La morosidad del Gobierno por los pleitos de las renovables engorda en 4.900 millones el coste de la deuda

La batalla legal en los tribunales internacionales entre el Gobierno y las empresas afectadas por el recorte de las primas a las renovables es un riesgo para la financiación de España. Según un informe que manejan las empresas afectadas, la decisión del Ejecutivo español de no pagar las sentencias en su contra tiene un impacto sobre las emisiones tanto para el Tesoro Público como para la economía española. 

Los afectados parten de la siguiente premisa. Los impagos de las sentencias que condenan a España por la retirada del Gobierno de Mariano Rajoy de las primas renovables que repartió el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero han provocado varios embargos de activos del Reino de España por parte de los tribunales internaciones. Otro de estos movimientos ha sido el default técnico de cuatro títulos de deuda pública que logró el fondo Blasket Renewable Investments, dueño del 'caso Infrared' que es uno de las 26 sentencias por las que España ha sido condenada.

Sus datos apuntan que, desde abril hasta diciembre de 2023, el sobrecoste provocado por el default asciende a 2.100 millones. Si se mantiene esta situación de inseguridad jurídica, esta cifra crecerá hasta los 4.900 millones a cierre de 2024.  Blasket Renewable tomó el control de esos cuatro títulos de deuda soberana española y activó su cláusula de default técnico como medida de protección ante los impagos del gobierno. Con esta maniobra se exige el reembolso a los acreedores del importe del principal y de los intereses devengados por estos títulos de deuda, cuya valoración ronda los 1.000 millones de euros.

7.340 millones sobre el PIB

Las empresas también estiman que este escenario va más allá. Debido a que el repunte del perfil de riesgo afecta negativamente a las condiciones macroeconómicas, también calculan el impacto que tiene esta circunstancia sobre el PIB de España.

Así pues, entre abril y diciembre de 2023, la actividad se habría reducido en 2.560 millones con motivo del default técnico. En ausencia de soluciones, la caída será de 4.780 millones adicionales a lo largo de 2024, de modo que el impacto macroeconómico sitúa el daño adicional provocado por esta circunstancia en el entorno de los 7.340 millones de euros.

Una cifra que parte de la siguiente estimación. Un aumento de un punto porcentual en los tipos de interés reales a largo plazo tiene el efecto de recortar el crecimiento económico en 0,29 puntos porcentuales. Así, dado que el aumento del coste en intereses estimado para el default en el modelo expuesto anteriormente asciende a 1,08 puntos porcentuales, el crecimiento económico tendrá el efecto de verse reducido por un monto equivalente a 0,31 puntos de PIB.

El Gobierno ha contratado servicios externos

Las dudas sobre estos datos ha provocado que el propio Ministerio de Asuntos Económicos ha contratado varios servicios de asesoría dedicados a mitigar el riesgo que ha provocado el default técnico. Además, este tipo de situación puede ir a peor si persisten los impagos, al igual que ocurrirá con el embargo de bienes y propiedades del Reino de España en países como Reino Unido, Australia y, previsiblemente, Estados Unidos. 

Estas cifras deben sumarse a los 250 millones de sobrecostes judiciales y financieros que soporta España por su decisión de impagar las sentencias. Asimismo, cabe recordar que las 26 condenas que aún no han sido resarcidas acumulan una serie de obligaciones por valor de 1.500 millones. Sin olvidar que los procedimientos legales que se están dirimiendo en el extranjero pueden resultar en el embargo de hasta 400 propiedades del Reino de España, según información facilitada por las empresas afectadas.

"Si España quiere financiar la transición energética, debe despejar primero la inseguridad jurídica y la sombra de sospecha que ha extendido esta situación", detalla el informe de las empresas. "Para lograrlo, debe sentarse a hablar con sus acreedores, respetar las indemnizaciones recogidas en las sentencias internacionales y establecer un plan de pago creíble que permita zanjar el asunto y evitar daños mayores", añaden. 

Subida del tipo de interés

Desde que se anunció esta decisión de Blasket Renewable, el tipo de interés medio de las nuevas emisiones de Letras del Tesoro se ha incrementado notablemente. En los títulos a 3 meses, el salto observado de abril a diciembre de 2023 ha sido del 2,96% al 3,64%; en los bonos a seis meses, el incremento fue del 3,02% al 3,65%; en las Letras a nueve meses, el tipo se movió del 3,19% al 3,51%; por último, en la deuda a un año, los intereses han pasado del 3,14% al 3,31%. 

Las empresas también se está produciendo un daño reputacional cada vez más grande. Por ejemplo, en el informe-país elaborado sobre España que elabora el gobierno de Estados Unidos, se menciona explícitamente la incertidumbre que han generado los cambios en la normativa de las energías renovables. 

En esta línea, como informaba este medio, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos también ha alertado de las “consecuencias catastróficas para la inversión internacional” de esta situación en un escrito remitido a la justicia de su país. La preocupación de la patronal es tal que se ha personado en algunos de los procedimientos abiertos.

Choques entre gobiernos por las renovables

Esta 'crisis' diplomática y financiera parte de la inestabilidad regulatoria de España con las renovables. El país incentivó desde la década de los 90 la generación de energía renovable mediante sistemas de primas y otros mecanismos de apoyo a esta forma de generación.

Sin embargo, a partir de 2011, el equipo de Rajoy empezó a apretar el cinturón de estos excesos que se habían multiplicado con Zapatero, con recortes significativos a través de cambios regulatorios que tuvieron efectos retroactivos y golpearon severamente a los inversores.

Esta circunstancia desencadenó decenas de litigios internacionales por las renovables, resueltos mayoritariamente en contra del Reino de España y a favor de las empresas denunciantes, principalmente, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Y los arbitrajes y las estrategias judiciales van en aumento. Especialmente, después del embargo cautelar de bienes del Reino de España y de la declaración de default técnico que pende sobre cuatro títulos de deuda pública desde abril de 2023.