Las subidas a pensionistas y funcionarios del último año elevan el gasto en 30.000 millones

Los empleados públicos recibirán este mes otra 'paguilla' próxima a los 200 euros por la última subida aprobada este martes en el Consejo de Ministros, del 0,5%, con efecto retroactivo desde enero de 2023. Desde aquel mes han sido varias las subidas aprobadas por el Gobierno para todas las nóminas públicas, tanto las de los funcionarios como las de los pensionistas, incrementando el gasto anual en cerca de 30.000 millones de euros.

En enero de 2023 se aprobó una subida del 8,5% para las 10 millones de pensiones contributivas que había en el país, lo mismo que subió la inflación el año anterior. Sólo esta medida acarreó un sobrecoste de 13.000 millones de euros (hasta los 165.000 millones, una factura que luego se vio incrementada hasta los 168.000 millones por otros factores como el aumento en el número de beneficiarios y el hecho de que los que entran al sistema tienen derecho a pensiones más elevadas que los que causan baja).

A esto hay que sumar las casi 700.000 pensiones en clases pasivas, que también se revalorizaron un 8,5% y elevaron la factura en 1.600 millones (hasta los 20.500 millones anuales). Finalmente, las 450.000 pensiones no contributivas subieron un 15%, con un coste 'extra' de unos 500 millones (hasta los 3.200 millones). En conjunto, la revalorización de las pensiones en enero de 2023 ya supuso un gasto adicional superior a los 15.000 millones, elevando el gasto total en pensiones hasta los 190.000 millones de euros.

En aquel mes también se acordó la subida del 2,5% para los 3,5 millones de empleados públicos. Ese incremento elevó automáticamente la remuneración de los asalariados en 2022, que fue de 154.900 millones de euros, hasta los 158.800 millones en 2023 (3.900 millones más). Lógicamente, esa cifra puede ser superior por otros factores que no tienen que ver con las subidas salariales, como el aumento de las plantillas, que según la encuesta de población activa (EPA) del INE roza ya los 3,6 millones de ocupados.

El Boletín Estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas que publica Función Pública siempre ha reflejado un número inferior, pero el año pasado registró cambios metodológicos que afloraron casi 300.000 empleos más en el primer semestre. Tras la incorporación del personal en formación o prácticas y aquellos trabajadores con contratos temporales de menos de seis meses, el número total de empleados públicos rozaba los 3 millones, según el Gobierno.

En todo caso, sin tener en cuenta esos aumentos de plantilla y ciñéndonos a los incrementos salariales, a la subida del 2,5% se sumó un segundo incremento del 0,5% en octubre de 2023 con efecto retroactivo desde enero. Esto añadió 800 millones al gasto anual, hasta los 159.600 millones. Ahora la nueva subida del 0,5% con efecto retroactivo también desde enero de 2023 tiene el mismo coste, con un incremento acumulado de casi 5.500 millones en las remuneraciones de los empleados públicos sólo en el último año.

Finalmente, este mes de enero el Gobierno también aprobó la subida de las pensiones contributivas y las de clases pasivas en un 3,8%, conforme a la inflación media del año anterior. Esto tendrá un coste anual de 6.600 millones (5.900 millones por las contributivas, que alcanzarán los 174.000 millones; y 720 millones por las pasivas, que alcanzarán los 21.300 millones). Las no contributivas, como en enero de 2023, han subido casi el doble, un 6,9%, generando un gasto extraordinario de 200 millones, hasta los 3.400 millones.

Con todo, en apenas un año las dos subidas de las pensiones en sus distintas modalidades y las tres subidas de los salarios públicos han generado un sobrecoste próximo a los 30.000 millones. Esto hace que la factura de 2022 de ambas partidas (198.700 millones en el caso de las pensiones) y (160.400 millones en el caso de las remuneraciones) alcancen ya los 360.000 millones, sin contar los otros factores que elevan el gasto.

De esta forma, pensiones y salarios públicos absorben la mayoría del gasto presupuestado y representan alrededor de un 25% del Producto Interior Bruto del país. Este año se espera otra subida a los funcionarios, del 2%, pero no se aprobará hasta que no haya nuevos Presupuestos. En todo caso, tendrá efecto retroactivo desde enero de este año, lo que aumentará la factura en otros 3.200 millones, hasta los 163.500 millones de euros.