El 'castigo' de Podemos a Yolanda Díaz este miércoles en el Congreso con el rechazo del Real Decreto-ley 7/2023, que entre otras cosas reformaba el subsidio por desempleo, tiene una implicación clave para España: sufrirá la primera suspensión de fondos europeos. No se perderán los 10.000 millones de euros del cuarto pago, como habían advertido desde el Gobierno en días previos a la votación, pero el Ministerio de Hacienda ya asume que habrá una penalización por parte de Bruselas, con un pago parcial de esa cuantía.
Cada pago de fondos UE está asociado a unos hitos u objetivos que el país en cuestión debe cumplir antes de solicitarlo. Los gobiernos suelen hacer la petición cuando tienen la reforma o inversión en cuestión completada y asegurada para evitar así posibles penalizaciones, que se traducen en bloqueos de una parte del dinero. Sin embargo, Italia o Lituania ya han sufrido pagos parciales por parte de la Comisión Europea. España pidió en diciembre, con medio año de retraso, el cuarto pago por 10.000 millones, asociado a numerosas reformas e inversiones entre las que se encuentra la reforma legislativa del subsidio.
El Ejecutivo comunitario diseñó hace justo un año la metodología que aplicará cuando un Estado miembro no cumpla uno o varios hitos de un pago solicitado, con penalizaciones más o menos duras en función de la importancia del incumplimiento. En términos generales, da más valor a las reformas que a las inversiones y, dentro de las reformas, a aquellos objetivos finales y no intermedios. Según detalla, la penalización se multiplicará por cinco en aquellos compromisos "relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa".
Así, según consta en el documento de la Comisión, para el cálculo base habría que dividir todos los fondos asignados (77.000 millones en forma de transferencias no reembolsables) entre todos los hitos y objetivos asociados a esa parte no reembolsable (416, de los que de momento se han cumplido 121 y otros 295 están asociados a los siete desembolsos pendientes). Si multiplicamos la cifra resultante (185 millones) por cinco, la suspensión por pedir el cuarto pago con la reforma del subsidio por desempleo sin aprobar podría alcanzar los 900 millones de euros.
En todo caso, Bruselas evaluará en las próximas semanas la importancia que tiene esta reforma y, en consecuencia, decidirá cuánto dinero bloquea. Al ser preguntados por este asunto, desde la Comisión evitan hacer comentarios, pero sí explican que, si así se decide, España tendrá seis meses desde la decisión de suspensión para garantizar el cumplimiento satisfactorio del hito u objetivo en cuestión. Si vencido el plazo sigue sin cumplirlo, perdería definitivamente esos fondos, aunque se espera que el Gobierno logre sacarlo adelante tarde o temprano.
Primer desembolso parcial a España
En el plan inicial estaba previsto que España pidiera el cuarto desembolso en el primer semestre de 2023 y no lo hizo hasta diciembre, es decir, medio año después. Ese retraso no tiene implicaciones negativas más allá de que el plazo máximo para desbloquear todo el dinero (dividido en 10 tramos) es 2026. En este sentido, una vez se había retrasado ya la petición, las prisas por enviar la solicitud antes de que la ex vicepresidenta primera y exministra de Economía, Nadia Calviño, se marchase al Banco Europeo de Inversiones (BEI) en un contexto parlamentario tan complejo han provocado un mal mayor.
La actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó este jueves que el Gobierno hablará con Bruselas para que la parte de los fondos europeos ligados a la reforma del subsidio por desempleo "pueda demorarse un poco" tras la no convalidación de esta reforma en el Congreso. Dicho de otra manera, el Ejecutivo está asumiendo un pago parcial a España por primera vez desde que se puso en marcha el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en 2021.
Santiago Sánchez, economista y profesor de la Universidad Católica de Ávila, explica a Vozpópuli que "la derogación del RDL 7/2023 sirve para poder contrastar el incumplimiento del objetivo número 340, que implica la entrada en vigor de la modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, relacionado con la reforma de la regulación del subsidio no contributivo por desempleo. Este objetivo es una de las 61 condiciones que España debe cumplir para recibir este pago".
En su opinión, "el Gobierno es el máximo responsable por su incapacidad y falta de liderazgo para realizar las reformas e inversiones a las que se comprometió con Bruselas", pues, recuerda, "tenían que estar cumplidos antes de finalizar el año 2022". Además, advierte de que "la crisis institucional derivada de la dependencia de los partidos independentistas plantea dudas sobre la eficacia y transparencia en la gestión de los fondos UE, y sobre la capacidad del Gobierno para cumplir los compromisos adquiridos".
