Publicado: 03/04/2018 05:15
Los agentes de la Guardia Civil, que ejercen como Policía Judicial para investigar el 'procés', consideran que los Comités de Defensa de la República (CDR), los colectivos ciudadanos radicales de inspiración cubana y venezolana que mantienen la desobediencia civil de los independentistas en Cataluña, son "una pieza clave para la movilización popular" tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, según indica un informe de 15 de febrero en el que se analiza el contenido de los correos electrónicos de los dirigentes soberanistas.
Precisamente, este lunes la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció su intención de llevar a cabo investigaciones penales para llevar ante la justicia a los autores y promotores de los actos vandálicos protagonizados por los denominados Comités de Defensa de la República catalana, "que ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático que los fiscales estamos obligados a defender", según una nota hecha pública por la Fiscalía General del Estado.
En uno de esos mensajes analizados en el informe de la Guardia Civil, cuyo destinatario era el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y exdiputado de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez, se pone de manifiesto que ante la inminente aplicación del artículo 155 de la Constitución, la ANC había dispuesto "una serie de medidas para la defensa de las instituciones catalanas, entre las que están la coordinación de puntos vulnerables mediante Comités de Defensa de la República, huelgas y movilizaciones permanentes", sostienen los agentes de la Guardia Civil.
"Sabotajes simultáneos"
"Los CDR nacieron para organizarse o impedir la acción de la justicia, mediante movilizaciones sociales. Así mismo también son los promotores de la huelga que paralizó Cataluña y bloqueó su economía el 8 de noviembre mediante sabotajes simultáneos, que demuestran su capacidad de coordinación como movimiento que se articula territorialmente, y que parte de las asambleas de barrio", concluye la Policía Judicial.
Los Comités de Defensa de la República son grupos surgidos en Cataluña en 2017 con el objetivo inicial de facilitar la realización del referéndum de independencia del 1 de octubre. Y tras el referéndum, adoptaron como nuevo objetivo la proclamación de la República Catalana: "En los días posteriores al 1-O, los Comités de Defensa del Referéndum fueron cambiando gradualmente su nombre a Comités de Defensa de la República para reflejar su nuevo objetivo: la defensa del resultado del referéndum", destaca el informe policial.
270 CDR en Cataluña
Estas organizaciones radicales, cuyo número ha alcanzado los 270, cuentan con el apoyo de diversas organizaciones de la izquierda independentista catalana, como por ejemplo la CUP. En su investigación, la Guardia Civil recuerda que al principio los CDR se organizaban a través de asambleas locales, y que después se creó un órgano de "coordinación territorial", para finalmente organizar un CDR para toda Cataluña: "Desde el que se centraliza la información, dirigida a llamamientos a la población para ejercer tanto la resistencia activa y pasiva, como la desobediencia civil", apuntan los agentes.
El informe de la Guardia Civil hace también hincapié en los llamamientos de los CDR a ejercer la resistencia activa. Como por ejemplo fueron los cortes de carreteras, calles y vías de tren: "Impidiendo con ello la circulación de los vehículos, y provocando con ello una grave alteración de la seguridad ciudadana, así como impidiendo el normal funcionamiento de un servicio esencial como es el transporte público".
En este sentido, el documento resalta que los radicales llegaron a implicar en sus actividades a menores de edad: "Con el consecuente riesgo para su vida e integridad física o el empleo de las técnicas aprendidas en los talleres impartidos por los CDR, para dificultar la disolución de los manifestantes".
Entrega de Puigdemont
Por otra parte, la Justicia alemana tiene intención de reactivar este martes, al finalizar las vacaciones de Semana Santa en este país, su decisión sobre la entrega de Carles Puigdemont a España tras ser arrestado el 25 de marzo al cursar el juez Pablo Llarena una orden de detención contra el expresidente catalán como presunto autor de los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.
"No se puede avanzar aún nada. Es un procedimiento complejo", indicó a Efe el vicefiscal general de Schleswig-Holstein, Ralph Döpper, quien pidió "cautela" a la hora de hacer pronósticos.
Este martes no está previsto que la Fiscalía tome declaración a Puigdemont, "puesto que ello no es necesario para el análisis de la documentación presentada", explicó el vicefiscal respecto a la orden emitida por el Tribunal Supremo español.
La justicia alemana sólo contempla un contacto directo con el expresidente catalán para la fase posterior, a escala de la Audiencia Territorial de Schleswig, a la que corresponderá analizar la petición de la Fiscalía.
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