España

Arranca un juicio histórico: la infanta se sienta hoy en el banquillo como cooperadora de dos delitos fiscales

Los abogados de Cristina de Borbón se emplearán este lunes a fondo para tratar de convencer al tribunal del caso Nóos de que debe aplicar la denominada doctrina Botín a la hermana del rey. Comienza en Palma de Mallorca un juicio histórico y, sin duda, uno de los más importantes que se han celebrado en nuestro país pues en el banquillo se sienta un miembro de la monarquía. 

La infanta Cristina de Borbón entra en los juzgados de Palma.
La infanta Cristina de Borbón entra en los juzgados de Palma. Archivo

Dieciocho acusados se sentarán este lunes en el banquillo de la sala de vistas habilitada en la tercera planta de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) de Palma de Mallorca, donde comienza el juicio del caso Nóos entre fuertes medidas de seguridad y gran expectación mediática. Se trata de un juicio histórico, pues una de las acusadas es hermana del actual rey, hija de reyes e infanta de España. Prueba de ello es que casi 600 periodistas de nuestro país y el extranjero se han acreditado para seguir la vista oral.

Está previsto que el juicio comienza a las 9:15 horas en el polígono Son Rossinyol de Palma de Mallorca entre fuertes medidas de seguridad

Este lunes, antes de las 9:15 horas, Cristina de Borbón y Grecia deberá tomar asiento en la tercera fila del banquillo de los acusados, puesto que a esa hora está previsto que arranque la vista oral con la fase de cuestiones previas. Delante tendrá a la esposa de Torres, Ana María Tejeiro, y a su izquierda al asesor fiscal Salvador Trinxet. La sala de vistas estará presidida por una imagen de su hermano, Felipe VI. A su espalda tendrá a un grupo de 15 periodistas que tomarán notas de todo lo que en el interior de esa sala se produzca.

El tribunal que juzgará junto con la infanta a su esposo Iñaki Urdangarín, a su ex socio Diego Torres, a la mujer de éste, al ex presidente Balear Jaume Matas así como a trece acusados más, está compuesto por tres magistradas -Samantha Romero Adán (presidenta y ponente), Eleonor Moyá Rosselló y Rocío Martín.

La doctrina Botín

La estrategia que seguirán este lunes y en los días sucesivos los abogados de la infanta, Miquel Roca y Jesús María Silva, está clara: plantearán en las cuestiones previas que se le aplique la doctrina con la que el Tribunal Supremo libró del banquillo al ex presidente del banco Santander, Emilio Botín, en el caso de las cesiones de crédito al no abrir juicio oral contra él porque se estableció que no se podía ir a juicio si sólo lo solicitaban las acusaciones populares y se oponían la Fiscalía y los perjudicados directos del supuesto delito. En el caso concreto de la infanta, acusada de dos delitos contra la Hacienda Pública, el perjudicado directo sería el Estado, representado en el caso Nóos por la Abogacía del Estado. Sin embargo, la abogada del Estado asignada a esta causa, Mercedes Ripoll, ha defendido siempre que Cristina de Borbón no ha cometido ningún delito.

Los abogados de la infanta apelarán este lunes a la denominada doctrina Botín. Anticorrupción y la Abogacía del Estado coinciden con ellos en que la infanta no ha cometido delito alguno

En su escrito de acusación, el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, sostuvo que a la infanta se le debía aplicar la 'doctrina Botín' y que ésta tan solo debía prestar una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros por ser "partícipe a título lucrativo" de los fondos defraudados por el que fuera Duque de Palma. Es decir, sin haber cometido el delito se ha beneficiado sin saberlo de los "efectos" del mismo. Horrach ha defendido siempre que no existen sobre la infanta indicios de haber cometido delito alguno, aunque cree que ésta habría obtenido un aprovechamiento ilícito del dinero presuntamente defraudado a través de la empresa 'pantalla' Aizoon. Anticorrupción considera a la infanta "partícipe a título lucrativo" de los 337.138 euros defraudados por el que fuera Duque de Palma a través de la empresa Aizoon en los años 2007 y 2008.

Aizoon, el problema de la infanta 

La imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos no habría sido posible si ella no hubiera sido copropietaria al 50 por ciento de la citada empresa pantalla. En el año 2003, el matrimonio Urdangarín Borbón constituyó con un capital social de 3.006 euros la sociedad Aizoon. A través de esta mercanti, donde dieron de alta como empleadas a sus asistentas del hogar, el que fuera Duque de Palma defraudó al fisco de forma evidente. La diferencia radica en que el juez José Castro entendió que la infanta sabía que todas las actividades que se desarrollaban en torno a esta sociedad eran ilegales mientras el fiscal Horrach mantiene, que pese a que Cristina de Borbón accedió de forma voluntaria a participar en Aizoon, ella no sabía que su marido la estaba utilizando como escudo fiscal.

"Urdangarín estaba convencido de que la presencia de Cristina de Borbón en la compañía serviría de impunidad operativa ante cualquier eventual incidencia ilícita que realizase bajo la cobertura de la mercantil", sostuvo el Ministerio Público. Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la hermana del Rey "accedió a participar en la sociedad, dada la garantía y confianza que le ofrecían su cónyuge, sin ser consciente del objetivo último de su presencia".

Si el tribunal entiende que Cristina de Borbón y Grecia es tan solo beneficiaria de los delitos cometidos por su marido, la infanta se librará de asistir en los próximos cinco meses al juicio de Nóos. Podrá enviar a un representante legal. Si por el contrario, la Sala no accede a aplicarle la doctrina Botín tendrá obligación como acusada de asistir día tras día a la vista oral. Aunque, finalmente, sea absuelta. 

Por su parte, el sindicato Manos Limpias – la única de las seis acusaciones personadas en el caso Nóos que aprecia indicios de delito en su proceder- solicita para ella una pena de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos supuestamente por su marido a través de Aizoon.

Expolio a las arcas públicas

La Audiencia de Palma juzgará desde este lunes y hasta el próximo mes de junio la presunta trama empresarial urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarín y su exsocio Diego Torres, que percibieron casi 6 millones de las administraciones públicas. En total, a través del instituto Nóos se habría desviado 3,5 millones de las administraciones públicas valencianas, 2,5 millones del Gobierno balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid, según los cálculos de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y populares.

En el juicio del caso Nóos se juzgarán toda una colección de delitos de corrupción como malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental por particulares, falsedad en documento público por funcionario, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

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