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Economía

La banca aguarda a la entrada de un socio industrial en Ombuds para dar liquidez

Vigilante de seguridad de Ombuds.

La banca financiadora del grupo de seguridad Ombuds aguarda a la entrada de un "socio industrial extranjero" en el capital de la compañía dirigida por Rodrigo Cortina para seguir aportando liquidez.

De acuerdo a una fuente financiera y a otra cercana a la empresa, el nuevo accionista sustituiría en el capital de Ombuds a la sociedad de inversión estadounidense JZI, que posee el 70% del grupo de seguridad a través de la sociedad Hackett Inversiones 2010 -el resto del capital está en manos de la familia Cortina-. En España JZI participa en Gedesco o en las energéticas Luxida y Factor Energía, entre otras empresas.

Ombuds se acogió al artículo 5.bis de la Ley Concursal el pasado 30 de junio, coincidiendo, aseguran fuentes cercanas a la empresa, con "la decisión inesperada de la banca de cerrar el factoring [las líneas de financiación comercial]". Dicho artículo de la Ley otorga a la compañía un plazo de tres meses, ampliable a cuatro, para negociar un convenio y evitar el concurso.

La deuda de Ombuds con Administraciones públicas se disparó desde los 10,2 millones en 2016 a los 41,5 millones en 2017

Santander, Bankia y Caixabank, los bancos con los que trabaja Ombuds, mantuvieron una reunión ayer martes para tratar la situación. En ella se valoró la existencia "de un preacuerdo" con un grupo industrial extranjero para adquirir la participación de JZI. 

Las negociaciones mantienen en vilo a los cerca de 8.000 empleados de Ombuds, muchos de los cuales todavía no han cobrado este mes.

Sobre la posibilidad de que el grupo abandone la situación preconcursal en la que se encuentra, difieren las versiones de las distintas fuentes consultadas, todas ellas presentes en las negociaciones. Las mismas apuntan desde a una salida del 5.bis el próximo 30 de julio hasta la presentación, este viernes, de concurso de acreedores.

Deuda con Administraciones

De acuerdo a las últimas cuentas disponibles del grupo de seguridad, del ejercicio 2017, firmadas en mayo de 2018, las deudas con Administraciones públicas eran de 41,5 millones (10,2 millones un año antes).

El auditor de las cuentas de Ombuds, Plan Audit, advierte que, a 31 de diciembre de 2017, el pasivo corriente de la empresa excede el valor de sus activos en 16,9 millones de euros, lo que indica la existencia de una incertidumbre material que pone en duda la capacidad del grupo para mantener la actividad.

La compra, cerrada en 2017, del grupo Castellana de Seguridad, Casesa, por parte de Ombuds ha impulsado sus cifras de negocio, pero también ha disparado los costes de personal y de deuda, consideran fuentes del sector de la seguridad.

Para 2019 Ombuds tenía previsto alcanzar una cifra de ingresos cercana a los 240 millones, fuentes del grupo aseguran que la deuda con las Administraciones públicas se habría reducido al mínimo este año.

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