Los fondos están en Madrid para cobrar la deuda de 1.550 millones: “España debe pagar”

España decidió hace tiempo no pagar "ni un euro” de los arbitrajes internacionales que ha perdido tras la retirada por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de las primas a las renovables del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Una estrategia para la que utiliza a la Comisión Europea como escudo pese a recibir presiones para acatar estas sentencias de organismos como el Banco Mundial. 

Los fondos y empresas afectadas acumulan una factura de 1.300 millones de euros. Una cifra a la que hay que sumar los intereses de demora, las condenas en costas y los gastos desembolsados en la contratación de abogados que aumenta esta factura en 250 millones de euros. “España debe pagar y respetar el derecho internacional”, afirma Nick Cherryman, uno de los abogados de los fondos y que cuenta con mayor reputación en los procesos arbitrales. 

La práctica totalidad de estos procesos corresponden con el sector de las energías renovables y se han canalizado a través del Tratado de la Carta de la Energía o distintos tratados bilaterales de inversión enmarcados dentro del derecho comunitario. “España es un miembro del Tratado de la Carta de la Energía  y del Tratado de Viena, debe acatar este compromiso solucionando este problema”, destaca este martes Nikos Lavranos, asesor jurídico de números bufetes internacionales y mediador en distintos procesos de resolución de disputas internacionales.

Los fondos consideran que ahora es el momento de lograr zanjar esta crisis. Una vía donde, fundamentalmente, el Gobierno español y la Abogacía del Estado negocien zanjar estos procesos en virtud del derecho internacional. Pero, como informaba este medio, el Reino de España se ha negado a participar en esas discusiones. Los fondos hablan de “cantidades importantes" para ellos y “escasas” para la economía española, ya que apenas supone un 0,2% del PIB para España. Un impago que, por otro lado, provoca un daño institucional del país.

El refugio de España para no pagar es que, si accediese a asumir su pago, estaría incurriendo en ayudas de estado. Es decir, que pagar la sanción es dar una ayuda de estado al afectado y vulneraría la normativa europea con respecto a este asunto. “La compensación por daños no supone una ayuda de estado”, explica la abogada del bufete Gibson, Dunn & Crutecher, Lena Sandberg. “ Entonces, cada vez que se solicitara una indemnización para una parte, estaría dando ayudas de estado. Los argumentos de España para empujar a la Comisión Europea a defenderlo en este caso no son válidos”, añade.  

Los fondos pasan a la acción 

España se aferra a no pagar. Los representantes legales de estos afectados aseguran que ni sus clientes ni ellos van a quedarse de brazos cruzados mientras un país de la reputación internacional de España decide no cumplir la legislación internacional. 

El siguiente paso son los embargos, como ha detallado en varias ocasiones Vozpópuli. Las firmas internacionales y sus asesores legales manejan una lista de 2.000 activos que tiene el Reino de España localizados en extranjero por un valor cercano a los 3.000 millones de euros. Unos bienes 'embargables' en el que tribunales internacionales, como en Reino Unido, han dado la razón a los afectados para iniciar estos procesos. 

Algunos activos han ido saliendo a la palestra en las últimas semanas en los medios españoles conforme los fondos han empezado a impacientarse ante la posición del Reino de España. Las sedes del Instituto Cervantes y de l'Agència per a la Competitivitat de L'Empresa en Londres, los activos de Navantia en Australia o la deuda pendiente que tiene la aseguradora del Prestige con España tras la tragedia medioambiental de 2002. 

El embargo es un paso más en los movimientos de los afectos de cobrar lo que han ganado en los tribunales por una causa de hace una década. Se estima que España lleva invertidos 129 millones de euros en la contratación de despachos internacionales de abogados para su defensa de estos casos.

Una década de conflicto

El origen del conflicto entre España y estos fondos está en la reforma de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con las primas a las renovables que había aprobado en 2007 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional avalaron la reforma del Ejecutivo popular. Este cambio normativo supuso, según las estimaciones de 2013, una reducción de los beneficios de estas instalaciones de 1.700 millones de euros. 

Esta medida no gustó a los inversores internacionales que habían invertido bajo el amparo de la normativa de Zapatero, de ahí que pusieran en marcha una oleada de arbitrajes, la mayoría ante el CIADI, que se han saldado de forma mayoritaria a favor de sus intereses, si bien España se ha anotado algunas victorias. Los afectados han pasado a la acción en Madrid porque notan un buen caldo de cultivo para el cambio de estrategia de España.