Mientras el presidente Pedro Sánchez decide cuándo aprobará el Consejo de Ministro el indulto de los políticos condenados por el 1-O, la estadística oficial confirma la generosidad del gasto público del Estado con Cataluña en el primer año de Gobierno de coalición del PSOE y Podemos, que ha necesitado (y sigue necesitando) el apoyo parlamentario de los partidos independentistas. Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la inversión en infraestructuras en Cataluña por parte de las empresas públicas nacionales alcanzó en 2020 los 732,3 millones de euros frente a los 592 millones del año anterior.

Se trata de una cifra récord que ha sufrido una serie de vaivenes presupuestarios en los últimos años, a medida que los distintos gobiernos nacionales han necesitado ‘premiar’ los apoyos de estos partidos o ‘castigar’ su falta de colaboración institucional y la aceleración del ‘procés’ independentista. Lo que significa que el gasto en formación bruta de capital fijo se ha convertido en una suerte de moneda de cambio.

A esta cifra hay que sumar también otros 225 millones más, hasta completar un total de 957,3 millones de inversión pública en el pasado ejercicio (un 18% más que en 2019), que corresponden al resto de inversiones directas de los ministerios en Cataluña, sobre todo a través de Fomento o, por ejemplo, en la Agencia Estatal del CSIC o en el Centro Nacional de Supercomputación o en el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón.

Todas estas inversiones podrían quedarse en el activo de estos organismos en el supuesto de que se produjera una segregación administrativa hipotética. La diferencia desde el punto de vista contable es que estos 225 millones se consideran inversiones reales y se cargan en el capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto, computan como déficit público. Sin embargo, la inversión de los 732 millones que realizan las empresas estatales se formulan mediante créditos (públicos o del mercado) y se cargan en el capítulo 8 de los Presupuestos a titulo de activos financieros, por lo que no computan como déficit. Así, la inversión mediante las empresas públicas es más utilizable desde el punto de vista político.

Los distintos gobiernos nacionales han usado esta partida de inversión para ‘premiar’ los apoyos de los partidos independentistas o ‘castigar’ su falta de colaboración institucional

Según los datos de la IGAE de los gastos del Estado distribuidos por comunidades autónomas, la inversión de las empresas públicas estatales en Cataluña creció en 2020 un 24%, tres veces más que la realizada en el conjunto nacional (7,7%). Un año antes, sin Presupuestos Generales en vigor y con Sánchez en La Moncloa en funciones (en 2019 se realizaron dos elecciones generales) el incremento fue sólo 4,4%. Que la situación política entre el Gobierno nacional y el autonómico ha sido determinante a la hora de programar la inversión estatal lo demuestra también un dato: en 2018, cuando Mariano Rajoy salió de La Moncloa a mitad de año, esta partida sólo llegó a los 566,9 millones, un 15% menos que en el año precedente en que se celebró el ilegal referéndum de independencia.

Es decir, esta inversión había alcanzado en 2017 los 667 millones (un 86% más que en el año anterior), quizá para intentar apaciguar las demandas de independencia, pero en 2018 se redujo de golpe en unos 100 millones tras el referéndum y la proclamación unilateral así como por las dificultades de Pedro Sánchez en tomar decisiones en ese ejercicio (con los Presupuestos prorrogados del PP), tras alcanzar la Presidencia del Gobierno a mediados de año.

Cataluña, a la cabeza del ranking

Por regiones, Cataluña es la comunidad autónoma donde más dinero invirtieron las empresas estatales en 2020 (esos 732,3 millones). Le sigue Madrid (472,5 millones), Andalucía (424,7 millones), Castilla y León (394,2 millones) y la Comunidad Valenciana (235,1 millones).

¿Qué empresas públicas invierten más en Cataluña? La empresa pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias gastó 228,6 millones (casi el doble respecto a los 129 millones del año anterior). Su segundo inversor fue Adif Alta Velocidad (100,6 millones frente a los 75 millones en el ejercicio anterior). Por su parte, el Grupo Renfe Operadora gastó 94 millones (65 millones en 2019) mientras que el Grupo Enaire utilizó 77,5 millones. A 66 millones llegó la obra pública del Centro Internacional de Logística; a 58 millones la de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias; y a casi 30 millones la del Consorcio Zona Franca de Barcelona. También son destacables los 25,1 millones de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre; los 13,7 millones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); los 12,7 millones de la Corporación Radio y Televisión Española; o los 11,2 millones de Aguas de las Cuencas del Mediterráneo.

Cataluña: Obras de construcción de la nueva estación subterránea de Sant Andreu Comt, en Barcelona.
Obras de construcción de la nueva estación subterránea de Sant Andreu Comt, en Barcelona. EP

Mientras tanto, la inversión de las empresas públicas en la Comunidad de Madrid (la primera economía regional española) sólo ha crecido un 10,2% en 2020 en el primer año de Gobierno de Sánchez y Podemos. Llegó a los 472,5 millones, es decir, 260 millones menos que las aportaciones para Cataluña. En 2019, con Sánchez ya en La Moncloa, se produjo una minoración del 1% respecto al año anterior. Antes, en 2018, con un Presupuesto iniciado por el PP, la inversión estatal creció un 9,5% y en 2017 lo hizo un 67% después de la decisión del Ejecutivo de activar la formación bruta de capital fijo tras años de minoración.

Si a la inversión de las empresas públicas en esta región se le suma la directa practicada en los ministerios y organismos autónomos dependientes así como en el resto de entes -ya que en esta comunidad se concentra la mayor parte del aparato gestor del conjunto de las Administraciones (Cataluña no dispone de esta función)-, resulta que Madrid obtuvo una inversión conjunta de 1.229 millones, un 11,1% más que en 2019 frente a ese 18% de Cataluña. En este gasto directo, cargado al capítulo 6 de los Presupuestos, figuran partidas nacionales relativas a la inversión en materia de Defensa, Justicia, Interior o Fomento así como, por ejemplo, en el Fondo de Garantía Agraria, Consejo del Patrimonio Nacional, Instituto Nacional de Estadística o la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Según los datos del IGAE, la inversión total de las empresas públicas en las comunidades autónomas (incluyendo la denominada inversión no 'regionable') alcanzó en 2020 un monto total de 4.001 millones (Cataluña recibió el 18,3%) frente a los 3.715 del año anterior (Cataluña obtuvo el 15,9%). A esta cifra de las sociedades públicas hay que sumar las inversiones directas del Estado a través de los ministerios y sus organismos (6.782 millones).

La inversión de las empresas públicas en la Comunidad de Madrid (la primera economía regional española) sólo ha crecido un 10,2% en el primer año de Gobierno de Sánchez y Podemos

Por tanto, la inversión pública total alcanzó el año pasado los 10.773 millones frente a los 10.232 millones del ejercicio anterior (5,3% más) cuando existía un crédito inicial de hasta 14.505 millones. Es decir, el gasto público total, sumadas las inversiones directas del Estado que computan como déficit y de las empresas públicas que no computan, alcanzaron poco más del 74% del gasto inicial previsto.

La inversión pública es una de las asignaturas pendientes de todos los gobiernos. Se encuentra en los niveles de hace más de 30 años cuando debería ser uno de los motores de la modernización del país y de la creación de actividad y de empleo. Sin embargo, todos los ejecutivos la han utilizado de colchón reduciéndola sistemáticamente para paliar la desviación de otras partidas de gasto, sobre todo corriente, y así evitar un mayor incremento del déficit.