Avalancha de impugnaciones del Impuesto a los ricos antes de que falle el TC

Eclosión de impugnaciones del impuesto a los ricos. El anuncio que hizo la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en julio sobre esta avalancha, que preveían que iba a ocurrir en septiembre se ha cumplido, reforzada ahora por la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva a finales de año sobre los recursos que ha admitido contra el impuesto.

En este sentido se han pronunciado desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) este lunes en una sesión que han organizado sobre la situación actual de la tributación de la riqueza. "Hemos planteado a nuestros clientes que es el momento de ir preparando la impugnación, de analizar en cada caso si conviene hacerlo", ha trasladado Agustín Fernández, presidente del Reaf. "Todo aquél que tenga un importe a ingresar mínimamente relevante si no lo hace pierde una oportunidad", ha insistido en relación a un fallo del TC este año que ha avanzado Cinco Días y que fuentes jurídicas consultadas toman en consideración. A diferencia del bulo que se propagó a finales de julio sobre que el Alto Tribunal iba a dictar sentencia de improviso.

"Aconsejamos no despistarse, tenemos la experiencia de lo que ocurrió con la plusvalía municipal", ha declarado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, en alusión a que quien no hubiera recurrido antes de que se publicara el fallo no puede beneficiarse de éste.

El Constitucional, en su sentencia de 2021 que anuló la plusvalía, estableció que sólo podían reclamar los contribuyentes que hubiesen presentado un recurso antes de la fecha del fallo, lo que ha refrendado el Tribunal Supremo en julio.

Por su parte, Aedaf, ha constatado este lunes que ha proporcionado un formulario a sus asociados para que los clientes impugnen. Su presidenta, Stella Raventós, se ha congratulado si finalmente el TC se pronuncia en un tiempo breve.

Hay un "interés general" en impugnar, ha constatado Javier Gomez Taboada, vocal responsable de Estudios e Investigación de Aedaf.

Abogados que preferían esperar para recurrir son ahora partidarios de acelerar el proceso, traslada Esaú Alarcón, miembro del Consejo Asesor Institucional de Aedaf.

En julio, esta asociación ya advirtó de que el Estado tendría que devolver con intereses el impuesto temporal a grandes fortunas si se declara inconstitucional a quienes hayan recurrido, por lo que recomiendan a los contribuyentes que liquiden el tributo e "impugnen". Lo mejor, hacerlo una vez acabado el periodo de pago voluntario, que se extiende entre el 1 y el 31 de julio, preferentemente en septiembre.

"Esto es pan para hoy y hambre para mañana, ya que todas las impugnaciones que recomendamos realizar pueden traer como consecuencia un coste mucho mayor al Estado, que tendrá que devolver lo recaudado más los intereses de demora al cabo de unos años. A medio plazo esto daña las arcas públicas", ha denunciado Raventós.

Eliminar Patrimonio

Sobre la tributación de la riqueza en España, el presidente del Consejo General de Economistas ha resaltado que "si consideramos que España tiene una economía totalmente globalizada, que el Impuesto sobre el Patrimonio es anecdótico en el conjunto de los sistemas tributarios y presenta problemas técnicos y de equidad en nuestro territorio, lo razonable sería suprimirlo, aunque caso distinto es el del Impuesto sobre Sucesiones que, aunque esté sometido también a debate, con determinados cambios puede jugar un papel redistributivo y para fortalecer la igualdad de oportunidades".

Por su parte, Agustín Fernández ha planteado que "el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas no debería hacerse permanente porque se configura como un parche al Impuesto sobre el Patrimonio y se ha aprobado siguiendo una trayectoria parlamentaria singular".

Denuncia a la Comisión del impuesto al plástico

Aedaf ha presentado este lunes un informe sobre El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que firma la abogada Belén Palao, que ha advertido de que los defectos técnicos del impuesto y la complejidad administrativa suponen "obligaciones administrativas de altos costes e imposible cumplimiento para miles de pymes españolas que no están preparadas para acometerlos".
Palao, miembro del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de Aedaf, ha señalado que el impuesto impone barreras administrativas que podrían afectar a las adquisiciones intracomunitarias, por lo que podría vulnerar el tratado fundacional de la Unión Europea. Por ello, la Asociación Española de Asesores Fiscales ha denunciado el impuesto ante la Comisión Europea.

Según ha explicado Palao, la Asociación considera que el impuesto podría reunir las condiciones para ser considerado "exacción de efecto equivalente, y por tanto, nulo de pleno derecho en la parte que afecta a las adquisiciones intracomunitarias".