El gasto en educación y sanidad pierde peso en España: Alemania y Francia invierten más

El gasto público en sanidad y educación ha perdido peso en España. Estas dos categorías pasaron de representar un 7,2% y un 4,6% del Producto Interior Bruto (PIB) del país en 2021, respectivamente, al 6,9% y 4,4% en 2022. Son tres y dos décimas menos, respectivamente, en el último año del que se disponen datos comparables entre los países de la Unión Europea, difundidos ahora por Eurostat.

España se aleja así de los niveles de gasto que tiene Alemania, donde la inversión en sanidad supuso en 2022 un 8,5% de su PIB y la educación, el 4,5%. De hecho, en 2021 el país germano invertía una décima menos de su PIB en educación que España, pero en 2022 fue al revés. En Francia el gasto en sanidad ascendió al 9,1%, pese a haberse reducido una décima de PIB en el último año, mientras que la inversión en educación representó el 5,2% de su economía.

En términos generales, el gasto en sanidad en el conjunto de la Unión Europea se situó en el 7,7% del PIB en 2022, 0,8 puntos por encima del caso específico de nuestro país. La inversión en educación bajó una décima respecto a 2021 hasta el 4,7% del PIB, 0,3 puntos más que España.

Gasto en sanidad y educación

Tomar el tamaño de la economía como denominador permite comparar el gasto por partidas y entre países, así como medir su sostenibilidad. En este sentido, hay que tener en cuenta que si el PIB aumenta (disminuye), esto genera automáticamente una reducción (incremento) del nivel de gasto por el efecto denominador, salvo que el gasto en términos reales aumente (disminuya) en la misma dimensión.

Entre 2021 y 2022 el gasto en sanidad pasó de los 88.562 millones a los 93.126 millones. La inversión en educación también creció, de los 55.890 millones a los 58.598 millones. Sin embargo, el crecimiento en el gasto de estas dos partidas no fue tan intenso como el que experimentó la economía de nuestro país, lo que hizo que ambas partidas perdieran peso. En concreto, el gasto en sanidad creció un 5% y en educación, un 4,8%. El PIB nominal de España entre 2021 y 2022 aumentó un 10,2%, hasta los 1,346 billones.

Lo mismo pasó con el gasto en protección social (que incluye gasto en pensiones y otras transferencias sociales) y con el gasto en orden público y seguridad (que incluye los gastos en servicios de policía y justicia, así como la protección contra incendios). En ambos casos el gasto en relación al PIB bajó respecto a un año antes, hasta el 18,8% y 1,9%, respectivamente.

Más aumento en defensa y servicios públicos

En otras categorías ocurrió lo contrario: el gasto creció respecto al año anterior más que el PIB y eso hizo que su peso en la economía del país aumentara. Es el caso de los servicios públicos generales (pago por intereses devengados de la deuda pública, contribución al presupuesto de la UE, gastos de funcionamiento de las AAPP o inversión en investigación básica, entre otros). Los fondos crecieron un 9,8%, de los 71.344 millones a los 78.311 millones. Eso hizo que esta partida mantuviese el nivel de gasto sobre el PIB en el 5,8%.

En el año del la invasión rusa a Ucrania, también se elevó el gasto en defensa, con 15.344 millones en 2022 frente a los 11.716 millones de 2021, un 31% más. Eso hizo que la inversión en defensa representara ya el 1,1% del PIB (una décima más que en 2021). Uno de los propósitos marcados por el Gobierno en los Presupuestos es elevar paulatinamente ese gasto hasta que suponga el 2% del PIB, como pide la OTAN.

También el gasto en protección del medio ambiente (principalmente, gastos por gestión de residuos) se mantuvo en el 1% del PIB al haber aumentado un 16,2% en términos interanuales, pasando de los 11.877 millones en 2021 a los 13.806 millones en 2022. Asimismo, los gastos en vivienda y servicios comunitarios (gastos relacionados con el urbanismo, el abastecimiento de agua o el alumbrado público) y en ocio, cultura y religión se mantuvieron estables en relación al PIB.

Finalmente, el gasto público en asuntos económicos (subvenciones a distintos sectores económicos, bonificaciones a la contratación y ayudas a la formación de trabajadores, o reclasificación pública del gasto realizado a través de contratos de asociaciones público-privadas), bajó un 2,5% respecto al año anterior, pasando de los 78.658 millones a los 76.664 millones, lo que le hizo perder peso respecto al PIB (representando siete décimas menos, un 5,7%).