Publicado: 16/09/2021 04:45
Actualizado: 16/09/2021 07:39
El aparente extravío de un pendrive en el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, en el que, entre otros, se investiga el conocido como caso Lezo, amenaza con demorar la fecha prevista de inicio del juicio de la Pieza tres de dicho asunto, referida a las obras ferroviarias que debían unir las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero.
El Juez Manuel García Castellón acordó a principios del pasado mes de junio abrir juicio oral por los hechos investigados contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González; el empresario Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir; y el intermediario Adrián de la Joya, entre otros.
La Fiscalía solicita penas de seis años y medio de cárcel contra López Madrid (exconsejero de OHL) y contra Rafael Martín de Nicolás, exdirector general y exconsejero de la constructora fundada por Villar Mir.
La defensa de Martín de Nicolás solicitó los correos aportados a la causa por OHL de Tomás García Madrid
También requiere cuatro años de prisión contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, sosteniendo que los antiguos ejecutivos de OHL pagaron una comisión de 1,8 millones para hacerse con el contrato de la obra ferroviaria (que finalmente quedó incompleta).
Como ha publicado este diario, la defensa de Rafael Martín de Nicolás solicitó al Juzgado, a principios de este mes, correos electrónicos de Tomás García Madrid, exconsejero delegado de OHL, que habían sido aportados por la compañía a la causa.
Poco después se sumaron a la solicitud de Martín de Nicolás los representantes legales de López Madrid y de Adrián de la Joya.
Los investigados indican en sus escritos al Juzgado que se había puesto de manifiesto el hecho de que no constan en las actuaciones el contenido del pendrive entregado por OHL el día 18 de diciembre de 2017, incorporado en las actuaciones, y que contiene los correos electrónicos de Tomás García Madrid entre los años 2007 y 2010.
No se ha podido localizar "a primera vista" en la plataforma digital del Juzgado el pendrive
Los investigados solicitaron interrumpir el plazo de 30 días otorgado para formalizar escrito de defensa, mientras no se pusieran a su disposición la totalidad de las actuaciones.
El Letrado de Administración de Justicia del Juzgado informó que se había procedido a realizar las comprobaciones oportunas "sin poderse localizar, a primera vista, en la plataforma digital del Juzgado". Y añadía que se daba cuenta de ello "sin perjuicio de realizar las gestiones necesarias para la localización del dispositivo informático al que se refiere el acta de clonado de fecha 16 de febrero de 2018".
El pasado viernes el Juez Joaquín Elías Gadea (de refuerzo en el Juzgado de García Castellón) acordó en una providencia conceder la suspensión del plazo previsto para la presentación de escrito de defensa, reanudándose este "una vez conste puesto el contenido del pendrive a que se refiere el acta de clonado de fecha 16 de febrero de 2018 a disposición de aquellas en la plataforma digital del Juzgado".
Fuentes jurídicas consideran que ahora el inicio del juicio podría retrasarse al segundo semestre del próximo año
El magistrado añadía que, a fin de evitar dilaciones indebidas, se recabara copia auténtica del dispositivo clonado para ponerlo "de inmediato" a disposición de las partes en el procedimiento, mientras no fuera localizado el aportado en su día a las actuaciones.
El martes se informó al Juzgado que el Grupo de Delincuencia Económica de la UCO había adjuntado pendrive con copia del original aparentemente extraviado.
El pendrive aportado debe remitirse al negociado de nuevas tecnologías del Ministerio de Justicia para que sea digitalizado y trasladado después a las partes, concediéndoles un plazo de diez días desde que tengan acceso al contenido.
En opinión de fuentes jurídicas conocedoras del caso consultadas por este diario, este trasiego de solicitudes y plazos otorgados debidos a la no localización del dichoso pendrive provocará una dilación en la fecha previsible de inicio del juicio, al no haberse formulado todavía por parte de los abogados de los investigados escrito de defensa.
Las mismas fuentes destacan lo sorprendente que supone el aparente extravío de una prueba custodiada en el Juzgado de García Castellón.
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