La responsabilidad de Sánchez en el robo de Telefónica

Hay una relación más estrecha de lo que parece entre el escándalo de la amnistía a Carles Puigdemont y el asalto saudí a Telefónica. Las negociaciones para formar gobierno entre el presidente de una nación y un prófugo de la Justicia evidencian lo que hoy es España: un país con poco peso... y poco fiable.

Un movimiento empresarial tan contundente y sin previo aviso es difícil de concebir en naciones como Francia o Alemania. Pero también es igualmente inconcebible en el norte de Europa que un Gobierno serio esté dispuesto a indultar a un líder separatista, a cambio de mantenerse en el poder. En política, no hay actos sin consecuencias. Y el resultado del esperpento español es la entrada de fondos como el saudí PIF, dispuestos a robar la poca soberanía empresarial que nos queda.

"La cuestión no es sólo si Moncloa o el CNI detectaron o no los planes de Riad con Telefónica. Lo realmente preocupante es que Arabia Saudí se permita no comunicar al español una operación de este tipo. Pero para eso es necesaria una relación de confianza y Sánchez no es fiable. Al día siguiente se habría filtrado a la prensa". La reflexión la hace un economista que asesora a grandes compañías. Luego alude a la vieja raíz de los males actuales: contar con empresas potentes 'marca España' dejó de ser, hace tiempo, un asunto de Estado.

Arabia Saudí ha escogido exactamente el camino contrario. El giro geostratégico que está fomentando Riad pivota en torno a una empresa (la petrolera Aramco) y un fondo soberano (PIF). La primera compite en la liga de las compañías con mayor capitalización del mundo (junto a Apple, Microsoft y Google) y mayores beneficios (ganó 161.000 millones de dólares en 2022). El segundo se alimenta de los fondos que proporciona la petrolera para diversificar la economía de una de las dictaduras más duras y opacas del mundo. PIF es el dueño de STC, la teleco que se convertirá -seguramente- en el principal accionista de Telefónica.

"La paradoja es increíble. En España nos hemos dedicado a privatizar empresas para que lleguen ahora otros a 'nacionalizarlas'", ironiza, sin disimular su pesar, otro conocido consultor del Ibex. Telefónica no volverá a ser una empresa estatal. Pero lo cierto es que, si el Gobierno levanta la barrera a STC, tendrá un Estado como principal dueño de su capital. Salvando las distancias (evidentemente, Italia no es Arabia Saudí), el caso de Endesa arroja similitudes. El Ejecutivo de José María Aznar privatizó Endesa y el de José Luis Rodríguez Zapatero se la puso en bandeja a Enel, controlada por el Estado italiano.

Con la pérdida de Endesa, España cedió ese 'activo' tan valioso que proporcionan las grandes corporaciones a un Estado: capacidad de influencia en el exterior. A los presidentes de la eléctrica (de Manuel Pizarro a Rodolfo Martín Villa) les recibían en sus despachos los mandatarios latinoamericanos. Pese al repliegue en el continente, Telefónica también ha sido siempre un operador destacado en la región, sobre todo, en la economía con más potencial (Brasil). Arabia Saudí es más que consciente de que las multinacionales españolas sirven de puente. Lo demuestra su desembarco, perfectamente orquestado, en la empresa que lidera José María Álvarez Pallete.

La pérdida de influencia se refleja en otros casos, que abonaron el terreno para que hoy asistamos a operaciones como la de STC. La venta de Bolsas y Mercados Españoles (BME) al fondo SIX es un ejemplo. España perdió totalmente su 'soberanía' sobre el parqué en 2020, al permitir la OPA del inversor suizo. La gestión de la bolsa quedó en manos de un fondo controlado por Credit Suisse, absorbida a su vez el pasado marzo por UBS. Es este banco suizo el que manda hoy realmente en BME.

Quienes operan en los mercados aseguran que no es tan fácil acaparar en secreto casi un 10% de una empresa del Ibex sin levantar sospechas. Esta certeza abre un interrogante: ¿una BME española -y no suiza- habría alertado a Moncloa de los movimientos accionariales sospechosos en torno a Telefónica?

"Es difícil imaginar que suceda algo así, por ejemplo, en Francia. Las represalias que tomaría Macron no compensarían ejecutar una inversión sin avisar", añade el mencionado consultor. Sánchez también podría revolverse contra los saudíes. Tiene herramientas al alcance. Podría invocar el principio de reciprocidad, alegar que Riad no usa las mismas reglas del juego. A saber, STC puede entrar en una empresa tan sensible como Telefónica, pero el Estado español jamás podría comprarse un porcentaje de Aramco, absolutamente blindada por el Gobierno saudí.

Equilibrios en Telefónica

El Gobierno también tiene en su mano permitir la compra de un porcentaje igual o inferior al 4,9%, para marcar el territorio y mantener la preponderancia del capital español. CaixaBank y BBVA controlan cada uno cerca del 5%.

No hay mucha confianza al respecto en los mentideros del Ibex. Se da por hecho que STC alcanzará su objetivo. Y el grupo que lidera Isidro Fainé se verá en la misma tesitura que en Naturgy, donde posee un 26% a través de Criteria. La Caixa, que siempre ha defendido la españolidad del grupo energético, tiene poco margen de maniobra frente a la 'pinza' que pueden hacer los tres fondos presentes en el accionariado (CVC, GIP e IFM), que suman más del 50% del capital.

Por ahora, Sánchez se ha limitado a prometer que el Gobierno garantizará la "soberanía nacional y los intereses estratégicos", ante el desembarco saudí. Los errores del pasado no invitan a atisbar el futuro de la Telefónica 'española' con demasiado optimismo.