Renovarse o morir: 5.000 millones en renovables esperan un nuevo ‘indulto’ del Gobierno

Las empresas y firmas de inversión que apuestan por el negocio de las energías renovables vuelven a contener la respiración esta semana. Los avances administrativos para la puesta en marcha de sus proyectos caducan en un mes y necesitan un nuevo ‘indulto’ del Gobierno si no quieren que todo el trabajo, y la inversión inicial, queden en nada.

Desde el sector de las renovables son positivos con esta posibilidad. “Pero en los tiempos políticos que vivimos nunca hay que dar nada por hecho”, confiesa un gran desarrollador a Vozpópuli. En el aire quedan 5.000 millones de euros, según su estimación. Sus cifras apuntan a que cerca de 50 gigavatios (GW) de potencia pelean desde el pasado 25 de enero por obtener una autorización para poder iniciar la construcción. 

Si no lo consiguen, pierden todo el trabajo realizado. Porque, para llegar hasta aquí, estas plantas, principalmente fotovoltaicas y eólicas, han logrado la autorización administrativa y la declaración de impacto ambiental favorable. Dos procesos muy farragosos para los que ya se necesita una inversión y la contratación de diferentes servicios para pelear por la fase de construcción.

El Ministerio para la Transición Ecológica, con Teresa Ribera a la cabeza, puso en marcha en febrero la División de Proyectos de Energía Eléctrica, dependiente de la Dirección General de Energía, para acelerar todo el proceso burocrático y que todo estuviese avanzado de cara al siguiente trámite. El avance no ha ido al ritmo esperado, hasta tal punto, que el sector ha transmitido a los actuales partidos de la oposición que necesitan reforman en la agilidad administrativa si se produce un cambio de Gobierno. 

Las empresas y la firmas de inversión consultadas por este medio dan por hecho que el Gobierno va a dar oxígeno a estos 50 GW de renovables, que de lo contrario ‘morirán’ el 25 de julio sin la autorización administrativa de construcción. Porque el calendario electoral les ha dejado en una situación de "ahora o nunca". La campaña, formación de Gobierno y el tiempo que tienen para conseguir estos trámites van de la mano. 

Los interesados, por no decir dependientes, de esta prórroga esperaban que el alivio del Gobierno se hubiera producido semanas antes junto con medidas energéticas como la reforma de la PVPC. Aunque la intriga se ha alargado. Las previsiones es que, finalmente, el Consejo de Ministros de este martes incluya esta prórroga dentro de un real decreto-ley "ómnibus", donde se integran multitud de medidas de diferentes ámbitos.

Una nueva cuenta atrás para las renovables

El 25 de julio es necesario y, aunque consigan una prórroga, los desarrolladores de estos proyectos no podrán relajarse porque queda la última autorización administrativa para un proyecto renovable, la de "explotación definitiva". Un paso que caduca, como apunta el Real Decreto-ley 23/2020, el 25 de junio de 2025. 

El hito más complicado de conseguir. El sector de las renovables ve “imposible” construir toda la capacidad aprobada este año por el Gobierno, principalmente, por las dificultades existentes en mano de obra y materiales.

El balón también pasa al tejado de Red Eléctrica, que también depende de los movimientos electorales. Las empresas afirman que el operador del sistema eléctrico necesita seis meses para autorizar la explotación. Es decir, las plantas fotovoltaicas y eólicas deben estar listas para, como muy tarde, principios de 2025 si quieren entrar en los plazos. 

Con los problemas actuales de logística y contratación, el sector considera que este cuello de botella es una ‘misión imposible’. Una planta fotovoltaica está tardando un año y medio, mientras que una eólica aumenta estos tiempos hasta los dos años por su mayor complejidad logística. Los números, con estos plazos, no salen.