Aunque ha servido de poco, porque el déficit se desbocó de nuevo en 2020 (en la Administración Central llegó a los 94.000 millones de euros), los ministerios redujeron el consumo de suministros básicos en el primer año de la pandemia, así como las remuneraciones de las dietas de los empleados públicos. Es la primera vez que sucede y es la consecuencia de unos ministerios ‘vaciados’ ante la falta de actividad presencial, por el confinamiento y el teletrabajo de quienes desempeñan una labor de ventanilla.

Según los datos de liquidación presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), las sedes principales de los ministerios (no se incluye los datos de los organismos autónomos y de otras entidades dependientes) redujeron el gasto previsto un 26% del recibo de la luz, un 36% el del gas, un 30% el de los combustibles (gasolina y gasóleo) y un 34% el del agua. Además, las indemnizaciones por razón de servicio (dietas de locomoción, traslados y otras gratificaciones) se redujeron un 32%. La suma de todo este ahorro no intencionado de costes fijos es de 244 millones. Estos indicadores demuestran que la Administración Central (también el resto del sector público), que ha engordado sus partidas de gasto y de personal, no ha estado operativa a plena actividad con la energía que necesitaba el país.

La caída de estas partidas de gasto corriente ha continuado en los primeros meses de 2021. Se mantiene en cifras importantes porque la lentitud en la incorporación a los ministerios pese al avance de las vacunas, así como por el mantenimiento del teletrabajo y la obligación de la cita previa y telemática, han reducido sensiblemente los actos administrativos. De los 190,7 millones de gasto previsto en la factura de la luz para todo el año, sólo se han empleado 39,3 millones (obligaciones reconocidas netas), es decir, el 20% en el primer tercio del ejercicio (hasta abril). Por ejemplo, el ministerio de Presidencia ha gastado en energía eléctrica 422.000 euros de los 2,1 millones de los créditos definitivos habilitados en el ejercicio mientras que Defensa ha consumido 13,2 millones de los 62 millones fijados. En todo caso, estos créditos tendrán que ser ampliados como consecuencia del nuevo repunte de los precios de la energía eléctrica.

Ministerios a media luz

Según la información de la IGAE, los ministerios tenían en 2020, como consecuencia del Presupuesto prorrogado desde 2018, un crédito inicial de gasto para energía eléctrica de 187,1 millones, que se convirtieron antes de la pandemia (mediante ampliaciones en los primeros meses del año) en 210,2 millones como créditos definitivos. Pero, como consecuencia de esos ministerios ‘vaciados’, con menos luz encendida y aire acondicionado y los ordenadores en ‘standby’, el consumo total a fin de año supuso un gasto de 155,7 millones. Es decir, el ahorro en la factura fue de 54,5 millones (ese 26% menos) ya que el recibo de los ministerios sólo alcanzó el 74% de la cantidad prevista. Bajó en todos los departamentos y pone en evidencia a los departamentos en que se ha producido una menor actividad administrativa al menos directa en este periodo.

Por ejemplo, la factura eléctrica bajó un 78,3% en el ministerio de Industria (el crédito definitivo era de 927.000 euros y el consumo se quedó en 202.000 euros); el descenso en Educación fue del 59% hasta los 689.000 euros; y en Defensa y Hacienda (no incluye a la Agencia Tributaria) la caída superó el 36% hasta los 45,2 millones y 3,2 millones respectivamente cuando la estimación era de 70,8 millones y 5,1 millones. Por su parte, en Cultura y Deporte el ahorro fue del 26% mientras que en instituciones como el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado el descenso del recibo de la luz fue del 27%. Es el ministerio de Interior, sin embargo, el que tiene mayor gasto en electricidad. Llegó a los 54,6 millones frente a los 73,8 millones previstos como créditos definitivos.

Por departamentos de este ministerio, la Dirección General de la Policía gastó 15 millones frente a los 21,6 millones previstos mientras que la Guardia Civil consumió luz por valor de 16,2 millones frente a los 23,4 millones estimados. Llamativo es también que los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire hayan empleado en sus programas directos (la secretaria de Estado del ministerio ha dispuesto además de 33,2 millones) de sólo 6,9 millones de los 22,5 millones asignados como créditos definitivos para este gasto. Por su parte, el ministerio de Presidencia del Gobierno ha consumido 1,5 millones de los más de 1,8 millones asignados.

