Sánchez se juega 8.000 millones ante Bruselas por su batalla fiscal con los barones del PP

La batalla fiscal que enfrenta a Pedro Sánchez con las comunidades autónomas en las que gobierna el PP se inclina del lado de los populares por goleada. El intento del Ejecutivo del PSOE de impedir las rebajas de impuestos de los barones del PP con una armonización fiscal se ha saldado con un sonoro fracaso. El amplio poder territorial que atesora el PP desde las elecciones autonómicas ya se ha concretado en una batería de rebajas de impuestos, -las últimas, anunciadas por La Rioja este lunes- que el Ejecutivo no ha podido controlar al haber renunciado a realizar una reforma de la fiscalidad patrimonial. A lo que se suma que el impacto del impuesto a grandes fortunas, dirigido precisamente contra las autonomías del PP y, en concreto, contra Madrid y Andalucía, ha sido menor del esperado, en buena parte por un error de Hacienda en su redacción.

Pero el problema va más lejos de la contienda política. Además de las implicaciones presupuestarias de esta guerra, que a las comunidades más avanzadas, Madrid y Andalucía, les ha dado buenos resultados de momento, hay una vertiente de gran trascendencia sobre la que el Gobierno pasa ahora de puntillas: la citada armonización fiscal al alza de los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones para obligar a la Comunidad de Madrid a subirlos es una de las promesas de Sánchez a la Comisión Europea en el Plan de Recuperación. En concreto, forma parte del quinto tramo a cambio de 8.000 millones de euros.

Algunos expertos han considerado que esta medida supone una intromisión de Bruselas en la política española por tratarse de un asunto que enfrenta al Gobierno del PSOE con las comunidades del PP. Pero la cuestión ahora mismo es que es uno de los compromisos cerrados a cambio de fondos UE.

No se ha hecho nada de ello. No se ha tocado el Impuesto de Sucesiones, que los barones del PP ahora rebajan o bonifican en masa. Y para Patrimonio, se ha habilitado el impuesto a grandes fortunas, un "parche", según han denunciado este lunes los Economistas, una armonización por la puerta de atrás.

El Componente 28 del Plan "afirma que habrá una reforma fiscal que deberá entrar en vigor en el primer trimestre de 2023, con medida de coordinación de distintos tributos a nivel autonómico para que no haya competencia fiscal".

La decisión del Consejo Europeo de junio de 2021 sobre el Plan de Recuperación de España establece que en el primer trimestre de 2023 deberán entrar en vigor "las reformas derivadas de las recomendaciones del comité de personas expertas relativas a los diferentes elementos del sistema tributario español, con el fin de acercar la ratio ingresos/PIB del Estado español a la media de la UE". Se trata del quinto pago, de más de 8.000 millones, que medirá las reformas e inversiones realizadas hasta el 30 de junio de 2023, entre ellas, la reforma fiscal que aplique las propuestas del comité de expertos designados con este fin.

El compromiso concreta que se debe "garantizar un impuesto mínimo sobre la renta de las sociedades, hacer que el sistema tributario sea más eficiente, modernizarlo y adaptarlo a las nuevas tendencias, lo que incluye una perspectiva de género, centrándose en los ámbitos de la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la armonización de la tributación patrimonial y la fiscalidad de las actividades económicas emergentes".

Nada de lo que plantean los expertos en su Libro Blanco que no estuviera ya en marcha se ha hecho, y de lo que sí se ha aprobado, la creación de los impuestos a banca y energéticas no forma parte de sus propuestas, y el impuesto a grandes fortunas, que podría parecer alineado con la armonización de Sucesiones y Patrimonio que plantean, tampoco.

De hecho, los sabios abogan por imponer tipos máximos y mínimos que deberá ponderar el Gobierno en una reforma de los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y no un impuesto como el de grandes fortunas, pergeñado en un mes como enmienda a una ley no orgánica.

El impuesto a grandes fortunas no sólo es un "parche", es que ha recaudado menos de la mitad de los 1.500 millones que hace un año el Gobierno comunicó a Bruselas en el Plan Presupuestario que preveía ingresar

La propia ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, declaró la semana pasada en Bruselas que se discutirá con las comunidades autónomas el modo de gravar la riqueza y el patrimonio, pero que mientras se buscan las posibles figuras en el marco del debate sobre la financiación autonómica se mantendrá el impuesto a grandes fortunas.

La armonización de Sucesiones y Patrimonio es por lo tanto una de las promesas del Gobierno a Bruselas susceptibles de ser modificadas o retrasadas en la negociación de la adenda, en la que se intenta cerrar contrarreloj 70 cambios secretos en el Plan de Recuperación, entre los que se incluye anular el compromiso del pago de peajes en autovías en enero de 2024.

El problema de prometer a Bruselas la creación de impuestos es que llevan aparejada una recaudación, como ha recordado este lunes Belén Palao, abogada que ha elaborado el informe sobre El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que ha presentado la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). "Los impuestos vinculados a compromisos europeos se revisan con mucha exactitud", ha advertido Palao.

Y es que es impuesto a grandes fortunas no sólo es un parche, sino que ha recaudado menos de la mitad de los 1.500 millones de euros que en octubre de 2022 el Gobierno comunicó a Bruselas en el Plan Presupuestario que preveía recaudar.

El pasado miércoles, Hacienda informó de que el impuesto a los ricos ha recaudado 623,6 millones de los 1.500 previstos. Este roto se debe al error del Fisco con las prisas para que entrara en vigor de forma exprés y retroactiva en 2022, que no se corrigió, y que rebaja un 80% lo que deben pagar madrileños y andaluces, contra quienes se dirige, al permitirles descontarse la cuota íntegra que pagarían si el impuesto no estuviera bonificado al 100%. 

Alud de rebajas de impuestos

Ni un día sin una rebaja de impuestos en las comunidades del PP. Una deducción en el IRPF del 15% durante los ejercicios 2023 y 2024 para hipotecas suscritas desde enero de 2013; y otra del 30% o para el gasto deportivo de los hogares, del cien por cien para mayores de 65 años y personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% son las rebajas fiscales que ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. 

Ambas deducciones se aplicarán con carácter retroactivo "para que el ahorro se produzca ya en la declaración de la Renta de 2023", ha destacado Capellán.

Los nuevos Gobiernos autonómicos del PP en Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana y Canarias van a bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, mientras que en Aragón y Cantabria van a rebajarlo.

La presidenta balear, Marga Prohens, ha adelantado que bonificará al cien por cien el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para padres a hijos, abuelos a nietos y entre cónyuges, y ha rebajado el de Transmisiones Patrimoniales para la compra de primeras viviendas para jóvenes y personas con discapacidad.

En el caso de Canarias, donde gobiernan CC y PP, se bonifica Sucesiones y Donaciones y se reduce del de combustibles en las islas verdes.

En Aragón, Jorge Azcón, que comparte Gobierno regional con Vox, adelantó en su debate de investidura que también tiene pensado rebajar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y que deflactará el IRPF.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha aprobado una bajada del IRPF, además de otra reducción de la Tarifa 0 para nuevos autónomos.

No todo son rebajas de Sucesiones. Como ha subrayado este lunes el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), Extremadura ha anunciado que va a bonificar al 100% Patrimonio, con lo que no le importa activar así el impuesto a grandes fortunas plenamente y que la recaudación se la lleve el Estado.

En el caso de Cantabria, María José Sainz de Buruaga ha adelantado que la próxima semana dará a conocer su reforma fiscal para 2023, que supondrá "la mayor bajada de impuestos de la historia de Cantabria", en la que todos se reducirán.