La central nuclear de la localidad de Almaraz afronta este año un momento clave para su supervivencia. Si no cambian las cosas, en 2025 empezarán los primeros pasos para que cese su actividad dos años después. Los dueños de esta central, Iberdrola y Endesa, que son los principales propietarios de las nucleares en España, reclaman un encuentro al equipo de Teresa Ribera para renegociar el acuerdo que acabará con la producción de energía nuclear en el país.
Una cita que no se va a producir. La presión de las empresas y los partidarios de alargar la vida de las nucleares en este arranque de año no ha dado su fruto y el Gobierno seguirá con el cierre ordenado de los siete reactores entre 2027 y 2035. Aunque más allá de la reunión, Iberdrola y Endesa no han pedido formalmente ampliar esta vida útil. En el Ministerio de Transición Ecológica no hay constancia de que los titulares de las centrales nucleares hayan solicitado la modificación del Protocolo de cierre de las centrales firmado en 2019 entre dichos titulares y Enresa, la empresa pública encargada de los residuos nucleares.
La presión mediática para reclamar un movimiento en este sentido por parte del Gobierno no deja de subir. El expresidente del Gobierno socialista, Felipe González, reclamaba este miércoles una revisión de la política nuclear que tiene el equipo de Ribera. “Cuando se mide la contaminación en términos de CO2 de los diferentes actores que existen, resulta que la menos contaminante es la nuclear. Se asusta uno de pensar que contra la energía nuclear hay una corriente de opinión enorme, y esa corriente de opinión enorme, sobre todo se fundamenta en que no sabemos qué hacer con los residuos nucleares”, aseguraba González.
No obstante, durante su presidencia también se dieron pasos en contra de la nuclear. España dejó de ver entonces a esta energía como un aliado con el Gobierno de Felipe González con la paralización del desarrollo de más centrales. El bloqueo de nuevos desarrollos en Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo, con la correspondiente indemnización a las eléctricas, es la consecuencia de que, a diferencia de otros ‘vecinos’ como Francia, España cuenta con ‘solo’ siete reactores nucleares. Una decisión que también se acompañó con el despliegue de la gran potencia de gas actual y, con el cambio de siglo, las renovables se convirtieron en la única alternativa para frenar el cambio climático.
Un pacto de hace cinco años
El acuerdo alcanzado en 2019 entre Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, principales dueños pactaron con Teresa Ribera el cese de la operación de las centrales nucleares limitaba la vida útil de las centrales hasta una media de 46 años. El Foro Nuclear, la patronal que integra a estas empresas, considera que ese acuerdo se adoptó en una situación muy diferente a la actual donde la pandemia, la crisis energética y la senda de los países europeos para ser energéticamente independientes ha cambiado el paradigma.
Las empresas mantienen que esta generación es vital para asegurar el suministro. En 2023, las centrales generaron más del 20% de la electricidad consumida y han conseguido evitar unos 20 millones de toneladas de CO2. Las centrales nucleares españolas han generado durante el pasado año 54.275,01 GWh, una cifra que representa el 20,34% del total de la producción eléctrica neta.
Con una potencia instalada neta de 7.117 MW, tan solo el 5,71% del total, ha conseguido ser la segunda fuente de producción en España, según datos de Red Eléctrica analizados por Foro Nuclear. Un hecho que también se produce con precios de medios de 87 euros por megavatio hora, unos niveles donde las centrales logran ser rentables.
Otra batalla para las nucleares
El problema ahora no es sólo que toda la actividad nuclear en España acabe en 2035, sino que desde este año tendrán que pagar más por su ‘funeral’. El Gobierno pretende elevar un 40% la llamada 'tasa Enresa', aquella con la que los titulares de las centrales nucleares sufragan la gestión de los residuos radiactivos que lleva a cabo la empresa pública.
Esta cuantía que sitúa de los 7,98 euros por megavatio hora (MWh) que producen las centrales se elevaría hasta los 11,14. La entrada en vigor de estas nueva tarifa sería a partir del 1 de julio de 2024.
Las energéticas han decidido abrir de nuevo la negociación con el Gobierno y con Enresa para tratar cómo afrontar esta subida, que se niegan a afrontar. En este caso, según confirman fuentes conocedoras del proceso, el Gobierno sí estaría abierto a conversar las inquietudes de las empresas sobre esta nueva tasa. Pero de ampliar la vida de las centrales, nada de nada.
