La hora judicial de Sánchez Galán y los directivos de Iberdrola

Ha llegado la hora de Ignacio Sánchez Galán. El presidente de Iberdrola y una comitiva de directivos de la compañía abandonan esta semana su protagonismo energético para ocupar la primera plana de la crónica judicial. Galán y los suyos pasarán por la Audiencia Nacional esta semana para explicar al juez su relación con la contratación de los servicios de espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Un asunto que se ha convertido en el principal quebradero de cabeza de Sánchez Galán en los últimos años. "Va a ser una de las semanas más incómodas de Ignacio (Sánchez Galán) como presidente de Iberdrola", comentan desde altas instancias de Iberdrola a Vozpópuli. Sus abogados defenderán que, como presidente, Galán es prácticamente imposible que conozca cada una de las 11.000 facturas que firma la empresa al año. "Cenyt (la empresa de Villarejo) ocupaba el puesto número 93 de los proveedores del departamento de seguridad de Iberdrola", defienden desde la compañía.

El 'caso Villarejo' es un tema sensible en la relación de 'amor platónico' que existe entre Galán y sus grandes inversores. La investigación del presidente ya ha afectado directamente en el negocio de la compañía. El organismo de competencia de Nuevo México (EEUU) uso este proceso para tumbar la operación de 5.000 millones de PNM que iba a convertir a Iberdrola, a través de su filial Avangrid, en uno de los principales operadores energéticos del oeste del país. Para fondos como BlackRock, firma de inversión estadounidense que controla cerca del 5% de la compañía, esta situación se habría evitado si el poder de Iberdrola no se concentrase en Galán y contara con un consejero delegado que compartiese las labores ejecutivas.

Estos grandes accionistas no han tenido ni una solo posibilidad de poder contrariar al líder de la compañía que ha hecho que su inversión crezca un 53% en los últimos tres años. Pero las cosas han cambiado en 2021. La batalla con el Gobierno español, la imputación del presidente por el 'caso Villarejo' y el fracaso de PNM han marcado el retroceso del 14% de la acción de Iberdrola. Por ello, BlackRock, Norges Bank o el máximo accionista de la compañía, el Fondo Soberano de Inversión de Catar (Qatar Investment), no perderán de vista las noticias que lleguen de la Audiencia Nacional.  

Sánchez Galán llega el martes

Los primeros en pasar por este trámite este mismo lunes son dos personas que, hasta hace pocos años, eran de la máxima confianza del presidente: Francisco Martínez Córcoles (exdirector general de negocios y su mano derecha hasta 2021) y Rafael Orbegozo (máximo responsable del gabinete de Galán hasta 2017). El martes es turno para el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y el propio Ignacio Sánchez Galán, que se estima que poco antes de las 10:30 haga entrada en la Audiencia Nacional.

Dos días después, el 20 de enero, será el turno de la declaración de Iberdrola Renovables, aunque todavía no se ha desvelado desde compañía quien será el encargado. Desde Iberdrola se espera que, una vez finalizada esta ronda de declaraciones, se archive la causa de Ignacio Sánchez Galán tal y como sucedió en julio con Isidro Fainé y Antonio Brufau.  

Imputados desde junio

El magistrado que dirige la macrocausa por los contratos de José Manuel Villarejo les imputó el pasado mes de junio por los delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. Varios fueron los motivos que llevaron al juez a acordar estas citaciones tras más de dos años de investigación penal por estos hechos. El instructor, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, precisó que existen indicios que les implican en estas contrataciones por las que Iberdrola abonó un total de 1,1 millones de euros entre 2004 y 2017.

De un lado apeló a la existencia de un documento que elaboró a finales de 2004 José Antonio del Olmo. El que fuera exdirector de Funciones Corporativas denunció una serie de actividades anómalas en relación con el pago del primer encargo a Cenyt (proyecto Arrow). Según plasmó por escrito, Iberdrola costeó este trabajo con operaciones triangulares, empleando para ello a Casesa, su entonces proveedora de seguridad. En el documento precisó que algunos altos cargos de la compañía estaban al tanto de este asunto; entre ellos el exdirector de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, y el recién llegado a la presidencia Ignacio Sánchez Galán.

