España

La Guardia Civil revela que el delegado del Gobierno esconde pruebas a la juez del 8-M

Los agentes avisaron a la juez que investiga el 8-M de que en la documentación aportada por la Delegación del Gobierno no figuran los registros de las llamadas telefónicas con los promotores de otras manifestaciones, quienes aseguran que cancelaron sus convocatorias por sugerencia del Ejecutivo central

El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco.
El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco. EFE

Ocho promotores de distintas manifestaciones han asegurado a los investigadores del 8-M que cancelaron sus convocatorias de marzo por sugerencia de la Delegación del Gobierno de Madrid. En la documentación aportada por el equipo de José Manuel Franco no figura ninguna de las llamadas telefónicas realizadas por el ente a las que hacen referencia los testigos. La Guardia Civil ha advertido en su informe de "la posible intencionalidad" del delegado de evitar que se registrara su intento de impedir algunas manifestaciones por el brote de coronavirus.

Según consta en el escrito de la Policía Judicial al que ha tenido acceso Vozpópuli, "la inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos (...), así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación de Gobierno en que las mismas no figuren en ningún registro oficial".

Los agentes han informado a la juez de la existencia de llamadas telefónicas realizadas por el equipo de Franco a los convocantes de varias manifestaciones "con el fin de sondear su intención de cancelar las mismas ante la grave situación sanitaria generada por la covid-19". En los casos en los que promotores mostraban su negativa, "les instaban" a suspender las concentraciones "mediante recomendaciones". Los investigadores han considerado "significativo" que "las llamadas que efectuaron los funcionarios a los promotores no hayan quedado registradas en ningún sitio".

"De los 157 expedientes analizados, se detecta un total de 177 reuniones celebradas en la Comunidad de Madrid, de los cuales 130 han sido celebradas [entre el 5 y el 14 de marzo], 35 desconvocadas, 8 no celebradas y 4 de las que no consta información al respecto". Según la Guardia Civil, en la lista de las canceladas, "12 han sido instadas por la Delegación de Gobierno mediante llamadas telefónicas" que no figuran en los expedientes. La primera notificación de cancelación tuvo lugar el 5 de marzo. En la documentación de la Delegación no consta el motivo alegado por los organizadores. El 6 de marzo se desconvocó "por motivos sanitarios" una manifestación prevista para el 10 de marzo

La Delegación "instó" a cancelar manifestaciones

En el informe se hace referencia a la declaración de ocho de los 20 testigos citados por la Comandancia de Madrid en el marco de la Operación Sanitario. "En algunos casos hablan de que la llamante (sic) es una funcionaria, un funcionario y en un caso aportan el nombre de un tal José Luis". Los ocho coinciden en que la Delegación les instó a que el evento convocado no se llevara a cabo "por la crisis sanitaria de la covid-19". Según recoge la Guardia Civil, "un total de 12 reuniones/manifestaciones/concentraciones [fueron] canceladas en virtud de dichas llamadas".

Ocho testigos coinciden en que la Delegación instó a cancelar manifestaciones "por la crisis sanitaria de la covid-19"

Los investigadores han subrayado el hecho de que ante "un acto administrativo de gran trascendencia, como es el de instar o privar del derecho de reunión/manifestación de unas determinadas personas, no conste ningún trámite ni resolución". Según han precisado, solo figura en la aplicación informática de la Delegación la palabra "desconvocada".

"Expedientes incompletos"

El pasado 23 de abril, una vez analizada la documentación aportada por la oficina de representación del Ejecutivo en Madrid, el instructor de las diligencias comunicó al secretario general de la Delegación de Gobierno que los expedientes administrativos estaban "incompletos" y que debían ser remitidos a la causa. Al día siguiente, el equipo de Franco alegó que las comunicaciones enviadas eran las que "habitualmente se aportan cuando hay peticiones relacionadas con recursos contenciosos". El 27 de abril la Guardia Civil volvió a requerir la información y dio plazo hasta el 30 de ese mes. 

La Guardia Civil asegura que la Delegación aportó documentación incompleta a los investigadores del 8-M

Tras estudiar los expedientes, los agentes han concluido que "la Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del Estado de Alarma". Ante las declaraciones de los testigos y la inexistencia de los registros telefónicos a los que hacen referencia, han considerado que la oficina tenía un "amplio conocimiento de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por la covid-19 y su interés real de que no se celebraran". 

La Guardia Civil han asegurado a la juez que ante todas estas circunstancias "no se debería haber realizado ninguna manifestación" en la Comunidad de Madrid a partir del 5 de marzo "con motivo de la crisis sanitaria de la covid-19". 

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