España

Simón avisó a Illa y a los evangélicos de la "grave crisis sanitaria" días antes del 8-M

La Guardia Civil sostiene en el informe remitido al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que el Ministerio de Sanidad y la Delegación de Gobierno tenían "conciencia del peligro" que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones a principios de marzo

Irene Montero en la manifestación del 8-M
Irene Montero en la manifestación del 8-M EFE

Días antes de la manifestación del 8-M, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, avisó a la Iglesia Evangélica, al ministro Salvador Illa y otros dos técnicos de Sanidad de "la situación de grave crisis sanitaria que atravesaba España y Europa". La reunión tuvo lugar el 5 de marzo en la sede del propio Ministerio, según consta en el informe de la Guardia Civil sobre el 8-M que obra en la causa del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que se investiga al delegado del Gobierno por un presunto delito de prevaricación.

"Los representantes evangélicos expusieron la próxima celebración del Congreso Unlimited 2020 en La Caja Mágica de Madrid, para el que preveían la asistencia de 8.000 personas, a lo que el ministro Illa acompañó con gestos negativos en su cabeza la frase 'No, eso no se puede hacer", según se lee en el informe. 

El 21 de mayo, los agentes advirtieron a la juez de que el Ministerio de Sanidad conocía los riesgos de las concentraciones masivas desde principios de marzo. La magistrada intenta determinar si el Departamento de Salvador Illa alertó al equipo del delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, antes del 8 de marzo. La Policía Judicial sostiene que sí era consciente del peligro.

"Se llega a la conclusión de que la Delegación de Gobierno tiene conocimiento [previo al 8-M] de los informes, recomendaciones y documentación que han sido emitidos (...) así como toda la información que el Ministerio de Sanidad emitía diariamente sobre la crisis de la comida en su página web y en diferentes ruedas de prensa", han apuntado los agentes. En este sentido, han concluido que "a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación". 

"Conocimiento de los riesgos" por parte de Sanidad

La Guardia Civil ha acreditado en su informe que Sanidad redactó el 3 de marzo el escrito denominado Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus covid-19. La juez ha reclamado el documento al equipo de Illa. También ha pedido el comunicado firmado el 6 de marzo por la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga.

"Las manifestaciones aportadas en la unión de la documentación anteriormente referida da razón de un profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos a fecha 5 de marzo de 2020 y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas", han concluido los agentes en el informe remitido al Juzgado. 

En el marco de las pesquisas, y tras el aviso de la Policía Judicial, la magistrada ha estimado pertinente reclamar "idéntica información en relación con cualquier otro documento que, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, y haciendo referencia a concentraciones multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de esta crisis sanitaria, haya sido difundido o publicado en la web oficial del Ministerio o en otra página habilitada específicamente por Sanidad con ocasión de la covid-19".

Los agentes del Instituto Armado ha subrayado que "la Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del Estado de Alarma, de las que había tenido conocimiento y por ende había permitido su celebración". Así lo han concluido tras estudiar los expedientes de comunicaciones de reuniones y manifestaciones gestionados en la Delegación de Gobierno y aportados a esta Instrucción.

Destitución de Pérez de los Cobos

Esta investigación de la Guardia Civil ha propiciado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable del Cuerpo en la capital. El Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska informó el cese a primera hora de este lunes, poco antes de que se diera a conocer la citación del delegado del Gobierno en Madrid en calidad de imputado. 

La destitución de Pérez de los Cobos generó respuesta por parte de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. En la providencia emitida pocas horas después, la titular del Juzgado reiteró a la Policía Judicial a cargo de las pesquisas que deben guardar “rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas”. Posteriormente envió un oficio a Interior para insistir  en que solo se informará a ella de las actuaciones realizadas.

El DAO de la Guardia Civil dimite

Este martes, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, ha presentado su dimisión al Ministerio del Interior tras el cese Pérez de los Cobos, según han confirmado a Vozpópuli fuentes conocedoras de la decisión. Ceña es el máximo cargo uniformado del Cuerpo. Por encima de él solo está la directora general, un cargo político que desempeña desde hace meses María Gámez.

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