A medio gas

Los ministerios tenían un crédito inicial de 37,3 millones para el gasto en gas en el Presupuesto prorrogado de 2020. Fue elevado a 54,5 millones como crédito definitivo y el gasto final ha sido de 35 millones. Por tanto, el ahorro por su menor uso ha sido de casi 20 millones (casi un 36% menos). Es decir, sólo se ha consumido el 64% del consumo previsto. Encabezan los descensos: Educación y Sanidad (con un 65% menos en ambos departamentos); Industria (62% menos); Política Territorial y Función Pública (46% menos); Presidencia (44% menos); Defensa (42% menos); y Cultura y Deporte (36% menos).

Entre las instituciones del Estado incluidas en los Presupuestos Generales, destaca la reducción del 49% en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En varios ministerios se producen, sin embargo, incremento de este gasto. Por ejemplo, Trabajo ha aumentado esta partida un 31% hasta los 126.000 euros; Fomento, un 16% más, y Justicia un 6,3%. Por programas, destaca la reducción en el Ejército de Tierra de los 28,1 millones previstos a los 11,4 millones a fin de año (casi un 60% menos).

Con el motor gripado y el grifo cerrado

Los ministerios tenían en el Presupuesto prorrogado inicial un gasto en combustible (gasóleos y gasolina) de 147,7 millones. Fue incrementado a 174,3 millones y a final de año el resultado fue de 121,4 millones, es decir, se ha producido un ahorro de casi 53 millones (un 30% menos). Todos los ministerios e instituciones públicas registraron descensos importantes salvo el consumo en el ministerio de Justicia que creció un 12% (hasta casi 700.000 euros) y el de Transición Ecológica, que subió un 16% hasta los 870.000 euros.

Educación y Fomento lideraron los descensos (por encima del 90%) mientras que en Agricultura la caída fue del 77%; del 70% en Cultura y Deporte; del 56% en Presidencia y Sanidad; del 52% en Política Territorial y Función Pública; del 44% en Economía; y del 39% en Hacienda y Defensa. Por departamentos, destaca la reducción en la Dirección General de Carreteras de 1,8 millones previstos a sólo 77.000 euros de gasto en combustible ya que ha habido menos obras que programar y visitar.

Furgón de la Guardia Civil.

Por su parte, la Dirección General de la Policía tenía habilitado un presupuesto de 22,9 millones y sólo ha utilizado 15,9 millones mientras que la Dirección General de la Guardia Civil disponía de un total de 41,4 millones de créditos definitivos y ha empleado 34,8 millones. Sin embargo, a la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias se le había adjudicado 8,9 millones y se ha gastado 9,2 millones.

En cuanto al consumo de agua, otro de los indicadores de actividad, los ministerios tenían previsto un gasto inicial de 32 millones. Se amplió a 35,2 millones y a fin de año se ha saldado con 23 millones. Es decir, se ha producido un ahorro involuntario de casi 12,2 millones (34% menos). Defensa registra un descenso del consumo de este elemento del 57%, mientras que en Trabajo alcanza el 55% y en Sanidad llega al 52% mientras que la caída en el ministerio de Industria se sitúa en el 45% y en el 43% en el Consejo de Estado.

La ausencia de las dietas

La partida denominada indemnización por razón de servicio, que engloba las dietas de los empleados públicos para sus desplazamientos y traslados, también ha sufrido los efectos del confinamiento y del teletrabajo en los domicilios del personal público. Si en 2019 el gasto total llegó a 330,3 millones, en el primer año de la pandemia se situó en 225,8 millones. Es decir, la parca utilización de las dietas en este ejercicio ha producido una recorte de 104,5 millones (casi un 32% menos). El recorte es importante. Sólo hay que ver que el Presupuesto estimado para 2021, en caso de que la Administración volviera a la normalidad, de 304 millones y alcanza los 405 millones si se le añade el gasto estimado para los organismos autónomos dependientes de los ministerios y el resto de entidades.