La irrupción de este documento en la pieza decimoséptima de la causa supuso un giro de 180 grados y convirtió a este exdirectivo en un testigo clave de la instrucción. Tanto es así que declaró hasta tres veces entre finales de 2019 y principios de 2020, cuando la causa estaba bajo secreto de sumario. Sin embargo, el avance de las diligencias terminó por salpicarle. El instructor le imputó a finales de noviembre por su implicación en estos pagos ya que los visó en calidad de controller.

El documento de Del Olmo

En su declaración ante el juez, Del Olmo no solo defendió su actuación sino que aludió directamente a Sánchez Galán. Se trató de la primera vez que un implicado en el caso Tándem señalaba al presidente. Según dijo, en su día no denunció los hechos por temor a represalias y a que Sánchez Galán fuera contra él. Del mismo modo también apuntó que la Dirección de Comunicación pidió un presupuesto extraordinario de seis millones de euros que podría haber ido destinado a espiar al presidente de ACS, Florentino Pérez.

La compañía no solo ha negado estos hechos sino que ha abierto varios frentes judiciales en los que le acusa de haber sustraído papeles confidenciales de la compañía sin consentimiento. Tanto es así que, el mismo día 18 de enero, mientras declare Sánchez Galán, Del Olmo será interrogado en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delito de revelación de secretos. Junto con él comparecerán, en calidad de testigos, el antecesor de Asenjo en el área de Seguridad, Marcos Peña y su 'número dos' José Manuel Zarabozo.

Pese a estas derivadas, los investigadores continuaron fijando el foco en la cúpula de la compañía con el objetivo de averiguar quien ordenó estas contrataciones. De este modo, al documento de Del Olmo se adhirió, en mayo del pasado año, un informe de Asuntos Internos sobre las escuchas del sumario. En concreto, los agentes analizaron horas de grabación de conversaciones entre Villarejo y Asenjo en las que el agente encubierto hizo continuadas alusiones al presidente de la compañía y al presunto conocimiento que tendría de estos trabajos.

De esta forma el juez terminó por imputarles en junio y les citó para un mes después. Sin embargo, suspendió las citaciones a tenor de la irrupción de Iberdrola. La compañía pidió que se le tuviera como perjudicada por la actuación de De Olmo pero el juez, tras estudiar el reclamo, terminó por imputar a la filial. El motivo, según expuso, reside en que fue la que costeó los pagos del último proyecto (Wind) en el marco del cual se espió a un socio en Rumanía que se declaró insolvente tras perder un laudo frente a la multinacional vasca.

El juez explicó que Iberdrola Renovables tendría que rendir cuentas ante la Justicia dado que fue la que pagó el servicio y porque para entonces (año 2012) ya había entrado en vigor la reforma legal que permite la imputación de las personas jurídicas. Con todo, en estos últimos meses tanto Sánchez Galán como la firma han insistido en que no guardan relación con Villarejo. El presidente, además, ha negado haber ostentado cargo alguno de responsabilidad en Renovables y ha asegurado que todo este procedimiento penal les está pasando factura en sus inversiones (como ocurrió con la fallida operación de Estados Unidos).

Igualmente, también sostienen que Florentino Pérez (con el que mantienen una guerra abierta) nunca fue objetivo de espionaje de la compañía. Según declara su defensa, el empresario está aprovechando esta condición de perjudicado en la causa para solicitar medidas que excederían su ámbito de actuación. Por ese motivo han pedido sin éxito que se le saque de esta pieza y se le mantenga en la principal. El presidente del Real Madrid, por su parte, insiste en que es víctima del comisario jubilado y carga contra la eléctrica. Su última petición ha sido imputar a la matriz. La diligencia está pendiente de respuesta.