Las críticas a Ferrovial por el anuncio de la salida de España de su matriz que han lanzado el Gobierno y sus socios coinciden en su virulencia. Los ataques de Pedro Sánchez y Nadia Calviño siguen la línea de la ofensiva que ha emprendido el ala socialista del Ejecutivo contra las empresas desde que el PSOE perdiera las elecciones andaluzas el pasado junio, más propia de sus socios de coalición, pero con un tono más elevado que da muestra del enfado que ha causado en el presidente y en la vicepresidenta la decisión de la empresa.
Sin embargo, a la espera de que la Junta de Ferrovial confirme la deslocalización, desde el Gobierno sólo se han escuchado amenazas sin concreción. A diferencia de sus socios, que coinciden en que la empresa debe pagar un peaje y ya han registrado tres iniciativas en este sentido, dos de ellas calcadas, y que las formaciones que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez han apoyando públicamente. Todo un arsenal legislativo preparado por si el Ejecutivo decide actuar.
En el punto de mira: las ayudas de los "varios ERTE" a los que se ha acogido, a las que ha apuntado directamente Yolanda Díaz, los créditos ICO y el resto de subvenciones que haya recibido en los últimos 10 años, que se pretende que Ferrovial tenga que devolver. En un escenario en el que en los últimos cinco años ha ganado concursos en España por cerca de 1.300 millones y cuando se postula a proyectos del Plan de Recuperación estimados en 5.000 millones.
Este martes el Pleno del Congreso empieza a debatir una proposición no de ley de Bildu para obligar a las empresas que se deslocalicen a devolver los fondos públicos obtenidos y mantener el empleo en su país de origen, que va a obligar al Grupo Socialista a posicionarse. Se suma a una proposición, esta vez, de ley, que ha registrado Podemos en el mismo sentido, y a una tanda de preguntas parlamentarias de Más País.
La proposición no de ley de los separatistas vascos quiere enmarcar la salida de Ferrovial en una tendencia general de deslocalizaciones que "afectan principalmente a empresas transnacionales, la mayoría de las cuales suelen poner rumbo a Estados caracterizados por una estructura fiscal y normas legales más ventajosas y flexibles, y, tienen como primer paso, que a menudo se prolongan en el tiempo, situar los focos de decisión y de poder en el exterior".
"Estas empresas suelen apelar a situaciones de supuesta inseguridad jurídica para camuflar un intento de obtener ventajas fiscales que no tienen en el país de origen", señala en alusión directa a la empresa que preside Rafael del Pino, y asegura que "se suele recurrir a la amenaza de la deslocalización para recortar salarios y empeorar las condiciones laborales de las y los trabajadores".
En la Exposición de Motivos, Bildu justifica el peaje que quiere imponer en que "las distintas instituciones públicas ayudan a recorrer ese camino mediante subvenciones y ayudas públicas para la instalación, desarrollo y protección de éstas. Cuando se derivan ayudas públicas para la protección de las empresas, se debe requerir la realización de la actividad subvencionada por la normativa sobre dichas medidas, se debe cumplir la finalidad para la que fue concedida la ayuda, y se debe garantizar la efectiva contribución de dicha actividad al desarrollo de la economía".
Y asegura en último término que "la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han adoptado medidas jurídicas para que las empresas financiadas por la Unión Europea no deslocalicen sus actividades. Las medidas que se han puesto encima de la mesa tienen por objeto recuperar las ayudas concedidas por la UE a las empresas si ésta deslocaliza sus actividades antes de que transcurran ocho años desde la concesión de la ayuda. Asimismo, el Parlamento Europeo ha solicitado que dichas empresas queden excluidas de los fondos estructurales o de las ayudas estatales hasta que hayan transcurrido siete años desde la deslocalización. En caso de producirse deslocalización de empresas, estas estén sujetas a la obligación de devolver la financiación obtenida de fondos y/o ayudas públicas otorgadas por las diferentes administraciones en, al menos, los últimos 10 años".
La propuesta de Bildu obvia que el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) consagra la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.
El Gobierno tiene hasta el 26 de abril para pronunciarse sobre la proposición de ley de Podemos "de medidas contra la deslocalización de actividades económicas estratégicas que hayan recibido ayudas públicas". Los morados hablan de una "figura del Estado emprendedor e impulsor de políticas estratégicas", que "requiere de fuertes inversiones, pero también de un compromiso por parte de las empresas y centros de actividad que sean beneficiarios de las ayudas o subvenciones públicas recibidas".
