OPERACIÓN FRONTINO

Tuberías, escolleras y adjudicaciones a dedo: así amañó la 'mafia del agua' los contratos de Acuamed

La denuncia de septiembre de 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción que ha permitido destapar el millonario fraude en la sociedad dependiente del Ministerio de Agricultura ya detallaba gran parte de las irregularidades descubiertas ahora por la investigación de la UCO. 'Vozpópuli' revela los amaños denunciados por cuatro extrabajadores ahora confirmados por las pesquisas.

La sede de la sociedad estatal Acuamed en Madrid, durante el registro realizado por la Guardia Civil el pasado lunes.
La sede de la sociedad estatal Acuamed en Madrid, durante el registro realizado por la Guardia Civil el pasado lunes. EFE

Tuberías de acero inoxidable que sin explicación se transforman en otras de fundición. Escolleras que aumentan sorprendentemente su longuitud a la hora de pagarlas. Informes técnicos para adjudicar contratos que hay que repetir para que la ganadora del concurso sea una empresa concreta... La 'Operación Frontino' ha destapado las diversas trampas utilizadas presuntamente por una trama de directivos y empresarios en torno a la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterraneas SA (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura,para defraudar más de 20 millones de euros sólo en los seis contratos analizados en profundidad hasta ahora por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los detenidos son cuatro directivos de Acuamed, otros tantos de FCC, dos de Acciona, dos más de Altyum y un empresario sevillano que importa tuberías

En el epicentro, las pesquisas sitúan al director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, señalado por cuatro trabajadores que han colaborado con la Justicia como la persona que hacía y deshacía desde que se incorporó al cargo en 2012. Junto a él, una de sus más estrechas colaboradoras, María Gabriela Mañueco, responsable de Ingeniería y Construcción de la firma. Además de ellos, este lunes fueron detenidos otros dos cargos de la compañía pública, dos directivos de Acciona Infraestructuras, cuatro de FCC Construcciones, dos más de Altyum Proyectos y Obras, y el presidente de Boru Spinel, una sociedad dedicada a importar conducciones de agua desde Turquía. Son los 13 principales integrantes de la 'mafia del agua' en la que también hay otras 35 personas "investigadas" (la nueva forma de la Justicia de referirse a los 'imputados').

Así lo han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación y empleados de la propia sociedad estatal, que han detallado a este diario los supuestos abusos cometidos por un grupo al que el juez Eloy Velasco investiga ya como "organización criminal" y que tenía como supuesto cabecilla al director general de Acuamed, cesado fulminantemente este martes por el Gobierno. Según han relatado a la Fiscalía Anticorrupción trabajadores de la compañía despedidos hace año y medio por no querer colaborar en los amaños, Arsenio Mateo adjudicó supuestamente a dedo un proyecto presupuestado en 18,3 millones de euros para el refuerzo de las redes de abastecimiento de los municipios alicantinos de Mutxamel y Campello.

El primer informe técnico daba el contrato a una empresa que no era la que quería el director de Acuamed, quien presuntamente ordenó a uno de sus subordinados la realización de un segundo documento para que el concurso la ganase Altyum Proyectos y Obras SA, una mercantil cuyo presidente, Nicolás Steegman López-Dóriga, y su director técnico, José Ramón González, se encuentran entre los trece detenidos. Esta compañía es investigada también por otra adjudicación, el acondicionamiento por 14,7 millones de euros del río Serpis a su paso por la localidad valenciana de Gandía para prevenir inundaciones. Se da la circunstancia de que Steegmann había sido años antes director general de Trasagua, la sociedad estatal predecesora de Acuamed. 

Un sobrecoste de 1,2 millones en escolleras

Otro de los supuestos pufos se dio en la laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera, en el municipio valenciano de Oliva. Este proyecto, en el que se inviritieron 46 millones de euros según la web de la propia sociedad estatal, vio como la extensión de las escolleras crecía sorprendente en los certificados mensuales y, por consiguiente, el precio reflejado en las facturas. Según las primeras estimaciones, los trabajos sufrieron por este motivo un sobrecoste injustificado de 1,2 millones de euros que presuntamente se 'taparon' como pago de determinadas actuaciones pedidas a la constructora que no estaban incluidas en el proyecto inicial. Este trabajo fue realizado por una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sogeosa y Torrescámara.

La investigación cifra en 1,2 millones de euros el sobrecoste en la construcción de escolleras en las obras de drenaje de la rambla Gallinera

Otra parte importe de los sobrecostes injustificados detectados por la investigación tuvieron como protagonistas las tuberías que se utilizaban en las obras. De hecho, uno de los arrestados este lunes por la Guardia Civil es Manuel Moreno Maestre, un empresario sevillano administrador de las empresas Boru Spinel y Asan Pipeline Equipment, dedicadas, precisamente, a importar este material desde Turquía para su posterior venta en España. Las pesquisas le relacionan con algunas de las seis adjudicaciones bajo sospecha, pero también con otras que aún no han sido investigadas a fondo.

