El Gobierno no contempla en su Programa de Estabilidad 2021-2024 ni en su Plan Nacional de Reformas, remitidos este viernes a Bruselas, implementar medidas de recorte del gasto público como congelar las pensiones o el sueldo de los empleados públicos, sino que se compromete a seguir subiendo ambas partidas conforme al IPC de aquí a 2024.
"La estrategia fiscal recoge un escenario inercial (...) que incorpora, entre otros, el Impacto de los RDL 20/2020, 34/2020, 2/2021 y 5/2021, así como la actualización de pensiones y cotizaciones y una subida retributiva de los salarios públicos constante todos los años", recoge el Ejecutivo en el documento de 138 páginas, publicado esta tarde.
No sólo no contemplan una congelación de estas partidas, sino que señalan que "a partir de 2022 y siguientes se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de precios".
El Gobierno ya había comunicado que su reforma del sistema de Seguridad Social incluiría una modificación del sistema de revalorización de acuerdo al IPC, pero no había expresado hasta ahora su compromiso de seguir subiendo el sueldo de los funcionarios y empleados públicos acorde a la inflación.
La subida de los funcionarios ya generó polémica en 2020
Para el año 2020, el Gobierno aprobó una subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios del 0,9%, en línea con la inflación estimada, una decisión que suscitó muchas críticas dada la situación de vulnerabilidad que atravesaba el país.
Instituciones como el Banco de España cuestionaron la subida, llegando a sugerir que el Ejecutivo sólo debía subir el sueldo de los sanitarios. El supervisor lamentó además que la inflación fue finalmente menor de lo previsto, con lo que se produjo un incremento del poder adquisitivo de estos colectivos.
"Este desajuste (prever más inflación que la que luego existe) provoca un incremento del gasto público especialmente cuestionable en una situación de importante destrucción de empleo en el conjunto de la economía y de un deterioro muy acusado, sin precedentes históricos recientes, en las cuentas públicas. Dicho esto, en mi opinión, sería más conveniente que, en lugar de adoptar incrementos salariales generalizados para los trabajadores públicos, se valorase la posibilidad de implementar, de acuerdo con criterios objetivos, aumentos más focalizados dentro de este colectivo, por ejemplo, en el personal sanitario", decía Pablo Hernández de Cos, el gobernador.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) compartía la misma opinión: "Los compromisos de subir de forma permanente el actual ratio de gasto, por ejemplo mediante la subida del sueldos públicos y de pensiones, se deberían evitar dado el alto déficit estructural y la presión del gasto a largo plazo por el envejecimiento de la población", advertían el pasado mes de noviembre.
El Gobierno no computa subidas de impuestos ni los fondos europeos
Pese a que no contempla recortes de gasto vía pensiones o sueldos públicos, y tampoco recoge un plan para incrementar los ingresos del Estado, el Ejecutivo se compromete a ir reduciendo el déficit público en los próximos años: bajará del 11% del PIB de 2020 al 8,5% en 2021, al 5% en 2022, al 4% en 2023 y al 3,2% en 2024.
Este esfuerzo de consolidación implicaría un recorte del gasto combinado con un incremento de los ingresos públicos, pero el Ejecutivo no da los detalles de cómo lo logrará.
Sí admite que se realizará una reforma fiscal para incrementar la recaudación fiscal y asemejar la presión fiscal a la media de la Unión Europea -lo que supondría ingresar unos 72.000 millones de euros adicionales al año con los impuestos-, pero no especifica qué impuestos se modificarán.
"Esta estrategia fiscal también implica que, cuando las condiciones económicas lo permitan, se aplicarán políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo", señalan.
El Plan tampoco incluye el impacto que podrían tener en la economía las reformas estructurales que el Gobierno tiene que llevar a cabo para satisfacer a Bruselas y que aparecen esbozadas de forma ambigua, sin ningún grado de detalle sobre las medidas concretas ni sobre los plazos de implementación.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconocía este viernes a la prensa que las reformas no han sido incluidas porque el Gobierno primero tiene que negociarlas con los agentes sociales y, después, tiene que conseguir traducirlas en normas que pueda sacar adelante en el Parlamento, una tarea complicada dado su poco peso en el Parlamento.
No se tiene en cuenta por tanto el impacto que podría tener una eventual reforma de las pensiones en la sostenibilidad de la Seguridad Social, ni el de una reforma fiscal que consiguiera incrementar los ingresos fiscales del Estado, por ejemplo.
