El rechazo a la amnistía deja los Presupuestos de 2024 tocados de muerte por la parálisis del Congreso

El Gobierno de Pedro Sánchez esperaba poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado en el Consejo de Ministros en marzo y contaba con que se publicaran en el BOE y entraran en vigor en junio. Así lo planteaba este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la comparecencia en el Congreso en la que detalló las líneas generales de su departamento.

El rechazo del Congreso a la ley de amnistía este martes deja la posibilidad de aprobar unos Presupuestos de 2024 tocada de muerte, ya que en todo caso podrían alcanzar su vigencia a la vuelta del verano, un escenario inédito que los hacendistas consideran que carece de sentido y con un efecto distorsionador de la política económica.

Una vez que el Pleno ha tumbado la proposición de ley, vuelve a la Comisión de Justicia. Ahora los letrados del Congreso tienen que decidir si su nuevo paso por esta Comisión se realiza por el trámite de urgencia, en cuyo caso duraría 15 días, o por el procedimiento ordinario, en cuyo caso se prolongaría un mes, aunque algunas fuentes jurídicas creen que el plazo es de un mes en todo caso.

Esto, de entrada, porque estos plazos se pueden prorrogar y es muy probable que se extiendan, ya que el PSOE no volverá a llevar al Pleno del Congreso un texto sobre el que no tenga la certeza absoluta de que va a contar con el aval de Junts. Y ahora mismo los socialistas se niegan a incorporar las enmiendas de los de Puigdemont. Amnistiar el terrorismo en su totalidad llevará a la UE a tumbarlo con celeridad.

En este sentido cabe interpretar las palabras de un dolido Félix Bolaños nada más confirmarse el fracaso y mientras alertaba a los medios de que no podía extenderse porque perdía el avión. El que le llevaba a Bruselas a reunirse este miércoles precisamente con el comisario de Justicia, Didier Reynders: "La ley es completamente constitucional", ha dicho, "y lo va a seguir siendo", ha añadido, en alusión a lo problemáticas que son las enmiendas de Junts.

Esto en lo relativo a los tiempos y al contenido. Porque las implicaciones políticas son de especial trascendencia. No sacar adelante los Presupuestos deja la legislatura sentenciada, con un gobierno sin iniciativa que entraría en un contexto de barrena y de no poder sacar adelante iniciativas.

Y es que el Ejecutivo ha querido ligar la ley de amnistía a los presupuestos, con lo que las desavenencias de esta semana en la única ley que preocupa a los de Junts dejan poca esperanza al PSOE sobre la norma que podría garantizar la permanencia de Pedro Sánchez.

Hacienda ha iniciado contactos con sus socios y quiere que se comprometieran a no vetar las Cuentas. Que le garanticen que no presentarán ni apoyarán ninguna enmienda a la totalidad. Moncloa creía haber aprendido de la agónica convalidación de los Reales Decretos-leyes anticrisis y ómnibus el pasado 11 de enero, cuando cayó el del subsidio de desempleo. Pretendía cambiar las formas de negociación para no llevarlas al límite.

El caballo de batalla se perfilaba en las partidas y contraprestaciones incluidas o no de forma directa en los Presupuestos que esperaba que le exigieran.

Pero ahora se encuentra con que Junts ha dejado caer una ley hecha a medida para su formación en medio de una desconfianza extrema hacia el PSOE.

La tramitación de los Presupuestos es de gran complejidad, ya que tras las enmiendas a la totalidad -en las que cayeron los de 2019-, llegan las votaciones de las secciones en Comisión, y si cae una sección, caen los Presupuestos. 

Ya en el primer trámite que hay que abordar ahora mismo, la convalidación de los objetivos de estabilidad en el Senado, afrontan la oposición de la mayoría del PP, que puede vetarlos sine die.

A esto se agarran en Hacienda para quitar hierro a lo sucedido este martes en el Congreso y a su efecto en los Presupuestos. Fuentes del Ministerio sostienen que sortear el veto del Senado ya iba a llevar tiempo.

Aunque fuentes gubernamentales han declarado a Efe que no descartan ahora mantener la prórroga de los Presupuestos de 2023, desde la Vicepresidencia Primera de Hacienda se ratifican en su intención de aprobar los Presupuestos de 2024.

La encerrona del Senado

Montero basa su estrategia contra el veto del Senado en un informe de la Abogacía del Estado para dar cobertura a la amenaza de un ajuste duro. Un "informe jurídico" cuya existencia desveló en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el 11 de diciembre, de cuyo efecto los expertos dudan.

El informe establece que el Gobierno podrá acudir en dos ocasiones a intentar aprobar en las Cortes Generales los objetivos de estabilidad para los próximos tres años. El plazo máximo de intervalo entre la primera remisión de objetivos y la segunda no puede superar el mes.

En caso de que en dos ocasiones no se aprueben por las dos Cámaras esos objetivos de estabilidad, el proyecto de Presupuestos se basará en lo dispuesto en el plan que se remitió a Bruselas en abril, en el Programa de Estabilidad, con un objetivo del cero para las comunidades en lugar del déficit del 0,1% que ahora plantea. Es decir, la amenaza es que si el PP no avala los objetivos, a las CCAA se les impondrán unos más exigentes.

Así se explica que el Gobierno no haya promovido ahora una reforma de la Ley de Estabilidad para acabar con este poder del Senado que creó Cristóbal Montoro en 2012, un veto que la propia Montero intentó eliminar en 2018 y en 2020 en proyectos que decayeron.

¿Qué fuerza tiene este informe? ¿Puede realmente sortear el veto del Senado? Los expertos a los que ha consultado Vozpópuli lo dudan y alertan de que este escenario aboca a un nuevo choque institucional y a un incumplimiento del déficit.

El problema es que no habría objetivos aprobados por el Parlamento español que sean vinculantes. El Estado podría sacar adelante sus Presupuestos pero no podría exigir a las comunidades que cumplan.

Montero dijo en un primer momento que si el Senado no avala sus objetivos, los Presupuestos de las comunidades quedarán anulados, lo que luego corrigió.

De hecho, todo esto ya ha pasado. En 2018, el Senado entonces también dominado por el PP vetó los objetivos de Montero y Sánchez optó por seguir adelante con los Presupuestos de 2019 sin objetivos de estabilidad. ERC dejó caer finalmente esas Cuentas. Y muchas comunidades sacaron adelante sus Presupuestos de 2019.

El problema al que sí se enfrentaría el Gobierno es cómo explicar todo esto a Bruselas. Y cómo pretende vincular a las comunidades con un objetivo diferente al 0,1% que remitió a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre en el Plan Presupuestario. No habría verdaderos objetivos para controlar el gasto.