El Tribunal de la Haya condena a España a indemnizar con 30 millones a la francesa EDF

La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA) ha condenado a España a indemnizar al grupo energético francés EDF con un pago de 29,6 millones de euros por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. El proceso quedó resuelto el pasado mes de abril, aunque la publicación definitiva del laudo y su comunicación oficial al gobierno de nuestro país se ha producido en los últimos días.

EDF es una de las empresas más importantes afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables, pero la lista también incluye a otras corporaciones como RWE, Antin o NextEra. El próximo movimiento se espera que sea la resolución del proceso que involucra a E.ON, cuya reclamación asciende a los 600 millones de euros.  

La mayoría de los laudos se han canalizado a través del Banco Mundial y de su Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Sin embargo, el proceso de EDF se tramitó ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA), de modo que esta resolución amplía la cobertura legal que están recibiendo los denunciantes ante los tribunales internacionales.  

España se niega a pagar las demandas legales y deudas contraídas con los inversores en energías renovables a pesar de los múltiples laudos arbitrales dictados contra España, y de las recientes sentencias dictadas contra España por los tribunales ingleses y australianos.

Un factura de 1.200 millones

España acumula más de 1.200 millones de euros en laudos pendientes de pago. Asimismo, la estrategia del gobierno de Pedro Sánchez de negarse a resarcir a los afectados ha generado un coste adicional de 250 millones de euros en concepto de gastos legales, condenas en costas e intereses de demora.

Algunas de las compañías afectadas han puesto en marcha distintos procesos legales orientados a conseguir el embargo de bienes del Reino de España.

De momento, los denunciantes han logrado el visto bueno de la justicia británica y australiana y han abierto la veda a la incautación de todo tipo de activos. En el caso de EDF, la sentencia condenatoria con España puede desatar nuevos procesos de embargo de bienes en países como Suiza.

España tiene varios frentes

Las decisiones históricas de abril y mayo de 2023 de los Tribunales Superiores de Londres y Australia han confirmado la ejecución de los laudos contra España, lo que sienta un precedente significativo para que otros inversores en energías renovables persigan y potencialmente embarguen los bienes de los estados miembros de la UE por deudas impagadas, si así fuese decidido por el tribunal de arbitraje del CIADI del Banco Mundial.

Los inversores han empezado a embargar activos extranjeros propiedad del gobierno español, incluido el Instituto Cervantes, cuentas bancarias asociadas en el Banco Santander en Londres, la "Embajada Empresarial" de Cataluña en Londres, y han bloqueado la liberación de fondos para la reclamación del seguro del vertido de petróleo del "Prestige".

Ahora existe una alta probabilidad de que se produzcan muchos nuevos embargos de activos extranjeros españoles. El Ministerio de Transición Ecológica ha autorizado el desembolso de 300.000 euros para contratar los servicios del bufete helvético MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep e intentar evitar la incautación de activos del Reino en dicho país.   

Se apoya en Bruselas

Actualmente, España, con el apoyo de la Comisión Europea, está trabajando para anular las indemnizaciones concedidas basándose en el principio de que son incompatibles con la legislación de la UE y, por tanto, constituyen una ayuda estatal ilegal. 

Al negarse a pagar los Laudos del CIADI, España socava el orden jurídico internacional y pone en tela de juicio todo el sistema de tratados internacionales de inversión y arbitraje. El país corre el riesgo de esta manera de debilitar también la confianza de los inversores extranjeros y de las instituciones financieras internacionales.

Las ramificaciones son probablemente más amplias que meras disputas legales, argumentaron. Es probable que las acciones de España afecten sus ambiciones de atraer inversiones extranjeras, su posición financiera internacional, y la calificación crediticia del país.