Carles Puigdemont ha recibido donaciones por hasta 14 millones de euros de la Caja de Solidaridad abierta por ANC y Òmnium, junto con el resto de exconsellers y encausados por el desafío soberanista, sin que Hacienda haya actuado. El expresident de la Generalitat, huido de la Justicia española desde el 2 de noviembre de 2017, se ha beneficiado de este crowdfunding millonario, que le ha permitido cubrir los gastos legales y los requerimientos de la Justicia española por el referéndum del 1-O, y que su sueldo como eurodiputado español, de cerca de 9.000 euros brutos mensuales, no fuera embargado.
La pasividad del Fisco contrasta con el celo con el que está investigando al Rey Emérito por recibir cacerías como regalo, unos pagos de terceros que cuando son voluminosos, considera que son una ganancia no justificada en el IRPF. Pero en el caso del Rey Emérito, se trata de unos requerimientos que ha desvelado El Mundo que se siguen de las declaraciones complementarias que ha presentado el Emérito sobre pagos de importe limitado de su círculo cercano y susceptibles de ser devueltos, como informa hoy Vozpópuli.
Estos pagos a los encausados por el 'procés' se venían produciendo desde 2017, cuando el expresident Artur Mas hizo un llamamiento para cubrir los cerca de 5 millones de euros a los que le condenó el Tribunal de Cuentas junto con otros exconsellers, importe que consideró probado que fue el coste de organizar el 9-N.
Ni Puigdemont ni Mas han sido objeto de investigación por parte de la Agencia Tributaria (AEAT) estatal. Un informe de la Inspección de la Delegación Especial en Cataluña de la Agencia Estatal aconsejó actuar contra Mas y los exconsellers por ganancias no justificadas en el IRPF. Según ha podido saber Vozpópuli, este informe llegó finalmente a los Servicios Centrales de la Agencia Tributaria en Madrid y se guardó en un cajón.
Esta inacción contraviene el propio criterio de Hacienda para un caso muy similar. Una consulta vinculante (V2651/14) de la Dirección General de Tributos, el brazo legislativo del Fisco, sobre los pagos de una Caja de Solidaridad que se organizó en Baleares para compensar a unos profesores contrarios a impartir clase en castellano por los días que estuvieron en huelga. Los hechos tuvieron lugar en 2014, durante el anterior Gobierno del PP. Pues bien, Tributos estableció que suponían una ganancia no justificada en el IRPF.
"Se plantea la doble cuestión de si las cantidades percibidas por los docentes en compensación por los días en huelga están sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y, en el primer caso, la de su calificación en el ámbito del impuesto personal. La respuesta es favorable a la tributación por el IRPF", concluye la consulta vinculante, que es ley para casos similares.
La inacción de la Hacienda catalana
Como se planteaba en esta consulta, además del impacto en el IRPF, puede tenerlo en Sucesiones y Donaciones, lo que atañe a la Hacienda regional. Con los pagos de terceros, se abre esta doble vía: si se entiende que existe una donación, entonces tributa en Donaciones ante la autoridad fiscal autonómica; si no es así, puede considerarse una ganancia no justificada en especie que tributa en el IRPF.
En lo que respecta a la Agencia Tributaria de Cataluña, la Generalitat decidió blindar a sus funcionarios de posibles prevaricaciones por no actuar contra los encausados por organizar referéndum ilegales y, en plena pandemia, en mayo de 2020, aprobó una reforma de Sucesiones y Donaciones que supuso una importante subida y, a la vez, introdujo una bonificación del 99% de donaciones y actuaciones de cajas de solidaridad. Un traje a medida que no ha sido recurrido. Esta iniciativa parece cortada a medida de Puigdemont y los organizadores del referéndum del 1-O, cuyas fianzas y pagos se dirimían entonces, y no podrían en principio aplicarse para Mas, por ser su caso anterior, pero no se ha actuado contra ninguno.