El 1-O aún pasa factura a Cataluña: es la CCAA que más empresas ha perdido en el último año

Cataluña sigue sufriendo la fuga de sedes sociales a otros puntos del territorio español, una sangría que Junts pretende frenar con penalizaciones. En 2023 fue la región peor parada con la pérdida de 160 empresas: 696 se instalaron en la región, pero 856 que ya estaban se mudaron a otras comunidades autónomas, según los últimos datos publicados por el Colegio de Registradores este jueves.

Por trimestres, como proporciona los datos la corporación que vela por el buen funcionamiento de la función pública registral, Cataluña perdió 18 empresas entre enero y marzo del año pasado, 63 entre abril y junio, 27 entre julio y septiembre, y otras 52 entre octubre y diciembre. En sentido contrario destaca Galicia, que registró saldos positivos todos los trimestres y ganó 37 empresas a lo largo del año.

En el conjunto de 2023 también Madrid, la Comunidad Valenciana o Andalucía registraron saldos positivos. Las que llegaron compensaron las que se fueron y, de esta forma, las regiones ganaron 44, 35 y 34 empresas, respectivamente. De hecho, estas regiones captaron, en su mayoría, las empresas que 'residían' en Cataluña y decidieron cambiar su domicilio social a lo largo del último año.

Más de 9.000 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otras regiones desde el referéndum por la independencia del 1-O, y sobre todas ellas cae ahora la amenaza de Junts de sancionarlas si no deciden volver. En todo caso, los expertos han advertido de la ilegalidad y el poco recorrido que tendría la medida, en caso de llevarse a cabo.

Sólo en el cuarto trimestre de 2017 2.536 empresas sacaron de Cataluña su sede social, frente a las 548 que se instalaron. Es decir, ese periodo se cerró con un saldo negativo de casi 2.000 sociedades. La mayoría de ellas (1.457) acabaron en Madrid, aunque en general se repartieron por todo el territorio español (279 en la Comunidad Valenciana, 194 en Aragón, 165 en Andalucía, u otras 134 en Baleares).

Especialmente sonadas fueron las salidas de Caixabank, Fundación La Caixa, Banco Sabadell o Naturgy, que trasladaron sus sedes a Valencia, Palma de Mallorca, Alicante y Madrid, respectivamente. También las de Abertis, SegurCaixa, VidaCaixa, Applus+, Cellnex, Colonial, Catalana Occidente, Cementos Molins, Codorniu, Hotusa, o Grupo Planeta, entre otras, además de firmas extranjeras como Bimbo, Allianz, Axa o Zurich.

Frente a las 9.111 compañías que desde el 1-O han sacado su sede social de Cataluña, 4.090 se han instalado en la comunidad autónoma. En total, una pérdida de 5.021 compañías hasta el momento, con una sangría que no cesa. Lo que las estadísticas del Colegio de Registradores no permiten conocer es cuántas de las empresas que durante estos más de seis años han movido su sede de Cataluña han regresado ya.

Las grandes empresas catalanas del Ibex 35 se oponen a mover de nuevo sus sedes sociales para regresar a la región catalana pese a las presiones de Junts al Gobierno. En el seno de estas compañías está claro que tienen “más que perder que ganar” y advierten de que una hipotética vuelta les expondría a una “tensión política permanente”, según trasladaron a Vozpópuli distintas fuentes empresariales.

El Gobierno de Pedro Sánchez, tras su pacto con Junts, prepara la derogación del Decreto que aprobó Luis de Guindos en octubre de 2017 para facilitar la salida de empresas de Cataluña. Y eso que en 2018, nada más llegar al poder tras la moción de censura, el Ejecutivo socialista descartó cumplir esta exigencia que planteó de inmediato el Govern de Quim Torra. Entonces lo rechazó en aras de la libertad de empresa y, sobre todo, de facilitar la vuelta de las sociedades.

Su derogación podría entorpecer, pero en ningún caso obligar a las empresas a regresar. Fuentes expertas recuerdan que el Real Decreto Ley que aprobó en 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy, y que ahora se pretende tumbar, facilitó el cambio de domicilio permitiendo que la decisión la tomara el consejo de administración y no la junta de accionistas. "Revertirlo haría que la decisión correspondiera de nuevo a la junta de accionistas, pero no haría que las empresas volvieran a tener el domicilio social anterior", comentan.