La OCDE pide a España que acelere las ayudas directas para evitar una oleada de quiebras

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha asestado varios golpes al Gobierno español esta semana. Por un lado, ha hundido la previsión de crecimiento del país al 4,5%, dejando en evidencia la estimación del Ministerio de Economía de acabar el año con un PIB un 6,5% superior. Por otro, ha puesto en duda la reforma de pensiones ideada por el ministro José Luis Escrivá, advirtiendo que debe combinarse con otras medidas para garantizar que el sistema sea sostenible a largo plazo.

El tercer varapalo es trasversal, con una crítica a la gestión de las ayudas directas a empresas que afecta a Economía, Hacienda o Industria. La OCDE advierte en su informe de Perspectivas Económicas que "el apoyo político a las empresas y los hogares sigue siendo sustancial" y "para evitar un posible aumento de las insolvencias de empresas en España, debería acelerarse la concesión de ayudas directas a las empresas viables", además de aprobarse "rápidamente" el proyecto de ley de insolvencia, previsto para antes del 30 de junio de 2022.

El Banco de España reconocía esta semana que "ha detectado algunas señales de deterioro en la solvencia de las empresas, concentradas fundamentalmente en los sectores más afectados por la pandemia". Así, por ejemplo, ha observado un cierto deterioro de la calidad crediticia en algunas carteras de préstamos de los bancos, un aumento de las disoluciones de sociedades mercantiles y un repunte en el número de empresas que se encuentran en concurso de acreedores, a pesar de la moratoria de estos procedimientos, que estará en vigor hasta mediados de 2022.

A raíz de la pandemia, el Ejecutivo ha puesto en marcha varios fondos para empresas pero el dinero no está llegando a su destino al ritmo esperado por ninguna de las vías. En marzo arrancó uno de 7.000 millones de euros a fondo perdido para pymes y autónomos, al que se suman otros dos para financiar a empresas en apuros (con 10.000 millones para grandes entidades que gestiona la SEPI y 1.000 millones para pequeñas y medianas a cargo de Cofides). En total, 18.000 millones en ayudas públicas de los que sólo se han ejecutado 4.953 millones. Esto es el 28% del total.

Ni una tercera parte de las ayudas

Tal y como publicó hace unas semanas Vozpópuli, las estimaciones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) apuntaban que del fondo de ayudas directas a pymes y autónomos aprobado en marzo sólo se ha ejecutado la mitad del presupuesto, 3.500 millones de un total de 7.000 millones. En lo que respecta a los trabajadores por cuenta propia, la asociación de Autónomos ATA denunciaba hace unos días que sólo el 20% han podido beneficiarse de este fondo.

A estas ayudas directas se suman otros dos fondos gestionados por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y Cofides (Compañía Española de Financiación del Desarrollo) y destinados a 'salvar' a grandes, medianas y pequeñas empresas mediante participación en el capital social, préstamos participativos u otros instrumentos financieros.

De momento, y tras un año y medio en funcionamiento, la SEPI ha aprobado una decena de rescates por un valor de 1.441 millones con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Este mecanismo, dotado de 10.000 millones para rescatar a grandes empresas (con peticiones mínimas de 25 millones), sufrió un parón tras aprobar el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra en marzo.

Las beneficiarias hasta ahora son Air Europa (475 millones), Ávoris (320 millones), Duro Felguera (120 millones), Plus Ultra (53 millones), Hotusa (241 millones), Tubos Reunidos (115 millones), Rugui Steel (25 millones), Airtificial (34 millones), Serhs (34 millones) y Reinosa (27 millones). Es decir, que sólo se ha ejecutado un 14% del fondo.

Finalmente, el último en ponerse en marcha, el Fondo de Recapitalización de pymes que gestiona Cofides, realizó su primer rescate hace apenas unos días pese a que las solicitudes de financiación están abiertas desde finales de junio de este año. El pasado 26 de noviembre se acordó la concesión de un préstamo participativo a Lladró por importe de 8 millones de euros y otros 4,1 millones a Martínez Otero.

Los fondos europeos, con retraso

Respecto a los fondos europeos, la OCDE también advierte a España de que si se usan a tiempo y se destinan a "buenos proyectos", serán claves en el crecimiento económico a largo plazo. Se suma así a las exigencias de otros organismos de hacer un uso "eficaz" de los 70.000 millones en transferencias directas que se esperan de los Next Generation. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reclamado incluso mecanismos adicionales para controlar los proyectos y corregir a tiempo posibles desviaciones.

La ejecución de los fondos europeos también va con retraso. Las proyecciones del Banco de España (BdE) se centran en que este año se realizarán proyectos vinculados a estos fondos por algo más de 11.000 millones, frente a los casi 27.000 millones presupuestados. No obstante, según un recuento estimativo realizado por Funcas a partir del portal oficial, las convocatorias cerradas o aprobadas no alcanzan los 850 millones y, si se añaden las que están en curso, el total es de apenas 5.700 millones.

El propio Ministerio de Hacienda reconoce que de momento sólo ha "reconocido obligaciones" por cerca del 35% de esos fondos (unos 9.300 millones). En todo caso, estos fondos -de los que todavía sólo se ha recibido un anticipo de 9.000 millones y que están condicionados a la aprobación de la reforma laboral y pensiones- no se pierden, simplemente se desplazan. Por esta razón, el BdE espera que la ejecución de Next Generation se dispare el próximo año hasta triplicar la cifra de 2021.

Las simulaciones de los servicios de la Comisión Europea muestran que el Plan de Recuperación asociado a los fondos europeos tiene el potencial de aumentar el PIB de España entre un 1,8% y un 2,5% para 2024, según consta en el aval de los PGE firmado por el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Esta estimación no incluye el posible impacto positivo de las reformas estructurales, que tal y como apuntan las distintas organizaciones, también puede ser significativo.