Una de éstas últimas son los trabajos para transferir aguas desde el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentín, en la Región de Murcia, por un importe de 6,5 millones de euros. En otra desarrollada en el valle almeriense de Almanzora se ha detectado que se instalaron tuberías de fundición cuando estaban previstas otras de acero inoxidable. Todo ello sin justificación y con un coste muy superior al previsto en el proyecto inicial. No es la primera vez que Moreno Maestre se ve implicado en un caso de corrupción. La Audiencia Provincial de Sevilla también le investiga en el llamado 'caso Marisma' por un supuesto fraude de certificaciones falsas de obras.

'Transferencia' de sobrecostes

La 'Operación Frontino' también ha detectado irregularidades en los seguros de obra y en la transferencia de sobrecostes de una adjudicación a otra supuestamente para camuflarlos. El relato de los trabajadores de Acuamed señalan como ejemplo de ambas irregularidades las obras de la desaladora Bajo Almanzora, en Almería, un proyecto de 77,6 millones de euros que ha estado rodeado de polémica desde 2012, cuando unas inundaciones provocaron graves destrozos en la mismas. Supuestamente, los daños causados deberían haber estado cubiertos por un seguro suscrito por la empresa que ganó el concurso, FCC Construcciones. Sin embargo, esta garantía obligatoria supuestamente no existía porque inexplicablemente Acuamed nunca se la exigió.

El juez investiga si FCC 'transfirió' de manera irregular los sobrecostes en una desaladora a otro de los trabajos que realizaba para Acuamed

Además los trabajos de esa desaladora tuvieron un elevado sobrecoste que de manera presuntamente irregular se transfirieron a otra obra en la que la empresa también había sido adjudicataria, la limpieza del embalse de Flix, en Tarragona, unos trabajos que se elevaron a los 194 millones de euros. En el caso de FCC, ahora ha sido detenido Miguel Jurado, el presidente de esta filial, así como otros tres empleados de menor rango, entre ellos el también directivo Santiago Farré.

EMPRESAS grandes, medianas y pequeñas

Una decena de empresas obtuvieron los seis contratos adjudicados por Acuamed que están siendo investigados en el marco de la 'Operación Frontino'. Algunas de ellas pertenecen a tres grandes grupos: Acciona, FCC y Abengoa. El resto son constructoras de tamaño mediano y pequeño. Acciona se hizo en 2006 con el mayor de los contratos investigados: el de la desaladora de Torrevieja, adjudicada a una UTE compuesta por tres de sus filiales; Acciona Infraestructuras (cuyo director general, Justo Vicente Pelegrini, ha sido arrestado), Infilco y Pridesa. Junto a ellas, la compañía valenciana Romymar, actualmente disuelta.

Romymar pertenecía al empresario Ramón Romero, que contaba con diversos negocios inmobiliarios en Valencia, entre ellos el complejo hotelero La Calderona. Habitual contratista de la Administración, llegó a contar en su consejo de administración con el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, que en su día también apareció salpicado en la trama Gürtel. En 2010, los efectos de la crisis llevaron a Romymar a solicitar el concurso voluntario de acreedores. Romero inició negociaciones con la banca, que no llegaron a cuajar, e incluso mantuvo conversaciones con Ángel de Cabo, experto en la adquisición de empresas en ruina. Finalmente terminó liquidada y disuelta.

FCC es otro de los grandes grupos que participó en los contratos investigados en la 'Operación Frontino'. En concreto, se llevó también en 2006 la licitación de la desaladora de Baja Almanzora, en una UTE con Befesa, por entonces filial de Abengoa. En 2012, un consorcio compuesto por FCC Construcción y FCC Ámbito se hizo con la primera fase del proyecto de eliminación de contaminación química del embalse de Flix, en Tarragona. Precisamente, Miguel Jurado, presidente de FCC Construcción, fue uno de los detenidos en el transcurso de la operación llevada a cabo el lunes por la Guardia Civil. El nombre de uno de sus antecesores, José Mayor Oreja, aparecía en los llamados ‘papeles de Bárcenas'. Mayor Oreja dejó el grupo a comienzos de 2013.

Entre las empresas de mediano tamaño se encuentran Sogeosa y Torrescámara, que en 2009 formaron una UTE para adjudicarse las obras de mejora del drenaje de la cuenca de Rambla Gallinera. Ambas cuentan con una destacada presencia internacional. Por su parte, Altyum aparece en dos de los contratos. En 2014, se adjudicó en solitario el proyecto de refuerzo de la red de abastecimiento de los municipios de Mutxamell y Campello. Cinco años antes había logrado, en consorcio con la ya citada Romymar, un contrato para la prevención de inundaciones del río Serpis a su paso por la localidad de Gandía. Por entonces, la compañía aún tenía el nombre de Altec Infraestructuras, aunque posteriormente se desligó del grupo Altec y adquirió su actual denominación. El artífice de esa operación fue su hoy presidente y consejero delegado, Nicolás Steegmann, que también figura entre los detenidos.

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