Hacienda endurecerá el impuesto a las grandes fortunas cuando Sánchez sea investido

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha declarado públicamente que el impuesto a grandes fortunas será permanente. Que mientras se buscan posibles figuras en el marco del debate sobre la financiación autonómica se mantendrá. Es decir, que este impuesto temporal para 2022 y 2023 seguirá por lo menos un par de años más, ante la dificultad de negociar, tramitar y completar una reforma de la financiación autonómica, aunque haya voluntad de hacerlo. Y a nadie se le escapa que podría quedar ya instalado en el sistema como ocurrió con el Impuesto sobre el Patrimonio, que nació en 1977 como "excepcional y transitorio".

Pero el Fisco no prevé mantenerlo tal cual está, sino endurecerlo para corregir el error en su redacción que ha costado cerca de 900 millones de euros a las arcas públicas en su primer ejercicio, según las cifras de recaudación (623,6 millones) recién publicadas por la Agencia Tributaria.

Así lo han trasladado a Vozpópuli fuentes próximas a la ministra, preguntadas por si prevén corregir el fallo, aunque no lo llaman "error". Consideran que la Agencia Tributaria siempre intenta arañar recaudación y así lo explican el borrador de Modelo de declaración que remitieron al Consejo de Estado. Éste corregía el error, precisamente, para no perder recaudación; pero finalmente no fue incorporado, por las duras críticas del máximo órgano consultivo, que afeaba que una orden ministerial corrigiera la ley.

Hacienda ya había advertido de que valoraría hacerlo permanente, lo que se incluyó formalmente en el texto. La enmienda de los Grupos Socialista y de Podemos, que introdujo el impuesto a grandes fortunas en la proposición de ley que creaba los impuestos a banca y energéticas -el pasado noviembre-, estableció que se analizaría. "En cuanto a su ámbito temporal, se prevé una vigencia de dos años, de manera que resulte aplicable en los dos primeros ejercicios en que, a partir de su entrada en vigor, se devengue dicho impuesto, si bien se introduce una cláusula de revisión, para efectuar una evaluación de sus resultados al final de su vigencia y valorar su mantenimiento o supresión", dice el texto.

Cuando se redactó el impuesto, se suponía que este trance se produciría cerca de las elecciones generales, ya que Pedro Sánchez insistía en que quería agotar la legislatura y se daba por supuesto que serían en diciembre de 2023. Ahora podría coincidir el trámite con los comicios si finalmente los hay en enero.

Gobierno en funciones

¿Puede un gobierno en funciones prorrogar el impuesto? De entrada, no. Pero sí cabe hacerlo de la misma forma en que se gestó, a través de una proposición de ley, en la que también se puede corregir el error. Esta fórmula, como ocurriera con la proposición de ley que crea el impuesto, evita además los controles del Consejo de Estado, del CGPJ y de audiencia pública, entre otros. A pesar de que la iniciativa sea del Gobierno, figura que la impulsan los grupos parlamentarios.

Aunque podría hacerse incluso estando en funciones con esta fórmula, Hacienda está siendo cauta, según ha podido saber este periódico, y transmite que en principio no se haría hasta que haya un gobierno operativo. Bastaría con que se apruebe antes del 31 de diciembre de 2024.

El pasado miércoles, Hacienda informó de que el impuesto a los ricos ha recaudado 623,6 millones de los 1.500 previstos. Este roto se debe al error del Fisco con las prisas para que entrara en vigor de forma exprés y retroactiva en 2022, que no se corrigió, y que rebaja un 80% lo que deben pagar madrileños y andaluces, contra quienes se dirige, al permitirles descontarse la cuota íntegra que pagarían si el impuesto no estuviera bonificado al 100%. 

De los 623,6 millones ingresados de 12.010 contribuyentes de los 23.000 que calculaba Hacienda, Hacienda ha detallado que el 95% procede de Madrid (555 millones), Andalucía (29,7 millones) y Galicia (9,8 millones). También ha habido ingresos en Cataluña (2 millones); Valencia (0,2 millones) y Asturias (0,1 millones). Al final 12.010 ciudadanos de los 23.000 que calculaba Hacienda han tenido que pagar el impuesto sobre la riqueza declarada en 2022. La cuota media a pagar por cada uno de ellos asciende a 52.000 euros.

El desfase en las arcas públicas se produce además cuando la recaudación se está ralentizando después de los niveles récord de 2022, y ello a pesar de que todavía persisten los efectos de la inflación y de la subida de las pensiones y de de que los salarios se han incrementado. Ahora mismo se percibe ya una ralentización económica y la Agencia Tributaria constata en su Informe de recaudación de julio que el aumento del empleo se está moderando.

"Tenemos que tener la capacidad entre todos de dialogar, (ver) cuál es la manera más eficaz de poder hacer que esas fortunas paguen", ha argumentado la ministra de Hacienda este miércoles. Su objetivo es que las grandes fortunas aporten "en la medida proporcional que están haciendo el resto de la renta", por lo que "con una u otra fórmula" deberá haber recaudación, ha planteado en Bruselas.