Opacidad al límite: Moncloa oculta desde hace más de 100 días a los grandes beneficiarios de fondos europeos

Es totalmente comprensible que España levante sospechas en Bruselas y Estrasburgo. Han pasado 105 días desde que expiró el plazo recomendado para publicar la lista de los mayores beneficiarios de fondos europeos. A estas alturas, sin embargo, no hay rastro de la identidad de los españoles.

La Comisión Europea exigió en febrero los nombres de un centenar de receptores por país. El objetivo: analizar si los gobiernos nacionales están repartiendo la millonada comunitaria del modo más adecuado. Hay demasiado dinero en juego (140.000 millones, entre fondos y préstamos), de ahí que Bruselas y el Parlamento Europeo se hayan propuesto reforzar la luz y los taquígrafos sobre el manejo de las subvenciones.

La exigencia de identificar a los 100 entes, empresas y personas que han recibido más fondos está recogida en un reglamento redactado en febrero. El proceso lo ha ido contando en exclusiva Beatriz Triguero en Vozpópuli. No hablamos de una mera declaración de intenciones de Bruselas. El 8 de marzo, en una carta con membrete oficial, los comisarios Valdis Dombrovskis y Paolo Gentiloni comunicaban la nueva orden a Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Como avanzó este diario, Bruselas recomendaba difundir el primer listado en abril y actualizarlo dos veces cada año.

El mes de abril transcurrió sin novedades españolas al respecto. También pasaron mayo, junio y julio. Y el ranking sigue sin aparecer, un centenar de días después de expirar el plazo recomendado. La ausencia de información chirriaría menos si otros socios de la Eurozona también hubieran jugado al despiste. Pero no es el caso. Entre el 27 de abril y 10 de junio, 14 gobiernos han remitido la información solicitada a la Comisión Europea. Entre ellos, figura la siempre 'impecables' Alemania o Austria, pero también nuestros vecinos del sur.

Portugal entregó la lista con puntualidad. El Gobierno luso, encabezado por el socialista António Costa, envió el documento el domingo 30 de abril. El italiano, en las antípodas del portugués, lo hizo unos días después. El 10 de mayo, el gabinete de Giorgia Meloni identificó ante Bruselas a las 100 principales receptores de los fondos europeos en el país transalpino.

El retraso inexplicable y la falta de justificación por parte de Moncloa está alentando -con razón- la teoría de que España esconde algo: o bien un nivel de ejecución pésimo entre los grandes entes y empresas que deberían tirar del carro; o bien algún o algunos destinatarios de fondos europeos que puedan generar controversia.

España, en el foco por la gestión de los fondos

Ante este panorama, no extraña que la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara tenga puesto desde hace meses el foco sobre nuestro país. Su presidenta fue la primera en cuestionar en público la falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez.

El pasado febrero, Monika Holhmeier organizó una visita de europarlamentarios a Madrid para comprobar, sobre el terreno, el despliegue de los fondos. Se entrevistó con los ministros más implicados -con Nadia Calviño a la cabeza- y representantes de la esfera política autonómica y empresarial. La iniciativa de Holhmeier acabó politizándose y la alemana recibió ataques incluso desde algunos escaños de la oposición parlamentaria.

La visita de los europarlamentarios se saldó con críticas a la reforma del delito de malversación, más una petición de información adicional. El Europarlamento reclamaba más precisión en la cifra real de dinero ejecutado, tanto a nivel estatal como autonómico. Pero el Gobierno, ahora en funciones, sigue sin suministrar el material a la Comisión que fiscaliza el gasto.

Lo cierto es que la mayoría de los datos concretos sobre la ejecución de los fondos proceden de fuentes privadas. Otro motivo más para levantar sospechas. Hay organismos que están haciendo un especial esfuerzo para contabilizar y difundir cómo se están gastando las subvenciones. Por ejemplo, CEOE publica periódicamente un informe de seguimiento, elaborado por la Oficina de Proyectos Europeos, que lidera Luis Socías. La consultora LLYC también cuenta con una unidad especializada, dirigida por Paloma Baena. Suyo es el recuento más reciente sobre la evolución del gasto.

Según el informe publicado el pasado 18 de julio, la ejecución de los fondos ha ido perdiendo fuelle según avanzaba el año. La cifra comprometida ha descendido hasta los 7.770 millones en el primer semestre. Ello implica que el líder político que consiga formar gobierno tendrá que comprometer casi 14.000 millones en lo que queda de año.

Ese es será el primer gran reto de la nueva legislatura con los fondos europeos. El otro es disipar las dudas de nuestros socios comunitarios y de quienes nos vigilan desde Bruselas. Contra la opacidad sólo funciona la transparencia.