Todos contra Escrivá: la OCDE también cuestiona la reforma de las pensiones

La reforma de las pensiones que este jueves llega al Congreso de los Diputados sin el aval de la patronal suscita dudas a los principales organismos a nivel nacional e internacional. En su informe de perspectivas económicas publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte que el aumento en el poder adquisitivo de los jubilados -ligando las pensiones a la inflación media anual y acabando con el factor de sostenibilidad- deberá combinarse con otras medidas para garantizar que el sistema sea sostenible a largo plazo.

El nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) intenta sustentar la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, que preveía subidas anuales limitadas al 0,25% del índice de revalorización de las pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad, que ajustaba las pensiones de jubilación de acuerdo a la esperanza de vida de cada beneficiario, que se sustituye por la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

Asimismo, en julio se pactó incentivar el acercamiento de la edad efectiva de jubilación con la edad legal, con bonificaciones para aquellos trabajadores que alarguen su etapa laboral por encima de la edad de jubilación y penalizaciones para quienes la adelanten. En tercer lugar, se culmina el proceso de separación de fuentes respecto de prestaciones y medidas cuya financiación no ha sido asumida todavía por el Estado.

Para la OCDE, el contexto de elevada deuda pública en el que se enmarca España "exige una renovada prudencia fiscal una vez que la recuperación esté firmemente en marcha". Y, en este sentido, hace mención especial al considerable aumento en el gasto en prestaciones (más de cuatro puntos de PIB hasta 2050) con la reforma de las pensiones, que debe "equilibrarse" con otras medidas "destinadas a garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo".

Esta manifestación de la OCDE llega tras el varapalo del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que durante su comparecencia en la comisión de Presupuestos del Senado este martes también advirtió de que la reforma que el Gobierno pretende aprobar "no es suficiente" para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social y se necesitarán medidas adicionales "por el lado de los ingresos o los gastos" para compensar el aumento en el gasto que supondrá la derogación de la reforma del PP de 2013.

El gobernador considera que la vuelta al IPC real del año anterior supondrá un incremento en el gasto de 3,3 puntos porcentuales de PIB entre 2019 y 2050. A esto habría que sumar el coste en el sistema de no aplicar el factor de sostenibilidad –por el que se recortaba la cuantía inicial en función de la esperanza de vida–, implica 0,9 puntos adicionales, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Frente a ello, Hernández de Cos cree que el MEI supondría un aumento en ingresos del 0,2% entre 2023 y 2032, con unos ingresos acumulados del 2,3% del PIB a final de su aplicación, pero aún con medidas adicionales su impacto no puede superar las ocho décimas de PIB al año.

La reforma llega al Congreso

La primera parte de la reforma de las pensiones que este jueves va a aprobar el Pleno del Congreso para remitir al Senado ha incluido en el último minuto el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, en principio, la clave de bóveda de la sostenibilidad del sistema que sustituye al Factor de Sostenibilidad que creó el PP en 2013 y que no se ha llegado a aplicar. Se trata de una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos que se aplicará entre 2023 y 2032, que carga 0,5 puntos en las empresas en 0,1 punto en el trabajador, para nutrir el Fondo de Reserva. Los autónomos, por su parte, corren con todo el incremento.

El objetivo inicial, recaudar 50.000 millones de euros para sufragar la jubilación de los 'baby boomers', cuantía que luego Escrivá ha rebajado a 42.000 millones. Este mecanismo actuará además como válvula de seguridad del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050. Si no se diera una desviación se planteará la utilización de los recursos del Fondo de Reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.

Si a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024, se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del PIB. Si no fuera suficiente, el Gobierno buscará otras fórmulas para aumentar los ingresos.

Todo esto, cuando el propio Escrivá, como presidente de la AIReF, reclamaba al Gobierno de Pedro Sánchez en abril de 2019 no subir las cotizaciones sociales en ningún caso y alertaba de que en España se sitúan por encima de la media de la OCDE. La propia AIReF también ha avanzado que está analizando los efectos de la derogación de la reforma de pensiones de 2013, cuyo fin implica un aumento de gasto de unos 3,3 puntos de PIB, y que publicará unas nuevas previsiones acerca de la sostenibilidad del sistema.

Aunque los grupos del Pacto de Toledo le afearon a Escrivá que incluyera in extremis esta reforma para aprobarla en 48 horas en Comisión, finalmente los socios del Gobierno la avalaron. Eso sí, incluyeron enmiendas. Una de ellas plantea más incrementos del gasto para la segunda reforma de las pensiones el año que viene: a cambio de validar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, ERC y Bildu instan al Gobierno a realizar una reforma en el plazo máximo de un año con el fin de ligar las pensiones mínimas al SMI.

Hasta ahora, habían planteado una subida de las pensiones mínimas hasta que supongan, al menos, el 90% del Salario Mínimo Interprofesional. La enmienda plantea "establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional". Esta iniciativa, que también ve con buenos ojos Podemos, tendría un coste muy elevado, ya que de entrada implicaría que 5,5 millones de pensionistas verían incrementada casi de golpe su prestación en algunos casos hasta en 200 euros, con el fin de situarla en 868 euros.