El 3 de enero de 2023 fue la primera vez que el equipo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a publicar las cifras de fijos discontinuos inactivos, aquellos que están parados (y pueden estar cobrando una prestación por desempleo) pese a mantener un contrato con una empresa. Ha pasado justo un año y estos datos siguen sin desvelarse.
Aunque nunca han sido públicos, los cambios introducidos por la reforma laboral de Díaz desencadenó a finales de 2022 en un trasvase de temporales a fijos discontinuos; lo que llevó a distintos expertos a alertar de que los segundos, cuando están inactivos, no figuran en las estadísticas de paro y, por tanto, los datos publicados por el Gobierno ya no eran del todo comparables ni representativos.
Los economistas de Fedea y BBVA Research solicitaron que se proporcionara información sobre los fijos discontinuos inactivos inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), datos que tiene el Gobierno pero no desagrega y que serían necesarios para conocer con exactitud el dato de "paro efectivo", que no sería más que el desempleo que registra y comunica el Ministerio cada mes más esos fijos discontinuos inactivos que quedan fuera.
Fue en la primera rueda de prensa del año, el 3 de enero de 2023, cuando se preguntó por este asunto al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien aseguró que "nunca se han proporcionado estos datos porque no ofrecen la suficiente garantía estadística", pero añadió: "Se están depurando y se darán cuando estén listos". Unos días más tarde, el 9 de enero, el equipo de Yolanda Díaz confirmaba el encargo a los Servicios Técnicos y al SEPE.
Justo un año después, este 3 de enero, se repitió la pregunta al secretario de Estado de Trabajo y respondió lo siguiente: "Esto es como un eterno ritornello. Sabemos cuántos son los fijos discontinuos, constituyen el 3% de los trabajadores según la EPA y el 6% según la afiliación. Es un dato lo suficientemente contrastado para tener una radiografía precisa de su presencia en el mercado de trabajo. E insisto: los fijos discontinuos no constituyen una forma de precariedad, sino una alternativa a la precariedad abusiva y de corta duración".
Pérez Rey hizo referencia así al dato de los fijos discontinuos afiliados, aquellos que están trabajando y activos (864.762 en diciembre). Sin embargo, ese dato siempre ha sido público y es diferente al que se comprometió a publicar hace un año: el de los fijos discontinuos inactivos o parados. Es distinto, para empezar, porque cuando un fijo discontinuo está inactivo necesariamente causa baja en la afiliación. Es decir, no está incluido entre esas 864.762 personas.
El discurso del Gobierno ha ido cambiando a lo largo del año. En la rueda de prensa celebrada en mayo, antes de las elecciones autonómicas celebradas a finales de mes, Pérez Rey aseguró que estaban a punto de publicar los datos y avanzó que lo harían previsiblemente en las ruedas de prensa de junio o julio. Sin embargo, poco después se convocaron las elecciones generales y aquello quedó en papel mojado.
Ya el 3 de octubre, al preguntar al secretario de Estado por este asunto como en cada rueda de prensa, se apreció un cambio de discurso. No apeló a la dificultad de "depurar" los datos ni aseguró que se publicarían tan pronto como se consiguiera, sino que se refirió a los fijos discontinuos activos, una estadística diferente a la del paro y a la que volvió a referirse este miércoles. "No hay ningún elemento que impida saber cuántos fijos discontinuos hay en este país", dijo entonces.
Una aproximación: 700.000 personas
Aunque el dato no es de dominio público, de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo pueden extraerse algunas conclusiones. A los fijos discontinuos inactivos el SEPE los incluye en una casilla denominada "demandantes de empleo con relación laboral", junto a otros dos colectivos diferentes. Y ese 'cajón de sastre' ha crecido significativamente en el último año.
En el último mes disponible, noviembre, rompió la barrera de las 700.000 personas por primera vez (exceptuando el año de la pandemia). Si se descuentan los alrededor de 11.000 trabajadores que hay en ERTE, según datos proporcionados por Seguridad Social, y los demandantes en situación de adscripción por colaboración social, que se asumen que son un colectivo reducido, se podría concluir que la mayor parte de esos trabajadores son fijos discontinuos inactivos.
"Aunque seguimos sin conocer el número de personas en cada una de las tres situaciones, es probable que la evolución de los demandantes con relación laboral esté relacionada con la de los demandantes fijos discontinuos", apuntaron Fedea y BBVA Research en su último observatorio trimestral del mercado de trabajo. Llegan a esta conclusión observando la evolución de los contratos y los afiliados y porque en estos demandantes con relación laboral se percibe el patrón estacional que tenía el paro registrado antes de la reforma laboral de 2022.
De esta forma, según el término acuñado por Fedea, si se suman esas 700.000 personas a los 2,8 millones de parados que comunica oficialmente el Gobierno, en realidad España tendría cerca de 3,5 millones de desempleados 'efectivos'. Es decir, prácticamente el paro en España no habría mejorado respecto a los niveles que tenía antes de la pandemia.
Por otra parte, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, cargó este miércoles contra Fedea por un trabajo reciente realizado por el investigador asociado Miguel Ángel García Díaz sobre el impacto de la recién aprobada reforma del subsidio por desempleo. En ella se cuantificaba en 2.500 millones de euros el coste anual de la medida y se advertía de que reduce los incentivos a trabajar a los que llevan más tiempo en paro.
"No tiene bases sólidas reales. Es más una opinión del autor que un estudio sosegado y riguroso de la reforma del subsidio. Está en línea de muchos de los papers de esta institución, que cuestionan desde un punto de vista neoliberal el funcionamiento de las instituciones laborales", dijo este miércoles Pérez Rey. No es la primera vez que el Gobierno pone en tela de juicio el trabajo de este servicio de estudios, así como el de BBVA Research o el del propio Banco de España.
