Publicado: 30/04/2021 11:44
Actualizado: 30/04/2021 12:18
El Gobierno ha actualizado al alza su previsión de déficit público hasta el 8,4% del PIB en 2021, siete décimas más de lo que había pronosticado en su Plan Presupuestario de 2021, debido al menor crecimiento económico esperado para este ejercicio, según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación del Programa de Estabilidad este viernes.
Si se tiene en cuenta que el Ejecutivo asume ahora un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 6,5% para 2021, un desfase presupuestario equivalente al 8,4% del PIB supone una diferencia entre gastos e ingresos de unos 100.340 millones de euros. Este pronóstico parte de un escenario inercial, es decir, no tiene en cuenta las reformas estructurales que va a emprender el país para cumplir con Bruselas.
En este escenario el Gobierno sí ha asumido una prórroga de los ERTE a lo largo de 2021, pese a que la nueva extensión a partir del 31 de mayo tiene que negociarse.
La senda de consolidación de déficit para el próximo trienio será la siguiente: el déficit bajará al 5% del PIB en 2022, al 4% en 2023 y al 3,2% en 2024. Esto supone que todavía dentro de tres años, el nivel de déficit público seguirá por encima del déficit excesivo que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. (límite del 3%).
"Aunque las reglas fiscales están suspendidas en el año 2020 y 2021, hemos pedido que sigan suspendidas en 2022, pero demostramos que la responsabilidad fiscal se mantiene intacta", ha defendido Montero en rueda de prensa.
Respecto a la deuda pública, la ministra prevé que se sitúe en el 119,5% del PIB en 2020, por encima de su última previsión (117,4% del PIB) y que vaya bajando hasta situarse en 2024 en el 112,1% del PIB.
Actualización de los últimos pronósticos de déficit y deuda
El Gobierno había previsto en su Plan Presupuestario de 2021 que el déficit público de este año se recortara hasta el 7,7% del PIB, respecto al 11% que registró a cierre del año pasado, teniendo en cuenta el impacto de la Sareb. En ese plan no incluyeron previsiones para el periodo 2022-2024 debido a la alta incertidumbre.
Por administraciones, habían pronosticado un desfase presupuestario del 2,4% para la Administración Central; del 2,2% para las Comunidades Autónomas; del 0,1% para las Entidades Locales (ayuntamientos); y del 3% para la Seguridad Social.
En la actualización presentada este viernes, la Administración Central asume casi todo el déficit (6,3%), las Comunidades Autónomas tendrán un déficit del 0,7% -seis décimas superior-, las corporaciones locales del 0% y la Seguridad Social, del 1,5%. La ministra ha garantizado que las transferencias del Estado a la Seguridad Social se mantendrán durante todo el escenario.
Menor crecimiento del PIB
En el plan Presupuestario el Gobierno no había tenido en cuenta que el PIB crecería menos de lo inicialmente previsto ni tampoco que tendrían que aplicar medidas de protección de rentas, como la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, o el fondo de 11.000 millones para dar ayudas a empresas.
Estas medidas de gasto suponen que el déficit se desviará más de lo previsto, además de que la ratio de déficit sobre PIB aumenta en tanto que el PIB es menor de lo estimado (efecto denominador).
La actualización del déficit público para 2021, por parte del Ministerio de Hacienda, se ha producido días después de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, actualizara a la baja su previsión de crecimiento hasta el 6,5%.
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El crecimiento sano y sostenible se consigue endeudandose lo menos posible y sólo para financiar inversiones productivas, apostando por la competitividad y por una economía eficiente.
El estancamiento, la deflación y la ruina se consiguen endeudandose para cubrir gastos corrientes y para pagar sueldos y privilegios de muchos políticos, sindicalistas y empleados públicos no sujetos a la competencia, perfectamente prescindibles.
Hay que reducir drásticamente el coste de la política y el de la Administración, mandando a la economía competitiva a los políticos, a los empleados públicos y a los sindicalistas liberados que no aporten a la sociedad un valor añadido que compense el coste que nos ocasionan.
Cada dia está más claro que es urgente reducir gastos públicos para equilibrar los presupuestos y reducir deuda pública.
Como cualquier empresa privada, las empresas públicas y la Administración pública también han de ser competitivas, han de prestar sólo los servicios públicos necesarios para el interés general siempre al menor precio posible.
El Gobierno exige que las empresas privadas sean competitivas, creando incluso una Comisión Nacional de la Competencia, mientras las empresas públicas y la Administración Pública (que estamos obligados a financiar tanto si nos gusta como si no) quedan al margen de esta exigencia de competitividad.
Es injusto.
Los políticos y empleados públicos quedan exentos de las exigencias que conlleva la competencia mientras sus financiadores han de soportarlas.
En el contexto de crisis, paro y deuda en el que nos encontramos, es urgente conseguir la máxima competitividad también en las empresas públicas y en las Administraciones Públicas.
Hay mucho margen para reducir gasto público y para que efectivamente prevalezcan la Justicia, la Libertad y la Igualdad, pilares en los que, según el artículo 1 de la Constitución, se fundamenta nuestra convivencia.
La senda de reducción del déficit del partido sanchista no es creible, ya que sólo se fía al crecimiento del PIB. En ningún caso se producirá una racionalización del gasto, antes al contrario, con los fondos europeos habrá un despilfarro que dejará en ridículo al realizado durante la burbuja inmobiliaria.