de infinidad de fallos dictados hasta el momento.

Así lo explican catedráticos expertos en derecho penal consultados por Vozpópuli, los cuáles detallan que esta rebaja supone un "disparate" no solo por la cantidad de asuntos a los que afecta y que se tendrán que revisar uno a uno, sino también por el contenido de la redacción. La intención de los socios del Gobierno de intentar desligar a los condenados que hayan malversado de aquellos que también se hayan apropiado del dinero no es viable para los expertos consultados.

"La malversación no supone que te quedes con el dinero. Para eso está la apropiación indebida. La malversación existe al margen de que tú te quedes con él", reza una de las voces consultadas. Los expertos argumentan que este tipo penal no exige que el que lo cometa se quede con el dinero (para ejemplo el razonamiento jurídico de la condena de José Antonio Griñán por el caso de los ERE).

Malversación sin apropiación de fondos

Los magistrados del Tribunal Supremo ratificaron en su fallo la condena de seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación y explicaron, en relación a este último delito, que existió una "acción nuclear" en relación al reparto arbitrario de 700 millones de euros con unos fines "distintos de los previstos en la ley". En ningún momento se apunta a que el expresidente andaluz se quedara con dichas cuantías, pero sí que firmó resoluciones a sabiendas de que el destino de los fondos no fue para cursos de formación a desempleados.

El argumento de ERC de que se debe 'librar' de la condena a los políticos que no se han lucrado con los fondos malversados no tiene cabida para los catedráticos consultados. Cabe recordar que este delito contempla penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de entre seis y diez años para los funcionarios si se causa daño al patrimonio público. La pena aumenta hasta los ocho años de cárcel y a los 20 de inhabilitación cuando se trate de un grave daño al servicio público o el valor del perjuicio causado supere los 50.000 euros.

La intención de ERC

La rebaja de este tipo penal tendrá efecto directo en centenares de sentencias. Fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que se tendrán que revisar fallos en diferentes órdenes y que el cambio legal afectará a todas las sentencias que estén ejecutándose. No hay que olvidar que el Código Penal contempla el principio de irretroactividad (artículo 9.3 de la Constitución) aunque se aplica la excepción cuando las normas sean favorables al reo.

De esta forma, los socios independentistas del Gobierno tratan de lograr la reducción de las penas para los condenados por el procés, a la par que evitar la condena para los políticos fugados, con Carles Puidemont al frente. En total, una quincena de líderes independentistas se beneficiará de la reforma de la malversación (y la derogación de la sedición). Se trata de los nueve condenados en octubre de 2018, los cinco políticos huidos de España (Carles Puigdemont, Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Marta Rovira) además de los diputados de ERC Josep María Jové y Lluis Salvador, pendientes de ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Con todo, uno de los primeros beneficiados de la rebaja de la malversación será José Antonio Griñán. El expresidente andaluz, pendiente de ingresar en prisión por el caso de los ERE, se beneficiará del cambio legal que impulsa el partido al que pertenece. Al igual que otros condenados, como su antecesor en la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; la exministra de Fomento Magdalena Álvarez o el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías. A todos ellos les ha confirmado el Tribunal Supremo la condena de nueve años de inhabilitación por su implicación en los hechos.

Caso ERE, Palau, Gürtel...

Lo mismo ocurre con los condenados por el conocido como caso Palau. El expresidente de este ente, Felix Millet, y el exdirector financiero del Palau, Jordi Montull, fueron condenados en 2018 a nueve y siete años de prisión, respectivamente, por lo que se beneficiarían del cambio legal.

Con todo, también se revisarán los fallos dictados en macrocausas de corrupción que se han seguido en la Audiencia Nacional tales como Púnica, Lezo o Gürtel. En relación a esta última, los condenados por la primera etapa de las actividades de la trama se beneficiarán de lleno de la reforma de la malversación, teniendo en cuenta que fueron condenados en 2018 a penas que alcanzaban hasta los 51 años en el caso de Francisco Correa o de 33 para Luis Bárcenas.

El que fuera yerno del rey emérito, Iñaki Urdangarín, también logrará una reducción de la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Palma en febrero de 2017 por el caso Nóos. La expareja de Cristina de Borbón fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión por delitos de malversación, prevaricación, fraude, dos delitos fiscales y tráfico de influencias.

Además de los condenados, se beneficiarán otros acusados pendientes de ser juzgados. Un ejemplo lo constituyen los acusados de la trama Púnica. Exaltos cargos del PP madrileño como Francisco Granados o Beltrán Gutiérrez se sentarán en el banquillo por la presunta caja B de la formación regional. Afrontan varios delitos (entre ellos la malversación) por la que todavía les tiene que acusar la Fiscalía Anticorrupción.