País Vasco y Navarra serán compensados con cerca de 500 millones de euros por el Estado por los impuestos a banca y energéticas. Dos gravámanes estatales que otras comunidades han reclamado, pero se les han vetado. Así se desprende del nuevo Cupo y de la reforma de la ley del Concierto Vasco y del Convenio navarro, que ha aprobado definitivamente el Senado este miércoles de forma exprés y por lectura única; esto es, que no se permite a los grupos participar ni introducir enmiendas, donde también se les otorga las competencias de gestión y recaudación de otro impuesto estatal, el de grandes fortunas, que no se prevé que vayan a aplicar.
Esta compensación se produce tras la exigencia de cesión por parte del PNV que empezó este verano, justo cuando se anunciaron los impuestos a banca y energéticas, que finalmente el Gobierno de Sánchez se apresuró a declarar que se les transmitirían. Con la dificultad que ha supuesto que el Ejecutivo no los llama impuestos, lo único que se puede concertar, sino gravámenes.
De esta forma, finalmente se producirá una compensación, que se calcula con el porcentaje que establece el Cupo Vasco, del 6,24%, y el Convenio navarro, del 1,6% sobre los 6.000 millones que prevén recaudar los impuestos. El montante final se restará de lo que deben aportar en Cupo y Convenio.
El Cupo se calcula en base a lo que teóricamente se gasta el Estado en beneficio del País Vasco en competencias no transferidas, a lo que se aplica el citado 6,24%, menos lo que el Estado ingresa del País Vasco menos el déficit. Se renueva puntualmente cada cinco años, y en el intermedio se actualiza según el crecimiento de la recaudación del Estado de impuestos concertados con el País Vasco.
Estos 6.000 millones es lo que ya se concreta que van a recaudar en 2023 y 2024 los impuestos a banca y energéticas descontando el efecto de las enmiendas que se introdujeron en el Congreso y según ha mostrado el resultado del primer pago anticipado del 50%, del que informó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el 21 de febrero, el día siguiente a que acabara el plazo. En concreto, el impuesto a las energéticas ha recaudado 817,4 millones y el de la banca, 637,1 millones, un total de 1.454,5 millones. "Esta cantidad es probable que aumente con el año completo", advirtió Montero.
Amparándose en la cesión a País Vasco y Navarra, ERC, PDeCAT y Más País lanzaron una ofensiva para que el resto de las CCAA ingresaran estos impuestos, al menos un 50% de lo que recauden, según registraron en enmiendas en el Senado que no prosperaron. La Rioja, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Aragón, además, pidieron al Gobierno la cesión sin éxito.
Sobre el de grandes fortunas, se les otorga las competencias de gestión y recaudación de un impuesto estatal. Una cesión, que han exigido País Vasco y Navarra, preventiva, para evitar que el Estado tenga esta competencia en su territorio, ya que no pretenden aplicarlo, y que subraya su estatus de foco de atracción de grandes fortunas. Cuando se trata de un impuesto que pretende armonizar el de Patrimonio, que País Vasco tiene más bajo que la media de las comunidades de régimen común, y que pretende recentralizar competencias.
Navarra sí ha adaptado los últimos tramos de la tarifa de su Impuesto de Patrimonio al impuesto a grandes fortunas. En el País Vasco, en los últimos meses ha habido además un debate sobre la supresión del Impuesto de Patrimonio.
PNV y PSE se han inclinado por no activar el impuesto en País Vasco. Al aprobarse ahora la reforma de la Ley del Concierto que les transfiere el impuesto, no podrá aplicarse en 2022, año en el que las fortunas vascas serán las únicas exentas de España. En 2023 todo parece indicar que también. La Diputación de Vizcaya así lo ha trasladado. En el caso de Guipúzcoa se apunta a que no daría tiempo. Cabe recordar que las Diputaciones se disuelven en breve por las elecciones municipales del 28 de mayo.
En la reforma del Cupo y el Concierto también se conciertan el impuesto al plástico, el impuesto de gases fluorados de efecto invernadero y el de residuos.
La Agencia Tributaria valora los impuestos
Llama la atención que en el informe de recaudación de diciembre que ha publicado este jueves la Agencia Tributaria, se realiza una valoración de impuestos a banca y energéticas, sobre los que la AEAT dice que no va a informar por no ser impuestos, según explica en el informe de febrero, sino que lo hará la IGAE.
Pues bien, en el informe del cierre del año, la AEAT señala que la principal causa del aumento de los ingresos en el Impuesto sobre Sociedades en 2022, del 20,8%, fue el positivo comportamiento de los beneficios tanto en 2022 como en 2021. Se estima que en 2022 los beneficios crecieron alrededor del 19% para el conjunto de sociedades y en el entorno del 17% en las Grandes Empresas y grupos.
En consonancia con esta evolución, los pagos fraccionados crecieron en 2022 un 17,6%, constata, y asegura que "si se analizan aquellos grupos en donde más aumentaron los pagos en 2022, el predominio corresponde a grupos de los sectores bancario y energético", precisamente el argumentario político del Gobierno, que no detalla.
Sin embargo, el cuadro que ofrece el informe muestra que los pagos crecen más en grandes empresas no grupos que en los grupos, tres puntos más en 2022, a diferencia de lo ocurrido en 2021, siendo los afectados por los nuevos impuestos grupos.
Saldo negativo en las tasas Google y Tobin
En el caso de las tasas Google y Tobin, el efecto neto en 2022 es negativo porque se produce el ajuste con los territorios forales de los importes ingresados desde su entrada en vigor. El saldo de todo 2022 para el Estado es de 61 millones por la 'tasa Google' y -84 millones por la 'tasa Tobin'.
Y es que estas tasas ya venían pinchando y ahora esta compensación las deja en números rojos. En 2021, la 'tasa Google' recaudó 166 millones de euros de los 968 previstos y la 'tasa Tobin', 296 millones de 850. En octubre de ese año, viendo el pobre desempeño, Hacienda ya anunció que reducía su previsión de recaudación a 225 y 372 millones, respectivamente. Finalmente ésta fue incluso menor que lo que planteaba la corrección, que según el Fisco ya incorporaba el impacto de las tasas las enmiendas que se introdujeron en la tramitación parlamentaria.
En lo que respecta al impuesto al plástico, la propia AEAT reconoce en el informe de recaudación de febrero una cuantía "significativa", de 42 millones.