Como los de Bildu, detectan que "en la actualidad, los modelos de organización del trabajo y la producción se insertan en un modelo fragmentado y atomizado distribuido a nivel global. [...] El cierre y deslocalización de empresas y centros de trabajo a países con menores costes laborales, fiscales o sociales, supone una amenaza para el sector industrial español y, en definitiva, para la economía española. Las empresas industriales tratan de adaptarse a los fuertes niveles de competencia global, incurriendo en estrategias empresariales que permitan reducir los costes y en muchos casos, incluso, recurriendo al cierre y posterior deslocalización a países con menores costes fiscales y/o laborales".
La propuesta de Podemos es modificar los artículos 37 y 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para lo que plantean que se añada "una letra i) al listado de causas de reintegro de subvenciones contenido en el apartado 1 del artículo 37", que suma "la deslocalización de una sociedad de capital, industria o unidad productiva, y/o el traslado de su domicilio social o fiscal a otro Estado, dentro de los 10 años posteriores a la concesión de una subvención para fomentar el desarrollo o mantenimiento de actividades estratégicas, o la realización de inversiones de carácter industrial, o para la internacionalización, la mejora de la competitividad, la digitalización o para el mantenimiento de la actividad económica".
La deslocalización se tipifica así como una causa de devolución de subvenciones; el resto se ciñen a incumplimientos, a la obstrucción o negativa al control financiero o al delito.
La proposición de ley de Podemos arbitra un periodo de 12 meses para que las empresas que se deslocalicen devuelvan ayudas de los últimos 10 años.
Unidas Podemos ha justificado esta propuesta en lo que consideran una "piratería económica" por parte de Ferrovial. El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, ha criticado además que ésta y otras empresas hayan crecido a raíz de las ayudas y contratos públicos y ahora puedan irse a un "paraíso fiscal" sin "ninguna consecuencia".
El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha respaldado estas pretensiones. Su formación ha registrado además una batería de preguntas para conocer qué investigación está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda sobre la marcha de Ferrovial, sobre todo para saber si la empresa cumple con los requisitos para acogerse al régimen especial de fusiones, adquisiciones y canjes.
Castigo fiscal
"En el caso de que no cumpla con los requisitos del régimen especial de fusiones, adquisiciones y canjes, para cuyo caso debe demostrar los motivos económicos válidos y no fiscales de la operación, debería tributar en España por las plusvalías de la operación y los beneficios que se deriven del movimiento de los activos desde España a Holanda", reza en el texto.
Hacienda puede penalizar la salida de la matriz de Ferrovial con al menos 130 millones de euros, la cantidad mínima en juego que ha estimado Vozpópuli con expertos a partir de las cifras que ofrece la compañía en las cuentas anuales de la matriz. Se trata del castigo fiscal que impone Hacienda a los cambios de sede que considera que no tienen "motivo económico válido", a lo que Nadia Calviño se ha referido como "sustancia" de los argumentos de la compañía: "Vamos a analizar los argumentos y habrá que ver si hay sustancia o no".
A través de Twitter, el portavozde ERC, Gabriel Rufián, ha subrayado la necesidad de pedir a Ferrovial que "devuelva en los juzgados todo el dinero en ayudas públicas que ha recibido".
También en el ámbito fiscal pero más allá de los 10 años de plazo de las ayudas que Podemos y Bildu quieren recuperar, Calviño ha puesto el foco en las ayudas de Estado que Aznar dio a Ferrovial para internacionalizarse. Las afirmaciones de que la empresa "le debe todo a España" también apuntan a un potentísimo incentivo fiscal que dio Aznar desde 2002 que favoreció compras multimillonarias en Reino Unido y EEUU.
El pasado 5 de marzo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el Gobierno está analizando si puede actuar dentro del "marco de vigilancia con respecto a la inversión en sectores estratégicos" establecido por la crisis, en alusión al blindaje a empresas estratégicas, el popularmente conocido como escudo antiopas que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre prorrogar durante dos años más, hasta finales de 2024.
Se trata de cotejar si "se requiere una autorización explicita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario" añadió, una posibilidad que no se ha desarrollado de momento y que fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos han descartado.