La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el vehículo público a través del cual el Gobierno canaliza sus inversiones, ha arrancado el proceso formal para buscar asesores jurídicos y financieros que le ayuden a gestionar el aluvión de peticiones de empresas que quieren acceder a los 10.000 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
La SEPI, con la autorización del Consejo de Ministros desde el pasado 22 de septiembre, ha puesto en marcha una licitación valorada en 42 millones de euros dividida en dos lotes, el primero para buscar asesores económico-financieros y el segundo para fichar asesores jurídicos. El organismo no se atreve a precisar el número de empresas que van a necesitar ayuda, pero prevé que el número de solicitudes sea “importante” y alerta de la complejidad financiera y jurídica de los rescates.
Los asesores que se postulen pueden presentarse solo a uno de los lotes o a los dos. Para el primer lote, el volumen de facturación de la compañía debe ser de 25 millones y de 15 millones en el caso de los despachos de abogados. También se exige un seguro de responsabilidad civil valorado en 5 millones de euros. El plazo de presentación de este 'beauty contest' estará abierto hasta el 9 de octubre.
Apoyo al Consejo Gestor
Según se desprende de la documentación consultada por Vozpópuli, los 42 millones se han marcado como la cantidad máxima de gasto destinado a asesores, por lo que la cuantía que finalmente se desembolse podría ser inferior. El objetivo es constituir un panel formado por hasta 20 asesores económicos y otros 20 jurídicos y, en función del tipo de operación y su complejidad, se escogerán a aquellos asesores más especializados para cada asunto.
Los seleccionados se encargarán de dar cobertura al Consejo Gestor del fondo constituido por el vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen y el secretario general y del Consejo y director jurídico de SEPI, Javier Loriente.
Duro Felguera y Globalia son dos de las empresas que han admitido que han solicitado ayuda a este fondo. La primera ha pedido cien millones y la segunda 400 millones. Otras empresas que también están estudiando hacer una solicitud formal son Celsa, la mayor compañía siderúrgica de Cataluña, y la hotelera Hotusa, dueña del Eurostars y EXE Hotels.