Publicado: 03/09/2019 13:59
La Propuesta abierta para un programa común progresista, presentada hoy por el PSOE para tratar de desbloquear la investidura, con 370 medidas, no incluye en materia económica novedad relevante alguna frente a lo que el partido liderado por Pedro Sánchez ha expuesto ya en los últimos meses.
En lo que se refiere a medidas que afecten a la banca, el sector energético, la vivienda o la reforma laboral no existen entre las presentadas este martes novedades que aparentemente pudieran convencer a Unidas Podemos de reconsiderar su postura a la hora de permitir la investidura de Sánchez como presidente. Sí que se detalla o profundiza en algunas de las anunciadas con anterioridad.
BANCA
El documento presentado hoy por el PSOE propone reformar la regulación del Impuesto sobre Sociedades, garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras (bancos) y empresas de hidrocarburos.
Pero esa subida al 18% del Impuesto sobre Sociedades que paga la banca está sobre la mesa desde hace meses, como publicó este diario en marzo.
El PSOE propone también la aprobación de la Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, algo que ya incluía en su último programa electoral cuando se refería a la necesidad de adaptar "la fiscalidad a la economía y a las prioridades del siglo XXI", promoviendo la armonización a nivel europeo, con un "impuesto sobre transacciones financieras", entre otros.
Las 'nuevas' propuestas no contemplan una de las reclamaciones más insistentes del partido de Pablo Iglesias, como es el mantenimiento de Bankia como banco público.
VIVIENDA
La política sobre la vivienda, en particular sobre el alquiler, ha sido una de las materias que más tiempo ha ocupado en la negociación en materia económica para formar Gobierno entre Unidas Podemos y PSOE.
En el programa presentado hoy por el PSOE se incluye "profundizar en las medidas ya adoptadas para frenar las subidas abusivas del alquiler, estudiando nuevas opciones de carácter normativo, fiscal y estadístico, como el índice estatal de rentas de referencia". E insiste en la creación de vivienda pública.
El último programa electoral del PSOE recordaba ya que el Decreto aprobado este año de medidas
urgentes para atender la emergencia social en materia de vivienda, mandata la creación de un índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda.
El programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones generales de este año incluía el fomento de la promoción y el uso de vivienda de alquiler social, "movilizando suelo público que se encuentre disponible mediante la cesión de derecho de superficie y favoreciendo el uso de mecanismos público-privados".
Unidas Podemos ha reclamado la intervención de los precios del alquiler, algo que el PSOE no ha llegado a incluir en las propuestas presentadas hoy.
REFORMA LABORAL
El PSOE mantiene su postura respecto a la derogación de "los aspectos más lesivos" de la reforma laboral que aprobó el Partido Popular en 2012, aunque da más detalles sobre cuáles serían los cambios.
Propone recuperar la ultraactividad de los convenios, revisar las causas y el procedimiento para poder modificar sustancialmente las condiciones de trabajo, y reforzar la obligación de "constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial".
Se fija como objetivo también "reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales, la inestabilidad y la rotación laboral", aunque no detalla cómo lo conseguirá; mientras que no menciona nada sobre la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial -uno de los puntos de la reforma del PP que se intuía que podía ser modificado-.
Otro cambio en materia de regulación laboral es la revisión de "las causas del despido objetivo", una de las peticiones constantes de los sindicatos, que preguntados por este medio todavía no han querido opinar sobre las propuestas de Sánchez.
ENERGÍA
En materia energética, el conjunto de propuestas del PSOE para tratar de alcanzar un pacto de investidura tampoco incluye destacadas novedades en forma de guiño hacia Unidas Podemos.
Los socialistas recuperan el compromiso de poner en marcha un bono social general, además de los ya existentes eléctrico y térmico, como medida de apoyo a los colectivos más vulnerables. El nuevo bono incluiría también el consumo de gas natural y su coste correría a cargo de las empresas del sector.
Esta figura ya formó parte del acuerdo firmado en octubre del pasado año entre el presidente del Gobierno y el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Después de que el Ejecutivo no lograra la aprobación de las cuentas públicas (lo que motivó la convocatoria de elecciones anticipadas), la medida quedó en el cajón y ahora es rescatada para la ocasión con el mismo tenor literal del que rezaba aquel acuerdo presupuestario: "Estos bonos tendrán el fin último de permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo vital".
El resto de propuestas van encaminadas a desarrollar la estrategia energética ya puesta en marcha por el Gobierno antes de las elecciones, con la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa, así como los primeros pasos para la elaboración de la esperada Ley de Cambio Climático, cuyo trámite quedó detenido por la disolución de las Cortes.
En este conjunto de propuestas se incluye la reforma del sistema eléctrico para adaptarlo al proceso de descarbonización de la economía y procurar que los precios sean asequibles para el consumidor. También recuerda la prohibición para los vehículos con motores de combustión a partir de 2040.
Entre las propuestas no figura ninguna referencia a elementos clave en materia energética incluidos en el programa de Unidas Podemos, ni tan siquiera el de acabar con los llamados "beneficios caídos del cielo", en relación a la retribución de determinadas centrales cuyo coste se considera amortizado de sobra.
Este punto, que sí figuraba en el mencionado pacto presupuestario de octubre de 2018 (y que fue contestado de forma crítica por el sector), no aparece ahora entre las propuestas para la investidura, que únicamente hablan de establecer un marco estable de retribución para las energías renovables.
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