Más de 160 periodistas denuncian ante la Fiscalía y el CGPJ la condena de cárcel de una compañera

Más de 160 periodistas se han dirigido al fiscal general del Estado, Álvaro García, y al CGPJ en protesta a la condena de dos años de cárcel a una periodista que trabajaba en el diario Huelva Información por revelación de secretos de un sumario. Los compañeros del gremio -en su mayoría de la sección de tribunales- suscriben en dos notas separadas su preocupación y rechazo a los alegatos recogidos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva contra la periodista.

Los escritos, que firman un total de 163 periodistas de cerca de 60 medios de comunicación, cuestionan el fallo de los magistrados que condenan a prisión a la periodista andaluza por revelar el sumario de la causa que se abrió por el asesinato de la joven Laura Luelmo. Además de los dos años de cárcel, la Audiencia de Huelva le inhabilita a ejercer la profesión durante el tiempo que dure la condena.

En el escrito dirigido al fiscal general del Estado -y que suscriben, entre otros, compañeros de este periódico- se traslada la "intensa preocupación" del gremio no solo por el fallo sino también por los razonamientos que acompañan al mismo en los que se determina qué es y qué no noticiable. La sentencia (que no cuestiona la veracidad de lo publicado) califica de "innecesarios e irrelevantes para el interés público" los datos recogidos por considerar que "exceden de lo que puede esperar la población general".

Un fallo que genera "inquietud"

"Que los jueces decidan qué es o no noticiable, o qué partes de la realidad deben ser publicadas u ocultadas a los ciudadanos es, para nosotros, motivo de inquietud. No porque cuestionemos la autoridad de los jueces, sino porque deben explicar los criterios en los que basan sus decisiones para que éstas no sean arbitrarias o generen inseguridad jurídica. La sentencia dictada incurre, a nuestro juicio, en ambas cosas", reza el escrito.

Los periodistas de tribunales sabemos que la intimidad es uno de los límites a la libertad de información. No justificamos el amarillismo. Pero es exigible una ponderación entre ambos derechos que la Audiencia de Huelva omite por completo Nota remitida al fiscal general

Los periodistas firmantes no valoran la ética o falta de ella de la compañera que publicó el sumario del caso, sino que se centran en analizar los razonamientos de los magistrados para condenarla por presunta revelación de secretos. Sobre este asunto advierten de que el secreto de la instrucción no es exigible a los periodistas, sino exclusivamente a aquellos obligados a guardarlo (artículo 197 del Código Penal).

"Los periodistas de tribunales sabemos que la intimidad es uno de los límites a la libertad de información. No justificamos el amarillismo ni las invasiones de la intimidad que no tengan una estricta motivación periodística. No todo vale en nuestro oficio. Pero es exigible una ponderación entre ambos derechos que la Audiencia de Huelva omite por completo. Una explicación de por qué el derecho a la información debe ceder respecto a esos datos cuya difusión se considera delictiva", sigue la nota.

Los periodistas recuerdan al fiscal general (cuyo órgano pedía dos años de cárcel para la redactora) la labor de los medios de comunicación en su condición de garantes de informar a la opinión pública de un derecho que deben conocer; esto es: cómo se investigan y se persiguen delitos. Y para ello se sirven de datos contrastados que forman parte de la instrucción de las causas. Por ello se pide al fiscal general que "sea consciente" de que este tipo de actuaciones atentan contra el derecho a la información de los ciudadanos.

'Efecto desaliento' en los periodistas

Del mismo modo también se envía otro comunicado al Consejo General del Poder Judicial en el que se especifica que la represión penal de los posibles excesos que habría cometido la periodista en sus informaciones deberían ser sancionados, en todo caso, en la jurisdicción civil, pero no penal.

"La represión penal de los posibles excesos cometidos, en lugar de ser sancionados por la jurisdicción civil, puede causar en los periodistas un 'efecto desaliento' enormemente perjudicial para el derecho a la información de los ciudadanos. Ninguna institución implicada en la defensa de los derechos fundamentales puede ser indiferente ante ese riesgo", indica la nota.

"Creemos que el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas misiones esenciales es procurar que los órganos judiciales actúen de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos, no debe permanecer ajeno", añade. Al hilo se recuerda que los periodistas de tribunales deciden lo que publican conforme al derecho de los ciudadanos a la información y también al interés periodístico del asunto en cuestión.

Primera condena por revelación de secretos

En este caso la Audiencia Provincial de Huelva condenó a una periodista por informar del sumario de la causa sobre el crimen de Laura Luelmo. Se trata de un asunto a todas luces noticiable del que medios de todo el país se hicieron eco desde su desaparición en diciembre de 2018. Así pues, se fue informando del dispositivo de búsqueda, del hallazgo del cuerpo, de la apertura de la causa judicial y de la posterior condena de Bernardo Montoya, autor del crimen.

Sin embargo, el pionero fallo que condena a la periodista a dos años de cárcel por revelación de secretos argumenta que hay datos que "no son noticiables". Tras analizar una a una todas las noticias publicadas por la periodista en Huelva Información, los magistrados concluyeron que en este caso no debería imperar la libertad de información.

Así, por ejemplo, tildan de "irrelevantes e innecesarios" los datos de una noticia acerca del cambio de las versiones del asesino de Luelmo o dicen que la información aportada sobre el estudio forense a la víctima excedía "la necesaria labor informativa". También le acusan de contar lo sucedido de manera banal y con frases totalmente fuera de contexto.

El tribunal condena que tuviera acceso de manera "ilegítima" al sumario policial o que fuera muy precisa a la hora de informar de sus últimas horas de vida, teniendo en cuenta que fue objeto de una agresión "brutal" que le causó la muerte. Con todo, el polémico fallo ha sido recurrido, de manera que la última palabra sobre esta condena la tendrá el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.